El juez federal Ricardo Alcides Mianovich, a cargo del Juzgado Federal 2 de Resistencia, ha dictado prisión preventiva contra el ex dirigente social Ramón Alberto Tito López y varios miembros de su familia.
Esta decisión se produce casi un mes después del inicio de una causa en la que los imputados son acusados de ser coautores de lavado de dinero agravado.
La medida también incluye el procesamiento de otros implicados, y ha generado fuertes reacciones dentro del ámbito judicial, especialmente luego de que el fiscal acusara al juez de actuar como «codefensor» de López.
DETALLES DEL CASO Y SUS IMPLICADOS
La resolución del juez Mianovich alcanza a Tito López, Librada Beatriz Romero, Walter Ramón López, David Alberto López y Daniel Orlando López, a quienes se les imputa el delito de lavado de dinero agravado por haberse cometido de manera organizada y con habitualidad.
Este delito está tipificado en el artículo 303, inciso 1 y 2 A del Código Penal, y las penas oscilan entre 10 y 14 años de prisión. También fue procesada Débora Liliana Acosta, aunque sin prisión preventiva.
El juez fundamentó su decisión señalando a Tito López como el «jefe y organizador» de este grupo familiar, que habría llevado a cabo operaciones de lavado de dinero proveniente de actividades ilícitas.
De ser hallados culpables, la condena será impuesta por el Tribunal Oral en lo Criminal Federal (TOF) de Resistencia, bajo la dirección de los jueces Enrique Bosch y Juan Manuel Iglesias.
Competencia federal y remisión a la Justicia provincial
En cuanto a los delitos de fraude contra la administración pública y asociación ilícita, el juez Mianovich se declaró parcialmente incompetente, ya que estos crímenes están vinculados a la administración de recursos públicos del Chaco, por lo que serán investigados por la justicia ordinaria provincial.
Mianovich explicó que el Fuero Federal es de «excepción» y que el fiscal de la causa ya había señalado que los delitos de fraude afectaban directamente al erario público chaqueño y a la responsabilidad de sus funcionarios en el manejo de fondos del Instituto de Agricultura Familiar y Economía Popular (Iafep). Por lo tanto, corresponde a la justicia chaqueña continuar con la investigación de estos hechos.
No obstante, el juez subrayó que la asociación ilícita se encuentra contemplada dentro del agravante impuesto a Tito López y su familia, de acuerdo con el artículo 303, inciso 2 A, que establece un aumento en las penas cuando los delitos se cometen como parte de una organización criminal.
Posibilidad de apelación
Aunque el auto de procesamiento ya ha sido dictado, la causa aún no se eleva a juicio oral, ya que los procesados y sus defensores pueden interponer un recurso de apelación.
Solo cuando esta resolución quede firme, el caso podrá avanzar hacia la fase de juicio ante el Tribunal Oral Federal.
Traslados
Este procesamiento pone fin a una serie de suspicacias que habían surgido en torno a la conducta del juez Mianovich y la demora en avanzar en la causa.
El magistrado, bajo la presión de distintos sectores y de actores dentro del propio sistema judicial, ha resuelto la situación procesal de los acusados, ordenando su traslado a diferentes instalaciones penitenciarias.
En este sentido, Tito López y tres de sus familiares serán llevados a la Prisión Regional del Norte, Unidad 7, en Resistencia.
Librada Beatriz Romero, en cambio, será alojada en las instalaciones de Gendarmería Nacional del Escuadrón 21 Fontana, debido a la falta de un pabellón femenino en el Servicio Penitenciario Federal (SPF).
Al dictar la medida, el juez destacó que la permanencia de Romero en un penal provincial podría entorpecer la investigación, ya que en esas instalaciones se permite el uso de teléfonos móviles.