Este martes, el Gobierno anunció un acuerdo con los rectores de todas las universidades públicas nacionales para aumentar el presupuesto destinado a los gastos de funcionamiento.
En una rueda de prensa en la Casa Rosada, el vocero presidencial, Manuel Adorni, comunicó el pacto con el Consejo Interuniversitario Nacional (CIN) para incrementar los recursos necesarios para el funcionamiento de las instituciones educativas. «Con este ajuste la idea es que finalmente terminemos con el desacuerdo en términos presupuestarios», enfatizó Adorni, quien detalló que el aumento será del 270%. Añadió que, «de no mediar ninguna complicación», el incremento se formalizará a partir del lunes.
Este acuerdo responde a las demandas de la CIN y diversos sectores políticos que habían exigido una actualización del presupuesto universitario, congelado nominalmente en los niveles de 2023. La inflación había erosionado el valor de estos fondos, que solo alcanzaban para cubrir gastos hasta mayo de este año. La situación había desencadenado una masiva marcha universitaria el pasado 24 de abril, con casi medio millón de participantes exigiendo la defensa de la educación pública.
La Universidad de Buenos Aires (UBA) fue la primera en recibir una actualización del 270% ($ 26.016.488.265) para sus gastos de funcionamiento y del 300% ($ 35.436.785.336) para su área de salud, que incluye seis hospitales universitarios. Este ajuste permitió a la UBA levantar la emergencia presupuestaria y reanudar el uso normal de recursos como la electricidad.
Sin embargo, la decisión de actualizar solo el presupuesto de la UBA generó críticas por parte de otras universidades nacionales, que protestaron por el centralismo de la medida. En un documento emitido por el Comité Ejecutivo del CIN, se calificó la acción de «inadmisible y provocadora». «No aceptaremos que existan estudiantes de primera y de segunda», señalaron.
Emiliano Yacobitti, vicerrector de la UBA, también pidió que el aumento se extienda a todas las universidades del país. «Es importante que esta corrección sea para todo el sistema y no solo para la UBA. Necesitamos sentarnos a discutir un presupuesto para 2025 que contemple los reajustes inflacionarios necesarios y sancionar una ley de financiamiento universitario», declaró.
El acuerdo es un paso significativo para aliviar las tensiones presupuestarias en el sistema universitario y garantizar un financiamiento adecuado que refleje las necesidades inflacionarias actuales.