Evalúan prescribirla causa contra los Sena y Quintín

En el marco de la causa por trata de personas impulsada por la Fundación Madre de Plaza de Mayo contra los dirigentes sociales Emerenciano Sena, Marcela Acuña y Osmar Quintín Gómez, la Cámara Federal de Apelaciones de Resistencia decidió suspender el trámite sobre los recursos de apelación presentados por las defensas de los imputados hasta tanto la jueza Federal 1 de Resistencia, Zunilda Niremperger, dicte una resolución definitiva respecto de la solicitud de prescripción por el paso del tiempo.
Con fecha del 23 pasado, las juezas camaristas Patricia García y Rocío Alcalá señalaron que la codefensora de los imputados Sena y Acuña, Rocío De Jesús Ramírez, planteó la excepción de falta de acción por prescripción de la acción penal y mencionó que idéntico planteo fue formulado ante la jueza Niremperger, encontrándose el mismo en trámite.
En el planteo ante la magistrada de primera instancia se corrió vista al fiscal federal, Patricio Sabadini quien, de modo previo a expedirse, solicitó una serie de medidas que se encuentran siendo sustanciadas a efectos de considerar la vigencia del proceso en atención al transcurso del tiempo, ya que pasaron 14 años desde la primera denuncia.
Sin embargo, reconocieron que resolver el planteo con la información parcial reunida, podría dar lugar a sentencias contradictorias, ya que, como se dijo, la jueza Niremperger ordenó medidas más amplias en relación a todos los involucrados a los efectos planteados por las defensas y ello, claro está, la coloca en «óptimas condiciones de decidir, con la visión lógica, fáctica y jurídica que un planteo de esta naturaleza requiere».
En virtud de su prolongada paralización sin el impulso de las partes interesadas (Ministerio Público Fiscal y querellantes), ni del Juzgado interviniente, la Cámara resolvió suspender el trámite del recurso hasta la resolución definitiva de la cuestión de prescripción que se sustancia en primera instancia.
La causa sobre trata de personas y explotación laboral se inició a partir de una denuncia realizada el 6 de marzo de 2010 por parte del abogado Sergio Schoklender, apoderado de la Fundación Madres de Plaza de Mayo, por la comisión de hechos que se enfocaban en el proyecto del ex Campo de Tiro, ubicado en avenida San Martín al 3500 en el marco del proyecto Sueños Compartidos.