La crisis que se ha producido en los últimos meses en la provincia por el robo de cables del tendido eléctrico y otros bienes de la empresa Secheep, como costosos transformadores, ha hecho que desde diciembre estén en danza dos proyectos para regular la actividad de las chacaritas y endurecer los controles a la actividad de compra, venta y acopio de metales y otros materiales
El doctor Carlos Salom, coautor de una de las dos iniciativas que esperan ser tratadas y aprobadas en la sesión de hoy de la Legislatura chaqueña, comentó los puntos más destacados de la propuesta que han elevado junto con su par Zulema Wannesson, también integrante del Interbloque Juntos por el Cambio. «El objetivo central es desalentar el robo de estos materiales, dado que, por un lado, son afectados bienes y servicios públicos, lo que perjudica a toda la sociedad. Por otro lado, jóvenes que padecen consumos problemáticos arriesgan sus vidas al intentar hacerse de los cables, todo a fin de solventar su adicción, con lo cual estamos frente a la faceta más delicada de este complejo problema. En tercer lugar, hay que desbaratar urgentemente el circuito ilegal de salida de cobre de la provincia. Todo ello está contemplado en el proyecto que, esperamos, sea ley a partir de mañana».
Trazabilidad y digitalización
Salom enfatizó que «de aprobarse nuestra propuesta, se crearía el Registro Público Especial de Comercializadores de Elementos y Materiales Usados, en la órbita del Ministerio de Gobierno, en el que deberán inscribirse las personas físicas o jurídicas que realicen operaciones de compraventa de elementos y materiales usados, en forma permanente o eventual, aun cuando no sea la actividad principal. El trámite se hará en línea, desde la página web del Ministerio, en la plataforma Tu Gobierno Digital, y se requerirá habilitación municipal y constancia de inscripción ante la AFIP, ATP y Registro Público de Comercio. Se haría un inventario de las existencias de las chacaritas que actualmente están trabajando, y a partir de allí cada operación se consignará en el registro. Cada seis meses se controlarán los stocks físicamente, a fin de detectar inconsistencias. La trazabilidad es clave para combatir la ilegalidad. A partir de la vigencia del registro, toda operación de adquisición y enajenación deberá ser debidamente registrada en la aplicación en línea como respaldo del stock, bajo apercibimiento de las sanciones dispuestas: multas y clausuras, en las que se tendrán en cuenta las reincidencias en un período de diez años».
«Tomamos de ejemplo a provincias como Córdoba, Mendoza y lo que hicimos fue investigar y adecuarlo a nuestra provincia. El registro estará bajo la órbita del Ministerio de Gobierno, habrá que anotarse a través de Tu Gobierno Digital y contendrá sanciones fuertes como el cierre transitorio a definitivo del lugar y multas cuya recaudación ira al ministerio encargado, la prevención del consumo y el tráfico de drogas, para la policía provincial y el Ministerio de Desarrollo Social para asistir a personas en situación de vulnerabilidad», detalló.