Con un fallo judicial clave, Corrientes sienta precedente en la lucha contra los tarifazos eléctricos. La Justicia ordenó a la Dirección Provincial de Energía de Corrientes (DPEC) refacturar los consumos de usuarios que fueron afectados por tarifas abusivas desde 2019, reconociendo la aplicación de valores injustos en las boletas. Esta decisión se da en el marco de una causa promovida por el abogado Juan Manuel Cubilla Podestá y marca un importante antecedente para la acción colectiva de más de 4.000 familias que esperan un fallo similar.
«Este fallo es ejemplar porque obliga a la DPEC a retrotraer las tarifas al 2019 y refacturar con tarifa social, compensando a los usuarios afectados», explicó Cubilla Podestá. La resolución judicial no solo reconoce el abuso tarifario, sino que también garantiza que los damnificados reciban una compensación por los montos abonados de más.
El abogado denunció que la situación tarifaria en Corrientes se ha vuelto insostenible para miles de usuarios. «Hay jubilados que cobran la mínima y deben enfrentar facturas de luz que superan los 300 mil pesos. Son cifras confiscatorias que ponen en jaque la supervivencia de muchas familias», remarcó.
El fallo también impidió a la DPEC cortar el servicio a los beneficiarios de la medida, un paso clave en la defensa de los derechos de los usuarios. «Buscamos que esta cautelar también se extienda a las más de 4.000 familias que firmaron el amparo», agregó el letrado.
La demanda colectiva presentada recientemente busca extender el beneficio a un universo mucho mayor de afectados. «La causa aglomera a más de 4.000 familias correntinas, pero siguen sumándose personas. Hoy hay más de 2.000 usuarios en lista de espera, esperando que la justicia habilite una nueva instancia de presentación», detalló.
«En Corrientes, vivir sin un ventilador, sin un aire acondicionado o sin una heladera es imposible. La energía eléctrica ya no es un simple servicio, es un derecho básico», afirmó Cubilla Podestá, cuestionando la gestión del gobernador Gustavo Valdés. «No entiendo en qué postura se enmarca esta decisión de gastar el dinero de los correntinos en otras cosas en lugar de garantizar servicios de calidad», disparó.
«Esperamos que la Justicia siga en esta línea y condene al Gobierno en el caso de los 4.000 usuarios que también necesitan esta protección», concluyó el abogado.