El subsecretario de Derechos Humanos del Chaco, Hugo Maldonado, defendió públicamente la postura del Poder Ejecutivo provincial en relación con el reciente fallo del Superior Tribunal de Justicia (STJ), que resolvió una medida cautelar presentada por el Comité contra la Tortura y la Defensoría General sobre el uso de teléfonos celulares en las unidades penitenciarias chaqueñas.
Durante una entrevista radial, Maldonado explicó que el gobierno provincial participó en las audiencias convocadas por el máximo tribunal, aunque no como parte formal en el expediente. «Nosotros no somos parte en este expediente, estamos representados por la Fiscalía de Estado y el Ministerio de Seguridad, pero participamos como parte requerida para dar opinión», detalló.
Las jornadas se desarrollaron en tres encuentros, el último de ellos el día anterior a la entrevista, con la presencia del funcionario en representación del Ministerio de Gobierno.
El planteo que analizó el STJ incluye dos ejes: la supuesta inconstitucionalidad de una ley que prohíbe los celulares en las cárceles y un habeas corpus colectivo que invoca la vulneración del derecho a la comunicación.
Una discusión sobre
forma y fondo
Según Maldonado, el conflicto no gira en torno a la comunicación como derecho, sino a la forma en que se garantiza. «Estamos garantizando el derecho a la comunicación, como indica la Constitución, las leyes y los tratados internacionales», remarcó.
«Lo que se está discutiendo es la forma. ¿Quién dice que tienen que tener celulares?», dijo.
En ese sentido, indicó que el Poder Ejecutivo ya implementó una alternativa que respeta el derecho de los PPL (Personas Privadas de la Libertad): el uso de telefonía fija y móvil administrada, con límites diarios. «Hay unidades en las que tienen hasta 30 minutos de comunicación diaria. En otras, al menos 15 minutos. Eso está garantizado», precisó.
Maldonado remarcó que el acceso a teléfonos celulares fue una medida contingente durante la pandemia, cuando se suspendieron las visitas y no existían teléfonos fijos en todas las unidades. «Fue una resolución de emergencia, no una política permanente», aclaró.
Educación en contexto
de encierro
En otro tramo de la entrevista, el subsecretario abordó el vínculo entre el acceso a la telefonía y otros derechos fundamentales, como la educación superior. «El año pasado sabíamos que esta ley se iba a implementar. Por eso, autorizados por el ministro de Gobierno, iniciamos gestiones con la Facultad de Arte y Diseño de la Unne para que sus carreras puedan ser una alternativa dentro de los penales», recordó.
El trabajo conjunto permitió que, en noviembre, comenzaran a ofrecerse carreras universitarias dentro del sistema penitenciario. «Este año se inscribieron cinco personas. Necesitaban conectividad y dispositivos especiales. Cuando el penal de mujeres del barrio Don Santiago tuvo problemas para completar la inscripción, gestionamos mejor conectividad con Ecom y lo resolvimos», contó Maldonado.
También anunció un convenio firmado con la Universidad Nacional del Nordeste (Unne) en diciembre, que permitirá extender esta política a otras carreras universitarias y a todos los penales chaqueños. «Estamos avanzando. Porque la reinserción no puede limitarse al tiempo que dura la condena, sino a lo que se hace durante ese tiempo», afirmó.
Uno de los aspectos más sensibles de la política penitenciaria es el traslado de internos entre comisarías, alcaidías y unidades penitenciarias.
En este sentido, Hugo Maldonado criticó la forma en que algunos procedimientos han sido difundidos en medios de comunicación y redes sociales. «Llevamos semanas trabajando en traslados de personas privadas de libertad. Lo que no comparto es que los traslados se conviertan en espectáculos públicos», sostuvo el subsecretario.
Maldonado cuestionó que ciertos operativos hayan sido utilizados políticamente o difundidos con fines mediáticos: «Se los muestra esposados, como si eso fuera un trofeo. Eso no ayuda a construir ciudadanía, ni fortalece la institucionalidad. No digo que no se informe, pero no de esa manera».
También aclaró que hay un protocolo específico para los traslados, y que estos deben realizarse respetando la dignidad de las personas y los procedimientos judiciales.
Superpoblación carcelaria
Consultado por la situación de las comisarías como lugares de detención prolongada, Maldonado fue contundente: «Las comisarías no están preparadas para alojar personas por más de 24 o 48 horas.
Sin embargo, hoy tenemos gente alojada hasta 60, 70 o más días. Eso no es legal ni humano».
El funcionario explicó que la superpoblación carcelaria es uno de los problemas más graves que arrastra el sistema penitenciario chaqueño.
«Hay comisarías donde se triplica la capacidad, lo cual es absolutamente irregular. Y eso tiene consecuencias: sobre los derechos de los detenidos y también sobre el personal policial», señaló.
Maldonado remarcó que es necesario avanzar en soluciones de fondo, que incluyan nuevas unidades penitenciarias, mejoras en infraestructura y una coordinación más estrecha con el Poder Judicial.
«Estamos gestionando con Nación y organismos internacionales para mejorar la infraestructura. Pero también hay que revisar las prácticas de detención», indicó.
Resocialización
En el cierre de la entrevista, Maldonado dejó una fuerte reflexión política sobre el rol del Estado y de sus funcionarios ante los derechos de las personas privadas de la libertad. «Acá no se trata de dar premios ni de tener una mirada ingenua. Se trata de cumplir con la Constitución, con las leyes y con los tratados internacionales que tienen jerarquía constitucional», subrayó.
Y fue más allá: «Si un funcionario no cree en la posibilidad de resocialización, entonces está en el lugar equivocado. Porque nuestro deber es garantizar que, al salir, esa persona tenga herramientas para reinsertarse. Si no, estamos generando reincidencia, no soluciones».
Asimismo insistió en que los derechos no se negocian, pero sí se regulan: «No le estamos dando nada a nadie. Estamos gestionando derechos. Con reglas, con límites, pero con firmeza. Porque los derechos no dependen de la simpatía que genere quien los reclama».