La diputada nacional por Unión por la Patria, Nancy Sand, entrevistada por LA VOZ DEL CHACO, manifestó su oposición al proyecto de Ficha Limpia, rechazado por el Senado nacional.
La legisladora afirmó que la iniciativa hubiera constituido un retroceso institucional. «Creo que lo que sucedió esta semana, con el tema de Ficha Limpia en el Senado, es una demostración de que el Congreso nacional puede ser un factor de equilibrio de poder frente a los atropellos y las maniobras antidemocráticas», afirmó.
Sand calificó a la iniciativa, que proponía impedir que personas con condenas judiciales accedan a cargos electivos, «una maniobra proscriptiva dirigida contra la líder del mayor partido político del país, el Justicialista».
En ese sentido, la legisladora remarcó que esta propuesta representaba una amenaza a la pluralidad política.
Del mismo modo, sostuvo que la discusión parlamentaria debe sostener los principios fundamentales del sistema democrático. «No todo vale, no todo da lo mismo», señaló, subrayando la existencia de espacios políticos comprometidos con la justicia y la institucionalidad.
Sand trazó un paralelismo histórico con la proscripción del general Juan Domingo Perón en 1955, argumentando que «su aprobación hubiera significado un enorme retroceso democrático solo comparable con la proscripción de Perón».
En esa línea, enfatizó que, dentro del cuerpo parlamentario, el debate generó tensiones y su rechazo parcial fue interpretado como una señal del rol institucional del Poder Legislativo frente «una gestión que se siente molesta con la pluralidad».
CUESTIONAMIENTOS
En otro tramo de la entrevista, Sand abordó el caso Libra, y aseguró que se ha solicitado la comparecencia de varios funcionarios del Gobierno ante la Cámara de Diputados.
«Desde Diputados hemos estado trabajando en la citación a varios integrantes del gobierno nacional por el caso de la estafa Libra, hecha por el propio presidente de la Nación», declaró, tras calificar al hecho como «un escándalo nunca visto que nos avergüenza como argentinos».
Aunque no ofreció detalles técnicos sobre la causa, Sand enfatizó la gravedad institucional del caso. La diputada nacional, subrayó que el Parlamento tiene la obligación de actuar como contrapeso ante las irregularidades del Ejecutivo.
La legisladora recordó que el caso Libra ha generado repercusiones políticas y mediáticas, ya que se acusa a la administración nacional de haber promovido un esquema de financiamiento presuntamente fraudulento, con consecuencias económicas aún en estudio.
Oposición a la baja de imputabilidad
Otro de los temas abordados por la diputada fue el proyecto para modificar el régimen penal juvenil, particularmente la propuesta del Gobierno de bajar la edad de imputabilidad.
Sand expresó un fuerte rechazo a esta iniciativa, a la que calificó como «una medida hecha solo para propaganda». En su opinión, la criminalización de los jóvenes no resuelve los problemas estructurales que afectan a esta población.
«Venimos trabajando en el Régimen Penal Juvenil, oponiéndonos a la baja de edad de imputabilidad», indicó, defendiendo una mirada que priorice la protección, el acompañamiento y la inclusión.
La diputada sostuvo que el enfoque debe centrarse en brindar oportunidades de educación, salud y trabajo a los adolescentes, en lugar de aplicar medidas punitivas.
Recordó que, según organismos especializados en infancia y derechos humanos, reducir la edad de imputabilidad contradice los compromisos internacionales asumidos por el país y no genera efectos positivos en materia de seguridad.
Asimismo, remarcó que «no se puede atacar a los jóvenes como si fueran los responsables del fracaso social» y reclamó políticas integrales que apunten a la prevención y al fortalecimiento del entramado comunitario.
Contrapeso institucional
Sand insistió en destacar el papel del Congreso como garante de la institucionalidad democrática, especialmente en un contexto político marcado por conflictos entre poderes.
«Existen espacios políticos, bloques y legisladores comprometidos con la democracia, con la justicia y con la pluralidad», afirmó, remarcando que ese compromiso contrasta con «maniobras antidemocráticas», que apuntó al Ejecutivo.
La diputada resaltó que el Parlamento tiene el deber de controlar, legislar y proteger derechos fundamentales frente a eventuales retrocesos institucionales.
Subrayó que el accionar de algunos sectores del Congreso ha sido clave en frenar iniciativas del oficialismo que, según la oposición, atentan contra el equilibrio de poderes y los principios democráticos.
Sand elogió el trabajo de su bancada en la defensa de los derechos sociales y en la vigilancia del funcionamiento del Ejecutivo. En sus palabras, el Congreso debe mantenerse como un espacio de pluralidad y responsabilidad institucional.
En este sentido, consideró que los debates actuales reflejan una tensión profunda entre modelos de país, pero también la vitalidad del sistema parlamentario como instancia de contención y diálogo político.
Emergencia en discapacidad
Sand también denunció lo que definió como un «vaciamiento» en las políticas públicas destinadas a personas con discapacidad, impulsado por «la desidia del Gobierno».
En respuesta a esta situación, afirmó que se está trabajando en una ley de emergencia en discapacidad desde el Congreso, con el objetivo de garantizar derechos básicos ante la interrupción de programas y prestaciones esenciales.
Por otra parte, consideró urgente establecer un marco normativo que proteja a uno de los sectores más vulnerables de la sociedad, especialmente en un contexto de recortes presupuestarios.
«El Congreso tiene la obligación de actuar cuando se vulneran derechos», señaló Sand, reclamando una política activa que contemple la inclusión y el acompañamiento.