Abuso sexual, violación de domicilio, lesiones leves y graves y amenazas, la mayoría con armas de fuego, son algunas de las imputaciones por las cuales fueron condenados una veintena de policías e integrantes del Servicio Penitenciario del Chaco entre 2019 y 2024.
El dato surge de un informe elaborado por el Superior Tribunal de Justicia (STJ) del Chaco tras un pedido de acceso a la información pública realizado por el portal Litigio, en marzo pasado.
El documento reúne datos de distintos juzgados y cámaras penales de toda la provincia: los juzgados Correccionales 1, 2 y 3 de Resistencia; las Cámaras en lo Criminal 1, 2 y 3 de la capital; y tribunales de Sáenz Peña, Charata y Castelli.
El Juzgado Correccional 1 de Resistencia reportó dos condenas confirmadas por el STJ. En una de ellas, un agente del Servicio Penitenciario fue sentenciado en 2019 por lesiones leves y amenazas agravadas por el vínculo y por el contexto de violencia de género.
En el segundo caso, también de 2019, fue condenado un oficial subayudante de Margarita Belén por dos hechos de lesiones leves calificadas.
El Juzgado Correccional 2 dictó sentencia contra un agente del 911 por lesiones leves calificadas por el vínculo y el género, mientras que el Juzgado Correccional 3 hizo lo propio con un policía de la comisaría Décima Metropolitana.
Otro caso relevante fue informado por la Cámara Primera en lo Criminal de Resistencia, que condenó a un policía de Ciervo Petiso por amenazas, privación ilegal de la libertad y lesiones calificadas.
Además, dos agentes de la comisaría de General San Martín fueron encontrados culpables de abuso sexual con acceso carnal agravado, en una causa que aún está bajo revisión del STJ.
La Cámara Segunda en lo Criminal de Resistencia informó que entre 2019 y 2024 se dictaron seis condenas a integrantes de las fuerzas de seguridad chaqueñas. Cinco fueron por abuso sexual -simple o agravado-, uno de ellos con uso de arma de fuego. La restante fue por coacción agravada, es decir, por obligar a una persona a actuar contra su voluntad mediante amenazas.
En Sáenz Peña se registraron dos condenas con sentencia firme: una por lesiones leves calificadas, dictada por el Juzgado Correccional 1, y otra por abuso sexual agravado por la situación de convivencia.
Esta última involucró a un cabo primero de Policía que cumplía funciones en Pampa del Infierno, y fue resuelta por la Cámara Primera en lo Criminal.
La Cámara en lo Criminal de Charata informó la condena a un empleado penitenciario oriundo de Pinedo, sentenciado a tres años de prisión condicional como autor del delito de lesiones graves doblemente calificadas por el vínculo y violencia de género, además de atentado contra la autoridad. El hecho ocurrió en 2019.
El Juzgado Correccional de Castelli, por su parte, reportó seis condenas con sentencias ratificadas por el STJ. Las imputaciones incluyeron lesiones leves calificadas, amenazas, amenazas con armas y violación de domicilio.
Actualmente hay cuatro causas en trámite por hechos de abusos
Dentro de este informe, respecto a los casos de condenas a policías y agentes penitenciarios, por todo tipo de violencia de género y abusos, hay cuatro causas en trámite, distribuidas entre Resistencia, Sáenz Peña y Castelli. Una de ellas está radicada en la Cámara Tercera en lo Criminal de Resistencia.
El requerimiento de elevación a juicio fue presentado en agosto de 2024 e involucra a un subalcaide del SPP, acusado de abuso sexual simple agravado por su condición de integrante de una fuerza de seguridad, por un hecho ocurrido en 2020.
En Sáenz Peña, el Juzgado Correccional 1 instruye una causa por lesiones leves agravadas contra otro penitenciario.
En la misma localidad, la Cámara Segunda en lo Criminal tramita una causa grave por abuso sexual con acceso carnal triplemente agravado, en la que están imputados dos policías del Chaco.
Finalmente, en Castelli, la Cámara Multifueros lleva adelante una causa contra un policía acusado de abuso sexual simple y con acceso carnal, además de encubrimiento. Este proceso se desarrollará bajo la modalidad de juicio por jurados.
ARMAS
El uso recurrente de armas de fuego en estos hechos motivó la presentación de un proyecto de ley que busca restringir la portación de armas reglamentarias a los agentes policiales únicamente durante su horario de servicio.
La iniciativa, que ya cuenta con estado parlamentario, fue impulsada por los diputados Tere Cubells, Rubén Guillón, Mariela Quirós y Nicolás Slimel.
El proyecto establece que las armas entregadas por la institución deberán resguardarse en cajas fuertes u otros dispositivos de seguridad en las comisarías, fuera del horario laboral de los agentes. La medida deberá seguir los estándares de la Agencia Nacional de Materiales Controlados (Anmac) y cada dependencia policial deberá llevar un registro detallado del resguardo de armamento.
También se propone modificar el artículo 35 de la Ley 178-J para prohibir la portación de armas reglamentarias a policías retirados.
Sin embargo, se contemplan excepciones: el jefe de Policía podrá autorizar, mediante resolución fundada, el uso del arma fuera de servicio si así lo solicita el agente.
Entre los fundamentos del proyecto se enumeran varios episodios trágicos ocurridos en los últimos años.
En enero de 2024, Claudio Mambrín, agente policial, asesinó a su pareja en Presidencia de la Plaza y luego se suicidó.
En febrero, el sargento José Acosta fue hallado muerto de un disparo en la cabeza; se trató de un suicidio con su arma reglamentaria mientras estaba de franco.
En abril, Federico Fogliatti, de la División de Antecedentes, se suicidó en un descampado.
En junio, una policía fue víctima de una tentativa de femicidio: su pareja utilizó su arma reglamentaria para dispararle.
También se recuerdan hechos de años anteriores, como el femicidio de Mabel Quiroz en 2019, cometido por su expareja -un efectivo policial-, y el caso de Gisela Barreto en 2020, que la Justicia consideró un suicidio.
«Este proyecto no pretende dejar indefenso a ningún agente, sino evitar que un arma entregada por el Estado termine siendo utilizada para cometer delitos o quitarse la vida», argumentaron los legisladores en el documento.