La diputada nacional Marcela Pagano presentó un proyecto de ley que habilita a abogados y abogadas a ejercer funciones notariales en todo el territorio argentino.
La iniciativa provocó una inmediata reacción de rechazo por parte de entidades profesionales de todo el país. Entre ellas, la Federación de Entidades Profesionales Universitarias del Chaco (Fepuch) se expresó en duros términos a través de su presidente, Ricardo Urturi.
En declaraciones a Radio Natagalá, Urturi calificó la propuesta como «un mamarracho jurídico» y advirtió que el proyecto desconoce los principios fundamentales del sistema federal argentino. Según explicó, el ejercicio de las profesiones es competencia de las provincias y no puede ser regulado de manera unilateral por el Congreso Nacional.
La polémica se acentuó cuando, días después, Pagano presentó una versión modificada del proyecto. En lugar de «invitar» a las provincias a adherirse, como en el texto inicial, el nuevo documento «intima» a las jurisdicciones a adecuar su normativa en un plazo de 120 días, lo que fue interpretado por Fepuch como una violación flagrante del orden constitucional.
«Estamos ante una iniciativa que desconoce la Constitución nacional y la autonomía de las provincias», remarcó Urturi.
En este contexto, la Federación chaqueña decidió solicitar reuniones con legisladores nacionales y con el gobernador para expresar su preocupación y pedir el rechazo de la propuesta.
La postura de Fepuch no es aislada. Otras entidades profesionales de todo el país también se manifestaron en contra del proyecto de Pagano, sumando argumentos jurídicos y técnicos que cuestionan la viabilidad de su implementación.
EL SISTEMA FEDERAL Y LAS COMPETENCIAS PROVINCIALES
Según Urturi, los artículos 121 y 125 de la Constitución nacional son claros al establecer que las provincias conservan para sí todas las competencias no delegadas expresamente a la Nación. La regulación del ejercicio profesional, entre ellas.
En este sentido, sostuvo que resulta inadmisible que una diputada nacional «desconozca o ignore» estos principios jurídicos básicos. «Si lo dice un abogado es más grave, porque implica que no estudió derecho constitucional en la universidad», enfatizó el titular de Fepuch.
Además, observó que el mismo texto del proyecto reconoce parcialmente esta limitación cuando habla de «invitar» a las provincias a sumarse.
Sin embargo, consideró aún más preocupante que el proyecto posterior directamente intente forzar a las provincias a modificar sus normativas.
«Pasamos de una invitación a una intimación, lo que demuestra el carácter inconsistente y autoritario de la iniciativa», afirmó Urturi, advirtiendo que no se trata solo de un error técnico, sino de una ofensiva política contra las autonomías provinciales.
DEFENSA DE LAS INCUMBENCIAS PROFESIONALES
Desde la perspectiva de Fepuch, el proyecto representa una amenaza concreta a las incumbencias profesionales que han sido definidas y reguladas históricamente por cada provincia. En el caso específico del notariado, las normativas vigentes establecen requisitos específicos para ejercer como escribano, diferenciados del título de abogado.
«Nosotros defendemos las incumbencias profesionales porque garantizan calidad, transparencia y control», señaló Urturi. Explicó que los escribanos cumplen funciones con un alto grado de responsabilidad jurídica y que su habilitación requiere una formación y un sistema de control especializado.
Además, Urturi advirtió que desdibujar esos límites bajo el argumento de «desregulación» puede generar consecuencias graves tanto para los profesionales como para los ciudadanos. «Se venden falsas promesas de que esto abaratará los costos para la gente, pero en realidad se está desprotegiendo a los usuarios del sistema», dijo.
Asimismo, recordó que la función del abogado en un juicio, en procesos de sucesión o en divorcios, responde a principios distintos de los que rigen la tarea notarial. «El abogado es un pacificador en conflictos judiciales, no un certificador público de actos jurídicos», subrayó.
Un debate que trasciende lo técnico
Más allá de los aspectos técnicos, el debate sobre el proyecto de Pagano revela tensiones más profundas sobre el modelo de Estado, el rol de las profesiones y los alcances del federalismo argentino. Para Fepuch, la propuesta refleja una concepción centralista que atenta contra los equilibrios institucionales establecidos.
«Este tipo de proyectos improvisados, inconsultos y mal redactados no solo son inconstitucionales, sino también peligrosos», afirmó Urturi.
Señaló que iniciativas como esta deben ser objeto de un debate amplio, con participación de todas las partes involucradas y con base en estudios técnicos serios.
En esa línea, consideró preocupante que figuras políticas promuevan reformas de alto impacto sin consultar a las entidades profesionales ni considerar sus advertencias. «La participación de los colegios, federaciones y universidades es fundamental para garantizar decisiones responsables», concluyó.
Finalmente, reiteró que Fepuch seguirá defendiendo el ejercicio profesional en condiciones de legalidad, transparencia y responsabilidad social. «Estamos para representar a los profesionales y proteger el interés público, no para avalar desregulaciones irresponsables», concluyó.
El deber del control ético
Urturi también abordó el debate sobre la colegiación obligatoria en el Chaco. Aclaró que si bien los abogados y abogadas chaqueños no tienen colegiación pública obligatoria, la matrícula profesional está bajo control del Superior Tribunal de Justicia (STJ), a través de una oficina específica.
Esta situación, sin embargo, plantea un problema cuando hay conflictos éticos o disciplinarios. Según indicó, en muchos casos no hay mecanismos claros ni accesibles para que los ciudadanos denuncien irregularidades cometidas por profesionales del derecho.
«Cuando un magistrado comete una falta, lo juzga el jurado de enjuiciamiento. Cuando un empleado judicial incurre en una infracción, lo investiga la oficina sumarial. Pero cuando un abogado comete una falta ética, muchas veces no hay respuesta», señaló.
Por ello, insistió en la importancia de garantizar un control efectivo del ejercicio profesional, más allá del mecanismo específico elegido por cada provincia. «No se trata solo de colegiar o no colegiar, sino de asegurarle al ciudadano una instancia de reclamo y justicia», dijo.
Diálogo con legisladores
Ante el avance del proyecto en la Cámara baja, Fepuch comenzó a coordinar acciones institucionales para frenar la iniciativa.
Según confirmó Urturi, ya solicitaron reuniones con el gobernador y con legisladores nacionales por el Chaco, con el objetivo de explicar sus argumentos y expresar su rechazo formal.
La Federación también mantuvo conversaciones con entidades homólogas de otras provincias, buscando articular una posición conjunta a nivel nacional. «No estamos solos en esta postura. Otras federaciones, colegios y consejos profesionales ya se han pronunciado en el mismo sentido», afirmó.
Urturi manifestó su esperanza de que el proyecto no logre avanzar en el Congreso. «Confío en que los diputados sabrán interpretar el marco constitucional y los límites que les impone su función legislativa», expresó.