El pasado 21, en el Sindicato de Prensa de Resistencia (Chaco), el Comité para la Prevención de la Tortura de la provincia (CPTCH), junto con el Ministerio Público de la Defensa del Chaco y con el acompañamiento del Comité Nacional de la Prevención de la Tortura (CNPT) presentó las Recomendaciones sobre el Derecho a la Protesta Social en la provincia, en un encuentro bajo modalidad mixta.
Allí, distintos referentes sindicales y de organizaciones sociales compartieron sus posicionamientos y experiencias. Además, se mantuvo una videoconferencia con la relatora especial sobre la libertad de reunión pacífica y de asociación de la Organización de las Naciones Unidas (ONU), Gina Romero.
Del panel participaron Max Bruscker (Utep), Gladys Fabretto (CCC y en representación de Madres contra el hambre), Carolina Camarano (Multisectorial de las Mujeres y las Disidencias), Isaac Chaparro (ATE), Daniel Poverezny (secretario de Derechos Humanos, CGT, Chaco), Belén Rodríguez (CTA de los trabajadores y trabajadoras), y Víctor Lezcano (UPCP).
Bajo modalidad virtual estuvieron presentes: Alicia Alcalá (defensora general del Poder Judicial, Chaco), Gisela Gauna Wirz (defensora general Adjunta del Poder Judicial, Chaco); Gustavo Palmieri, Silvina Irrazabal y Kevin Nielsen (CNPT); Tere Cubells (diputada bloque Frente Grande), y Natalia Gabellini (Consejo Federal de Mecanismos Locales para la Prevención de la Tortura), entre otros.
una Argentina
que no llega
La relatora especial Gina Romero en la videoconferencia que brindó recordó el hecho de que la Argentina le «ha enseñado sobre la memoria y sobre la construcción de los derechos sociales».
A la vez, insistió en que «cuando se limita el derecho a la protesta, se afecta el derecho a la participación, que es un derecho humano»; y que «hay una Argentina que casi no nos llega a la comunidad internacional».
«La protesta no puede costarnos la vida», señaló en torno a lo fundamental de no naturalizar el hecho de que por participar en las movilizaciones «se lleven la vida de quienes se manifiestan en las calles».
Quienes se expresan por sus derechos, dijo, también puedan pensarse en torno a «la necesidad de que la participación sea una construcción en pos del futuro» de las necesidades y demandas de un país.
Con respecto a esa temática insistió en que «las fuerzas del orden tienen que tener acciones centradas en el diálogo comunitario».
Asimismo, la relatora de la ONU remarcó la gravedad en cuanto a la línea del gobierno de Javier Milei acerca de que «las protestas son maniobras extorsivas».
En torno a dicho aspecto sostuvo que «es muy grave que se compare una movilización pacífica con una maniobra delictiva» en una constante que redunda en una «tendencia del gobierno a estigmatizar las protestas». También señaló como un hecho muy grave la prohibición a hacer movilizaciones establecido en el Protocolo Antipiquete y a la «falta de acceso a la justicia y rendición de cuentas» de sus actos.
La relatora especial sobre los derechos a la libertad de reunión pacífica y de asociación de la ONU expuso: «Es muy grave que la violación a los derechos afecte de forma tan desproporcionada a personas mayores, personas con discapacidad, pueblos originarios y sindicatos». Y concluyó con un elogio al trabajo que realiza el CPh y lo necesario de organismos afines bajo contextos como los transitados.
Recomendación del comité
Las recomendaciones elaboradas por el CPTCH contienen cinco puntos específicos y se enviarán a los distintos poderes del Estado. En cuanto al proceso de elaboración, Araceli Ortigoza, integrante del organismo, detalló que a fines de 2023 hasta la fecha fueron 26 las protestas sociales monitoreadas en el territorio. «Observamos el despliegue policial y a veces la violación de las normas vigentes», sostuvo.
Asimismo, destacó: «Nuestra tarea no es simbólica. Hay situaciones que nos preocupan como un despliegue desproporcionado cuando las protestas sociales son reducidas y pacíficas, la falta de identificación del personal policial, que debe tener nombre, apellido y jerarquía», entre otras cuestiones.
A la vez, Ortigoza señaló el ensañamiento hacia trabajadores de prensa, como así también la obstaculización de su trabajo y el de Observadores de DDHH.
Además, recordó que «el protocolo Bullrich no rige en el Chaco; y que la Ley 2399-J establece el que debe desplegar la Policía del Chaco en manifestaciones públicas. Esta ley aborda el tema de armas de fuego y promueve soluciones pacíficas de conflictos, entre otros ítems».
Y concluyó: «No hay paz sin justicia; no hay orden sin derecho y no hay democracia sin protesta social».
A su turno, la abogada e integrante del Comité, Romina Duarte, mencionó algunos casos cuyas instancias continúan en etapa de investigación, como las denuncias mencionadas por la referente de Madres del Hambre, cuya causa fue archivada. «Las limitaciones tienen que ser proporcionales», resaltó la magistrada.
Duarte reiteró la importancia en torno a que con el gobierno provincial, y el Poder Judicial «se pueda llegar a una mesa de diálogo en donde nos podamos sentar todos en carácter de iguales, y que en ese espacio, se pueda garantizar que en las protestas sociales se respete la integridad psicofísica de las personas».
Testimonios locales
Zenón González, referente del pueblo wichí, de manera remota expuso acerca de las principales problemáticas de la comunidad.
En Misión Nueva Pompeya «nuestra comunidad está muy lejos de todo y desde hace mucho tiempo», y relató como la desigualdad lingüística es una de las mayores demandas. A la vez, difundió un video de la Guardia comunitaria Padmet y resaltó que siempre se les hace difícil que se los escuche «¿Cómo podemos manifestarnos si las políticas públicas no llegan a nuestras comunidades?», dijo, interpelando a los presentes.
A su turno, la presidenta del CPTCH, Bashe Charole, indicó que «como Comité estamos a disposición de poder caminar frente a los reclamos y desde las colectividades, ya que el caminar colectivo es necesario en estos tiempos», y recordó que una vez más, y como todos los miércoles, hubo represión a los jubilados y periodistas en las inmediaciones al Congreso de la Nación.
Gladys Fabretto de la CCC y en representación de Madres contra el Hambre, se remontó a 2023 «con el cambio del gobierno que vino a destruir a los que menos tienen. «Éramos mujeres las que nos convocamos en la plaza (25 de mayo de Resistencia), y no nos dejaban pasar a la Casa de gobierno», recordó.
En cuanto a los mecanismos de organización especificó: «Las mujeres debemos estar al frente en los distintos sectores, venimos conformando una multisectorial. Hoy lo que nos queda para avanzar y no seguir retrocediendo es organización y rebelión. Si se dan políticas para contratar más fuerzas policiales, ellos se vienen preparando y, nosotros, también».
A su turno, Carolina Camarano, de la Multisectorial de las Mujeres y las Disidencias, recordó que tanto «a nivel nacional como provincial demostramos que la organización vence al tiempo.
Destacamos que el Comité (provincial para la prevención de la Tortura, Chaco) nos acompañó desde el primer día». Y añadió: «Muchos estamos trabajando en ollas populares, y en cómo hacer un ropero solidario».
Por su parte, Belén Rodríguez (CTA) señaló que «desde diciembre de 2023 (el CPTCH) es el único equipo con quien cuando salimos a las calles nos sentimos cuidados». Y enfatizó en la necesidad de «hacer una pedagogía de los derechos que hemos conquistado a fuerza, muchas veces, de vidas perdidas».
Por otro lado, se remontó a lo que sucedió en «la manifestación del momento de la aprobación de la Ley bases (27742, Ley de Bases y Puntos de Partida para la Libertad de los Argentinos) que representó una convocatoria en la plaza, y la saña con el modo de desenvolverse como los garrotes en los tobillos, por debajo de los escudos».