La Cámara Federal de Apelaciones de Resistencia confirmó ayer la prisión preventiva del contador Walter Pasko y del asesor de cooperativas Fernando Adrián Ayala, imputados como presuntos líderes de una asociación ilícita dedicada al lavado de activos y la emisión de facturas falsas.
La decisión fue adoptada tras rechazar los recursos presentados por sus defensas y se basó, entre otros elementos, en la reciente incorporación de un informe pericial sobre grabaciones que muestran a Ayala manipulando grandes sumas de dinero en efectivo.
Las imágenes, extraídas de las cámaras de seguridad del departamento donde residía Ayala, fueron obtenidas en un allanamiento realizado a fines de 2023, pero recién valoradas pericialmente en abril de este año.
Según la investigación, los videos evidencian el manejo de dinero no declarado, en presencia de colaboradores y menores de edad, y coinciden con movimientos migratorios y viajes realizados por el imputado que refuerzan el riesgo de fuga y la sospecha de ocultamiento de activos.
Contaban fajos de dinero con ayuda de sus hijos
Aunque Pasko no aparece en las grabaciones, la Cámara consideró que los elementos audiovisuales fortalecen la hipótesis de una organización estructurada, con capacidad operativa y roles diferenciados, donde el contador habría cumplido funciones clave en el armado legal y contable del esquema.
Además, se remarcó su vínculo directo con Ayala, la administración de múltiples sociedades y el uso irregular de Cuit de terceros, todo lo cual justificaría su prisión preventiva.
El tribunal también confirmó el secuestro de un vehículo a nombre de Álvaro Iván Pasko, hermano del contador e imputado en la causa como miembro de la misma organización.
Se sostuvo que el automóvil podría haber sido adquirido con fondos presuntamente ilícitos y, por tanto, es susceptible de decomiso preventivo. Las alegaciones de las defensas fueron desestimadas por falta de sustento técnico o legal suficiente.
Con esta resolución, las juezas de la Cámara avalaron la continuidad de las medidas cautelares dictadas por el Juzgado Federal 1 de Resistencia, en un expediente que se acerca a su etapa de elevación a juicio.
Asimismo, el tribunal evaluó que la gravedad de los delitos imputados, la magnitud del perjuicio fiscal y la existencia de prueba incriminante acumulada son factores que agravan el riesgo procesal y justifican la continuidad de la detención.