La causa por presunto lavado de activos que involucra al exgobernador del Chaco, Jorge Capitanich, avanza con nuevas medidas judiciales. En los últimos días, el fiscal federal de Sáenz Peña, Carlos Amad, solicitó y obtuvo el levantamiento del secreto bancario, fiscal y bursátil del exmandatario, sus hijas Jorgelina Ema y María Guillermina Capitanich, y otras personas vinculadas a la investigación.
La medida forma parte de una causa iniciada a partir de una denuncia presentada por la presidenta del Instituto de Colonización del Chaco, Ana María Canata, en la que se advierten posibles irregularidades en la adjudicación de tierras fiscales durante la gestión de Capitanich.
Informes solicitados
Según documentación judicial a la que accedió la prensa, se pidió a la Unidad de Información Financiera (UIF) que informe si existen reportes internos o externos de operaciones sospechosas que involucren a los investigados. Asimismo, el Banco Central de la República Argentina (BCRA) deberá remitir un detalle pormenorizado de los productos financieros —cuentas, plazos fijos, tarjetas, etc.— desde 2020 hasta la actualidad, con fechas de apertura y cierre, y movimientos mensuales acreditados y debitados.
También se libraron oficios al Registro Público de Comercio para detectar eventuales participaciones en sociedades comerciales. En caso de existir, la Justicia solicitó copias certificadas de los contratos sociales y de cualquier modificación societaria registrada desde su constitución.
Otros implicados
Además del exgobernador y sus hijas, figuran entre los investigados Sheina Marlene Waicman, exfuncionaria del Instituto de Colonización, y su pareja, Darío Ariel Zaks. La fiscalía intenta establecer si estas personas participaron de un entramado de operaciones financieras y administrativas que habrían tenido como fin el desvío de fondos públicos y el presunto lavado de dinero.
Avance del expediente
El requerimiento del Ministerio Público Fiscal incluye una serie de presuntos delitos: fraude contra la administración pública, enriquecimiento ilícito, malversación de fondos, abuso de autoridad y lavado de activos agravado.
En marzo se conoció que el expediente ya contaba con registros bancarios, documentación oficial, declaraciones juradas y otros elementos probatorios que mostrarían inconsistencias patrimoniales. La Fiscalía sostiene que podrían haberse utilizado resoluciones y decretos irregulares para la adjudicación discrecional de tierras y subsidios a empresas allegadas a exfuncionarios y sus familiares.
Por otra parte, aún permanecen pendientes las indagatorias a los imputados, entre ellos el exministro de Planificación, Economía e Infraestructura, Santiago Pérez Pons. Las audiencias previstas para abril fueron suspendidas debido a recursos interpuestos por las defensas.
Expectativa judicial
La causa continúa en etapa de instrucción, mientras se esperan los informes solicitados a los organismos nacionales. La información financiera y patrimonial que surja de estos reportes será clave para determinar si la Justicia avanza hacia procesamientos formales.