Los gremios docentes de la provincia del Chaco han declarado el estado de alerta y movilización permanente ante lo que consideran una «dilación injustificada» en los trámites jubilatorios y la falta de respuesta a sus demandas por parte del Ministerio de Educación y la Comisión de Legislación. La situación por la «jubilaciones de oficio», que ha generado un profundo malestar en el sector, podría derivar en medidas de fuerza contundentes si no se obtienen soluciones inmediatas.
En la mañana de este lunes, representantes gremiales denunciaron públicamente el accionar del Ministerio de Educación, Ciencia y Tecnología, liderado por la ministra Sofía Naidenoff, a la que acusan de requerir a los docentes trámites jubilatorios que se dilatan por más de cinco días, excediendo los plazos establecidos y resultando en una medida «arbitraria, ilegal e inconstitucional». Los gremios enfatizan que esta práctica impide el normal proceso jubilatorio de los educadores, afectando directamente su derecho.
La problemática se agrava con el rechazo de las entidades sindicales a la invitación para una audiencia con el gobernador, Leandro Zdero. Los gremios argumentan que la misma está condicionada a la presencia de la Comisión de Legislación, a la que le atribuyen «el impacto negativo, perjudicial y discriminatorio de las intimaciones del Ministerio de Educación de la Provincia». Esta postura recalca la tensión existente entre el gobierno provincial y el sector docente.
Marco Legal y Desconocimiento Fundacional
Un punto central de la denuncia es el «desconocimiento fundamental puesto de manifiesto por la ministra» en relación con el «Régimen de Jubilaciones y Pensiones del Personal Docente», establecido en la Ley 800-H. Esta normativa provincial determina un haber mensual en la jubilación ordinaria del 82% móvil, con la salvedad de que para los casos en que «la administradora» del sistema cumpla la edad avanzada, el haber es del 70%. Los gremios señalan que la aplicación de esta ley es inconsistente con las prácticas actuales del Ministerio.
Asimismo, se hizo hincapié en que la aplicación de la Ley Federal de Educación (Ley N° 24.195) en la provincia del Chaco, desde la década del 90, ha sido el origen de «la destrucción y vaciamiento del sistema educativo argentino y chaqueño en particular». Los docentes lamentan que esta normativa, cuyo artículo 90 establecía un mínimo de sexto grado de enseñanza, haya sido «leída y escrita» de manera incompleta o malinterpretada.
Una Cuestión Histórica y Futuro Incierto
Los gremios docentes aclaran que la situación no solo afecta al personal en particular, sino también al conjunto de los estatales chaqueños, activos y jubilados. Consideran que la «gran interrogante que genera esta acción intempestiva de educación» en las intimaciones jubilatorias es si se busca «allanar el camino» para una «armonización previsional» similar a la reforma previsional impulsada por Nación.
La preocupación se intensifica al recordar que la interprofesionalidad del Organismo Previsional fue establecida en la Constitución de la Provincia desde el año 2009 con el Artículo 75. Los docentes sostienen que los derechos previsionales actuales han sido fruto de años de «luchas incansables» y no permitirán que sean vulnerados.
Los gremios han dejado en claro su determinación de defender los derechos de los trabajadores de la educación y no descartan endurecer las medidas si sus reclamos no son atendidos con la urgencia y seriedad que la situación amerita. La movilización permanente parece ser el camino elegido para hacer valer sus demandas.
Fotos: Osvaldo Ramírez