Hoy se cumplen 10 años de la masiva movilización que el 3 de junio de 2015 dio origen al movimiento «Ni Una Menos», y es por esto que el Observatorio de las Violencias de Género «Ahora Que Sí Nos Ven» y Mumalá publicaron informes que confirman que las violencias machistas no solo persisten, sino que se han profundizado.
Según los relevamientos entre junio de 2015 y mayo de 2025 se registraron al menos 2.873 femicidios, travesticidios y transfemicidios en Argentina. La violencia de género, afirman, sigue siendo una pandemia estructural.
«Un femicidio cada 31 horas. Cada número es una vida truncada, una familia devastada y un Estado ausente», señalaron.
Según los informes el 85% de los femicidios fueron perpetrados por personas del entorno de la víctima: parejas, ex parejas, familiares o conocidos. El 64% de los casos ocurrió dentro del hogar de la víctima. Solo el 17% había denunciado previamente, y apenas el 10% contaba con medidas de protección.
“La violencia machista se cobra nuestras vidas en contextos de creciente desigualdad. Y con el ajuste brutal del gobierno de Javier Milei, la desprotección se ha vuelto la regla, no la excepción», denunciaron desde el Observatorio. El recorte de programas como el Acompañar, la eliminación del Ministerio de Mujeres, Géneros y Diversidad, y la desjerarquización de áreas clave colocan a mujeres y disidencias en una situación crítica.
«Sabemos que la pobreza tiene cara de mujer. Sin independencia económica, sin acceso a la justicia ni garantías efectivas, muchas víctimas quedan atrapadas en ciclos de violencia», afirmaron.
También se destaca la situación de niñas, adolescentes y adultas mayores: 2.507 niños y niñas quedaron huérfanos, 270 mujeres mayores de 60 años fueron asesinadas y 166 niños y niñas menores de 12 años murieron en femicidios directos o vinculados.
En cuanto a las fuerzas de seguridad, se identificó a 72 femicidas pertenecientes a cuerpos policiales y 9 a las fuerzas armadas. En la mitad de esos casos se utilizó el arma reglamentaria.
De esta forma también se contabilizó 1.225 intentos de femicidio y cinco intentos de travesticidio entre 2021 y 2025. Estos casos, afirman, son «vidas que pudieron salvarse» y evidencian la urgencia de medidas preventivas.
Femicidios
año por año
El informe del Observatorio «Ahora Que Sí Nos Ven» también desglosa los femicidios año a año desde 2015.
El pico de casos se dio en 2019, último año del gobierno de Mauricio Macri, con 327 femicidios reportados. En contraste, el 2022 registró la menor cantidad de casos (254), coincidiendo con una mayor institucionalidad en políticas de género. Sin embargo, las cifras volvieron a dispararse en 2025, con 285 casos entre enero y mayo, lo que representa un incremento del 38% respecto al mismo período del año anterior.
«Los femicidios aumentan en contextos de crisis económicas, donde se profundizan las desigualdades que afectan principalmente a mujeres y diversidades», analizaron. La creación del Ministerio de Mujeres, Géneros y Diversidad en 2020 marcó un hito en materia institucional, pero su eliminación en 2023 significó un retroceso alarmante.
«El recorte de presupuestos, la derogación de programas, la desarticulación de redes territoriales y la falta de formación con perspectiva de género en la justicia y las fuerzas de seguridad agravan la situación. «Cada ajuste se traduce en más riesgo para nuestras vidas», advirtieron.
Radiografía federals
La violencia de género tiene una dimensión territorial que evidencia disparidades estructurales. Según el informe, las provincias con mayor cantidad de femicidios registrados en la última década son Buenos Aires, Córdoba, Santa Fe, Tucumán, Chaco y Salta. No obstante, al observar la tasa de femicidios por población femenina, encabezan el ranking Santiago del Estero, Jujuy y Formosa.
“En el Gran Buenos Aires se concentró el 36% de los crímenes, lo que revela el peso del conurbano en la estadística nacional. Sin embargo, las provincias del norte argentino presentan un patrón preocupante: altos niveles de violencia, fuerte presencia de desigualdades y menor acceso a dispositivos de protección.
«En muchas localidades, las víctimas no tienen adónde ir, no hay comisarías especializadas ni líneas de atención con personal formado. Hay provincias donde el Estado es casi inexistente», advierten desde el Observatorio.
«El caso de Chaco, con cifras elevadas y múltiples denuncias de falta de respuesta judicial, es paradigmático»
Demandas actuales
A diez años del primer #NiUnaMenos, el movimiento feminista argentino sigue sosteniendo una agenda clara y urgente. Frente al recrudecimiento de la violencia y el desmantelamiento de políticas públicas, las organizaciones reclaman medidas concretas y efectivas por parte del Estado.
En primer lugar, exigen la restitución del Ministerio de Mujeres, Géneros y Diversidad, su jerarquización institucional y el financiamiento real de sus programas. La eliminación de esta cartera en diciembre de 2023 fue considerada por los colectivos como un acto de violencia estatal.
También demandan la declaración de la Emergencia Nacional por Violencia de Género, una medida que permitiría la reasignación de recursos urgentes para prevención, asistencia, contención y acceso a la justicia para las víctimas. «Sin recursos, las leyes son letra muerta», advierten desde el colectivo MuMaLá.
Otra de las exigencias es el fortalecimiento del Programa Acompañar, que fue recortado drásticamente y luego desmantelado por el actual gobierno. Este programa brindaba apoyo económico y acompañamiento psicosocial a mujeres y personas LGBTIQ+ en situación de violencia.
En el plano judicial, piden la capacitación obligatoria y efectiva de jueces, fiscales y policías bajo la Ley Micaela, así como la creación de fiscalías especializadas en violencia de género en todo el país. La revictimización, la desestimación de denuncias y la inacción judicial siguen siendo parte del drama cotidiano.
Además, reclaman la creación de un sistema nacional de patrocinio jurídico gratuito, con abogadas y abogados especializados que puedan acompañar a las víctimas desde la primera denuncia hasta la resolución del conflicto judicial.
En el ámbito educativo, el pedido es claro: plena implementación de la Educación Sexual Integral (ESI) en todas las escuelas del país. Para el movimiento, la ESI no solo previene abusos y violencias, sino que también construye ciudadanía y autonomía desde la infancia.
Finalmente, el feminismo argentino exige una mirada interseccional que reconozca las múltiples opresiones que atraviesan a mujeres indígenas, afrodescendientes, rurales, migrantes, con discapacidad y del colectivo trans. «No hay justicia social sin justicia de género. No hay democracia plena sin nosotras», sostienen.