El Consejo Interuniversitario Nacional (CIN), representantes de la Federación Universitaria Argentina (FUA) y del Frente Sindical de Universidades Nacionales presentaron a la Comisión de Educación de la Cámara de Diputados de la Nación el anteproyecto de ley en el que trabajaron de manera conjunta para “garantizar la protección y el sostenimiento del financiamiento de las instituciones universitarias públicas”, según reza el primer artículo.
Danya Tavela, diputada nacional por la provincia de Buenos Aires, detalló en Radio UNNE que los puntos salientes del proyecto, que esperan se trate en el recinto el próximo 19 de junio, están vinculados con «la actualización de los gastos de funcionamiento, la actualización de los salarios, de las becas y de algunas partidas como las de ciencia y tecnología”.
Pero además, en el proyecto del CIN “hay algunos contenidos adicionales, como por ejemplo, la obligatoriedad de celebrar la paritaria, la incorporación de una meta del porcentaje respecto del PBI para el presupuesto universitario y la incorporación de un fondo estratégico para el desarrollo de carreras de vacancia», amplió.
La ex secretaria de Políticas Universitarias aseguró que aguardan celeridad en el tratamiento de la normativa en el Congreso: «Se buscará un dictamen de consenso entre las distintas fuerzas políticas, que nos garantice llegar al recinto en el plazo más pronto que se pueda, en el marco de que se tenga un segundo semestre donde las universidades puedan tener cierto grado de prevsibilidad».
Tavela respaldó el reclamo de la comunidad universitaria argumentando que «el aumento presupuestario que solicitan las universidades, no es más que el reconocimiento de la pérdida por inflación, tanto en términos de los gastos salariales como en términos de los gastos de funcionamiento”.
“Lo que se detalla en el proyecto es que hay un aumento de la recaudación que existe y que hoy no está aplicado a ningún gasto estatal en particular», aseguró la magíster en finanzas públicas y privadas. Además indicó que la ley propone un incremento paulatino de la participación de la educación universitaria pública en el PBI.
«Es importante tener metas de cuánto va a invertir como Estado en la educación superior en los próximos 10, 12, 15 años; porque te da una posibilidad de planificar mejoras y desarrollos en términos de esa meta», reafirmó. Esto quedó plasmado en el artículo 10, que propone que para el 2031 se pueda llegar a una inversión anual del 1,5% del PBI en el sistema universitario nacional.
Un tercio menos de presupuesto
El texto presentado establece las fuentes de financiamiento, sin crear nuevos impuestos y manteniendo el equilibrio fiscal. Así lo explicó Oscar Alpa, rector de la Universidad de La Pampa, y presidente del CIN en diálogo con la 99.7: “Lo que estamos pidiendo es volver a los valores históricos que Argentina ha invertido en educación superior, y mejorarlo. Nuestro país invierte nada más que una tercera o una cuarta parte de lo que invierten los países desarrollaron el sistema universitario y científico”.
Rememoró que la situación presupuestaria crítica devino por la prórroga del presupuesto del año 2023 y el veto presidencial a una ley que había sido aprobada por el Congreso durante el 2024, también con fines de atender a la crítica situación de las universidades nacionales: “La prórroga del presupuesto mantiene el cálculo de gastos fijos, pero sabemos que los ingresos no son fijos porque se van actualizando. La recaudación del IVA y del Impuesto a las Ganancias tuvieron su incremento”.
“Lo que estamos pidiendo es volver a los valores históricos que Argentina ha invertido en educación superior, y mejorarlo. Nuestro país invierte nada más que una tercera o una cuarta parte de lo que invierten los países desarrollaron el sistema universitario y científico”.
Alpa lo graficó con los valores que sustentan hoy día las actividades de la universidad pública: “Los primeros cuatro meses hemos recibido un tercio menos de lo que veníamos recibiendo durante los meses anteriores, y cuando digo un tercio, no lo digo a valores comparativos con la inflación, sino nominalmente. En el caso de La Pampa recibimos trescientos millones por mes, y pasamos a recibir doscientos millones, cuando los distintos gastos de funcionamiento sí aumentaron con la inflación”.
El presidente del CIN expresó: “Pedimos a los diputados y senadores que representan a cada una de las provincias que se comprometan con la universidad pública, estamos perdiendo docentes e investigadores”. Recordó además que el proyecto insta al Ejecutivo nacional en su artículo 2 a “profundizar los programas de bienestar estudiantil que apuntan a proveer condiciones materiales y socioeducativas adecuadas para garantizar el derecho a la educación superior gratuita”.
Recomposición
y paritarias
La secretaria general de CONADU Histórica, Francisca Staiti, también fue consultada por Radio UNNE. En relación al debate para la generación del proyecto, detalló los reclamos salariales planteados y destacó la madurez de los distintos órganos de representación universitaria para la construcción de los consensos que quedaron plasmados en el documento.
Alertó que la situación de quienes sostienen la educación universitaria pública puede compararse con los años 2001 y 2002: «La situación salarial de los trabajadores docentes y no docentes no se puede despegar de la situación de ahogo presupuestario que está pasando la universidad. Acumulamos una pérdida de más del 30% del poder adquisitivo con respecto a noviembre del año 2023. Las recomposiciones que son por decreto, impuestas, sin paritarias, son por debajo del guarismo inflacionario que hubo, por ejemplo, en el mes de marzo».
«La situación salarial de los trabajadores docentes y no docentes no se puede despegar de la situación de ahogo presupuestario que está pasando la universidad».
Esto quedó plasmado en el proyecto al proponer que quede garantizado por ley la convocatoria a paritarias del sector cada tres meses, “asegurando una actualización mensual no inferior a la inflación publicada por el INDEC, salvo acuerdo más favorable para las y los trabajadoras y trabajadores”, según se indica en el artículo 3, a lo que se agrega que “todo aumento salarial deberá ser remunerativo y bonificable, y deberá asegurarse la completa incorporación de las sumas no remunerativas y no bonificables dentro de los básicos de la convención colectiva correspondiente”.