La Cámara de Diputados aprobó por amplia mayoría, un paquete de medidas en materia previsional que incluye un aumento del 7,2% para jubilados, un bono de $110 mil y la prórroga de la moratoria previsional.
Sin embargo, el Ejecutivo anunció de inmediato su intención de vetar las iniciativas, aduciendo su alto impacto fiscal.
La tensión entre el Congreso y el Poder Ejecutivo quedó expuesta en una jornada legislativa de alto voltaje político.
El resultado fue celebrado por los bloques opositores, que lograron 142 votos positivos frente a 67 negativos y 19 abstenciones. Pese a la contundencia de la mayoría, el número está lejos de los dos tercios necesarios para revertir un eventual veto presidencial.
Desde la Casa Rosada, el jefe de Gabinete, Guillermo Francos, fue terminante: «El Estado no lo puede pagar salvo que volvamos a emitir dinero y endeudarnos».
La reacción del Ejecutivo generó críticas entre los legisladores opositores, que incluyeron en el dictamen varias alternativas de financiamiento para sostener el aumento. Desde recortes a beneficios fiscales hasta la reasignación de partidas, la oposición buscó desarmar el argumento del impacto fiscal sin sustento.
La discusión no solo reflejó un desacuerdo técnico, sino una disputa de fondo sobre el rol del Estado y la justicia social. «Es un acto de justicia social», afirmó el diputado Itai Hagman.
El oficialismo, en cambio, se insistió en que las medidas profundizan el déficit previsional y ponen en riesgo la estabilidad económica.
ALIANZAS INESPERADAS Y FISURAS INTERNAS
La sesión dejó al descubierto movimientos inesperados dentro del arco político. Votaron a favor del proyecto diputados que habitualmente acompañan al oficialismo, como los tucumanos referenciados en el gobernador Osvaldo Jaldo, y las salteñas Pamela Caletti y Yolanda Vega.
En tanto, cuatro legisladores radicales, Julio Cobos, Roberto Sánchez, Natalia Sarapura y Fabio Quetglas, se desmarcaron de su bancada al facilitar el quórum. Por el lado de PRO, solo Héctor Baldassi acompañó la votación afirmativa.
También fue llamativa la abstención de la UCR dialoguista, liderada por Rodrigo De Loredo, y de referentes macristas como María Eugenia Vidal, Silvia Lospennato y Luciano Laspina.
En total, 28 legisladores estuvieron ausentes, otro factor que puede incidir en un eventual intento de revertir el veto.
LA MORATORIA, OTRO FOCO DE CONFLICTO
Además del aumento jubilatorio, la Cámara aprobó, por 111 votos afirmativos, 100 negativos y 15 abstenciones, la prórroga por dos años de la moratoria previsional, vencida el pasado 31 de marzo. La iniciativa contó con el impulso de Unión por la Patria y el acompañamiento implícito de bloques que optaron por la abstención estratégica.
El oficialismo y sus aliados votaron en contra. Propusieron reemplazar el mecanismo por una prestación proporcional basada en la Puam, sumada a un extra en función de los aportes efectivamente realizados.
Los bloques opositores defendieron la moratoria como herramienta de inclusión. «Con este sistema pudieron jubilarse más de 800 mil personas», argumentó Hagman.
Desde el PRO, la crítica fue directa: «Estas moratorias perversas destruyen el sistema», disparó el diputado Capozzi.
En medio del debate, emergió una tercera vía promovida por Nicolás Massot, que planteó una solución intermedia. «Una mejora inmediata sí, pero con responsabilidad fiscal y reconocimiento a los aportes realizados», sostuvo.
Un oficialismo aislado y una oposición coordinada
La jornada dejó al oficialismo más aislado que en sesiones anteriores. A pesar de sus intentos, no logró evitar el quórum ni frenar la aprobación de los proyectos.
El plan de La Libertad Avanza de repetir el boicot de semanas anteriores fracasó. La oposición logró sentar a 131 legisladores, lo que permitió iniciar la sesión.
Esa cifra fue posible gracias al respaldo de algunos legisladores provinciales y a la presión creciente en torno a los reclamos sociales. La escena parlamentaria reflejó una creciente capacidad de articulación entre bloques opositores, incluso con matices ideológicos diversos.
Si bien el oficialismo mantiene herramientas como el veto, su margen de maniobra se achica. Los costos políticos de bloquear iniciativas con alto respaldo parlamentario y social podrían impactar en su ya frágil vínculo con el Congreso.
Por ahora, la amenaza de veto sigue en pie. Resta saber si el Senado acompañará los proyectos y si, llegado el caso, los legisladores ausentes o abstencionistas reconsiderarán su voto frente a un eventual rechazo presidencial.
Emergencia en discapacidad
Cerca del cierre de la sesión, los legisladores aprobaron con 148 votos a favor la declaración de emergencia en discapacidad hasta diciembre de 2027.
La medida busca garantizar pagos, actualizar aranceles y reforzar el cumplimiento de derechos para personas con discapacidad.
Los bloques opositores también impulsaron el tratamiento de dos iniciativas vinculadas al Hospital Garrahan: una que declara la emergencia sanitaria pediátrica y otra que lo reconoce como referente nacional.
Sin embargo, el oficialismo, PRO y la UCR abandonaron el recinto, dejando sin quórum la sesión.
Esta retirada impidió la votación de esas mociones, lo que provocó el rechazo de los bloques opositores que acusaron al oficialismo de «boicot parlamentario».
La escena dejó al descubierto el desgaste institucional y las dificultades del oficialismo para frenar la avanzada opositora sin recurrir a la salida anticipada.
Fondos y financiamiento, el centro de la polémica
El argumento central del veto anticipado del Ejecutivo fue el impacto presupuestario. Francos advirtió que implementar las medidas implicaría un gasto que el Estado «no puede afrontar». La oposición refutó esa posición y presentó opciones de financiamiento para compensar el gasto adicional.
Entre ellas, destacaron la eliminación de ciertos beneficios fiscales, la reasignación de \$33 mil millones destinados a la ex Side, y los recursos liberados por la reducción del costo del endeudamiento con el FMI, que se estiman en USD3.200 millones.
Asimismo, el dictamen aprobado por Diputados ratifica la fórmula de movilidad jubilatoria vigente desde abril, establecida por decreto, y plantea que las transferencias a las cajas previsionales provinciales se actualicen automáticamente por inflación.
El oficialismo insistió en que cualquier propuesta debe formar parte de una reforma estructural del sistema previsional. «No vamos a validar parches que nos hunden fiscalmente», sostuvo Silvana Giudici.