El Concejo Deliberante de Colonia Elisa destituyó el viernes al edil Fernando Romero, por un hecho de maltrato animal que derivó en una denuncia penal y repudio de vecinos.
El, ahora, exconcejal estuvo involucrado en la muerte de un perro de raza pitbull perteneciente a un vecino.
La resolución se tomó luego de conformar una comisión investigadora y analizar pruebas que, según el cuerpo del perro, comprometían al exfuncionario.
Con cuatro votos a favor y dos en contra, se argumentó la violación de diversas normas, incluyendo la Ley Nacional 14346 de protección animal, disposiciones de la Constitución provincial y la Ley 854-P que regula las responsabilidades de los funcionarios públicos.
El hecho que detonó la polémica ocurrió el 14 de mayo, cuando en horas de la noche un vecino identificado como M.S.E. (29), empleado rural, denunció que su hija (9) encontró a su perro Roco gravemente herido en el patio de su casa. Según relató, el animal presentaba heridas punzantes que le causaron la muerte poco después.
La escena habría sido el desenlace de una pelea entre Roco y otro perro llamado Simón, propiedad de Romero.
Ambos animales ya habían protagonizado enfrentamientos previos, debido a la falta de cercos perimetrales entre las propiedades.
Romero no negó su intervención en el hecho y explicó que actuó para defender a su familia.
Según su versión, el pitbull ingresó en el patio de su casa, atacó a su perro mientras sus hijos cenaban, y en medio del caos, tomó un palo roto con el que terminó hiriendo al animal.
En un extenso descargo en redes sociales, sostuvo que utilizó lo que tenía al alcance y que el resultado fue más grave de lo que pretendía.
«No fue mi intención inicial», dijo al señalar que había advertido a su vecino sobre la agresividad del animal.
Pese a su defensa, el relato que prevaleció en el ámbito institucional fue el del denunciante, que también hizo declaraciones públicas.
«Parece que yo soy el violento, pero fue él quien lo atacó. Mi perro fue apuñalado tres veces», afirmó el joven ante medios locales, aunque también admitió que ambas partes compartían la responsabilidad por la falta de cerco perimetral.
Varias organizaciones proteccionistas también reclamaron sanciones y cuestionaron que un funcionario público tuviera esa conducta.
Más allá de cómo avance la causa judicial, el Concejo Municipal consideró que la conducta de Romero era «incompatible con el ejercicio del cargo», por lo que ya se prepara la jura de un reemplazante.
