El gobierno provincial activó el pasado domingo 15, el sistema de radares de velocidad como parte del Plan Integral de Seguridad Vial, con 47 cinemómetros distribuidos en 19 puntos estratégicos de 17 localidades.
La medida busca reducir «exponencialmente» los accidentes viales, especialmente en las zonas de mayor siniestralidad.
«Logramos la legitimidad de estos sistemas para tranquilidad de los ciudadanos y sobre todo para cumplir con la función que pretendemos: reducir la velocidad y, con esto, evitar siniestros y lesiones graves en las personas», expresó el subsecretario de Seguridad Vial, Rafael Acuña.
Los radares están plenamente habilitados por la Agencia Nacional de Seguridad Vial (ANSV) y homologados por el Inti.
Asimismo, fueron instalados en tramos señalizados con antelación, con cartelería visible desde 900 metros antes del equipo, que avisa al conductor sobre la fiscalización, el organismo interviniente (Policía Caminera) y la velocidad máxima permitida. «Queremos un cambio cultural, no una sorpresa punitiva», enfatizó el funcionario.
Multas: posibilidad
de descargo
Acuña detalló que el proceso de notificación por exceso de velocidad se realizará mediante el domicilio electrónico denunciado al momento de registrar un vehículo o transferirlo. «En caso de que no esté disponible, se enviará por correo postal o mediante un oficial notificador de Policía Caminera», explicó.
Cada infracción contará con la posibilidad de descargo dentro de los 15 días hábiles posteriores a la notificación. «El debido proceso está garantizado. Aunque estos equipos están homologados y certifican la infracción, el ciudadano tendrá su derecho a defensa», aclaró.
Recaudación con
destino social
Las multas, según indicó el subsecretario, no serán fines de lucro, sino que se reinvertirán en áreas clave. «Principalmente, estos fondos irán destinados a seguridad, pero también a salud, educación y servicios. No somos una empresa privada, todo vuelve a la ciudadanía en mejoras concretas», aseguró.
En los últimos 18 meses, el gobierno provincial desplegó una amplia campaña de educación vial, con acciones conjuntas con el Ministerio de Educación, fuerzas federales y municipios. Acuña destacó especialmente la reducción del 23% en la siniestralidad de motovehículos, fruto del fortalecimiento de los equipos municipales de inspección y capacitación.
Apoyo a la ley de
penas más severas
Consultado sobre el proyecto de ley nacional que busca agravar las penas para quienes provoquen siniestros viales, Acuña fue contundente: «No estamos hablando de accidentes. Estamos hablando de acciones conscientes que terminan con la vida de personas. Tiene que haber consecuencias ejemplificadoras para terminar con estos hechos lamentables».
Desde la provincia, el Ejecutivo acompañó la iniciativa impulsada por organizaciones como Estrellas Amarillas y familiares de víctimas.
«Una persona que elige manejar alcoholizada o sin luces sabe lo que está haciendo. Esa libertad de decisión debe tener un correlato legal acorde», insistió.
Zonas de cobertura
Los dispositivos de control de velocidad se encuentran activos en Resistencia, Puerto Tirol, Colonia Benítez, Machagai, Quitilipi, Colonia Elisa, Capitán Solari, Avia Terai, Basail, Campo Largo, Corzuela, La Eduvigis y La Leonesa, entre otras.
Por ejemplo, en Resistencia, los radares se encuentran en la ruta nacional 16, a la altura de los kilómetros 14,3 y 10, con límites que oscilan entre 60 y 110 km/h. En Colonia Benítez, en la ruta nacional 11, los dispositivos establecen un límite de 60 km/h, tanto en sentido ascendente como descendente.
En Puerto Bastiani, se fijó un máximo de 110 km/h en el kilómetro 34 de la ruta nacional 16.
Cada punto fue definido tras un relevamiento técnico que identificó zonas críticas de siniestralidad, en colaboración con la ANSV.
enfoque preventivo
Desde la Subsecretaría de Seguridad Vial se remarcó que el Plan Integral no se limita al control de velocidad. Incluye también operativos móviles, articulación con áreas de salud y municipios, educación vial y trabajo territorial.
«Estamos abordando el problema desde la raíz. No solo con sanciones, sino también con formación, concientización y equipamiento», afirmó Acuña.
El desafío, según sostuvo el funcionario, es lograr un cambio cultural profundo. «Debemos entender que la calle no es una pista de carreras. Cada infracción es una potencial tragedia. Por eso apelamos a la responsabilidad de todos y todas al conducir», concluyó.