El sector universitario cumplirá esta semana nuevo paro nacional de 48 horas. La medida se llevará adelante el jueves 26 y viernes 27 próximos, e incluirá movilizaciones, abrazos simbólicos y una nueva edición de la Marcha Federal Universitaria.
La convocatoria fue realizada por el Frente Sindical de Universidades Nacionales, junto con el Consejo Interuniversitario Nacional (CIN) y la Federación Universitaria Argentina (FUA).
El reclamo central apunta a la urgente actualización de salarios para docentes y no docentes, y al tratamiento inmediato de una nueva Ley de Financiamiento Universitario.
«Estamos en una situación acuciante. Nuestro presente universitario habla de qué queremos como país», declaró Oscar Alpa, presidente del CIN, durante la conferencia de prensa realizada ayer.
sin aumentos, con recortes y éxodo
Según cifras difundidas por el propio CIN, cerca de 10 mil docentes abandonaron sus cargos desde diciembre de 2023, en su mayoría jóvenes que encontraron otros horizontes laborales.
A su vez, numerosos profesores mayores se jubilaron ante la falta de incentivos y el deterioro de las condiciones de trabajo. El éxodo impactó de lleno en la calidad académica y en la oferta educativa en distintas regiones del país.
«Los jóvenes no encuentran atractivo dar clases. La desinversión y la desvalorización del trabajo académico están destruyendo un sistema que llevó décadas construir», afirmó Pablo Bonavetti, docente de la Universidad Nacional del Comahue.
La situación salarial se deterioró drásticamente, mientras los presupuestos permanecen congelados. El salario inicial de un docente apenas alcanza los $178 mil y las becas estudiantiles no superan los $35 mil.
«La universidad pública está al borde del colapso. Si realmente no se puede pagar la luz o el gas, que se deje de pagar y que se arme el quilombo necesario. No podemos seguir sosteniendo esto con silencio», expresó un dirigente de Conadu Histórica.
los puntos claves
del reclamo
Además de la recomposición salarial, el paro busca visibilizar la necesidad de aprobar una nueva ley de financiamiento universitario.
El proyecto, impulsado por sectores de la oposición en el Congreso, establece que el 1% del PBI se destine al sostenimiento de las universidades públicas, con actualizaciones automáticas por inflación, paritarias abiertas y mayores recursos para becas.
«Este proyecto es fundamental para garantizar el desarrollo del sistema universitario público. Por eso convocamos a toda la comunidad educativa y a la sociedad a sumarse a este reclamo colectivo», expresaron desde Conadu a través de un comunicado.
El tratamiento de la ley está previsto para el miércoles 2 de julio, en una sesión especial solicitada por legisladores opositores. Sin embargo, el presidente Javier Milei advirtió que vetará cualquier norma que contradiga su plan de déficit cero.
Congreso y las calles
La denominada «súper sesión» del miércoles 2 de julio incluirá, además del tratamiento de la ley universitaria, una propuesta de reforma del régimen de decretos de necesidad y urgencia (DNU) y la declaración de emergencia del Hospital Garrahan.
Todos estos puntos son rechazados por el oficialismo, lo que anticipa un escenario de alta tensión parlamentaria y social. «Estamos ante una definición política de fondo. O defendemos el derecho a la educación superior, o convalidamos el ajuste que condena al sistema a la parálisis», expresó Claudia Baigorria de Conadu Histórica.
movilizaciones
en todo el país
Durante las jornadas del 26 y 27, se realizarán clases públicas, actos frente a rectorados, movilizaciones en centros universitarios y un abrazo simbólico al Hospital de Clínicas en la Ciudad de Buenos Aires. Por la tarde del jueves, está prevista una marcha de antorchas frente a la Secretaría de Educación, en el Palacio Pizzurno.
En otras provincias, como Córdoba, Tucumán, Mendoza, Santa Fe y el Chaco, habrá concentraciones simultáneas bajo la consigna «¡Prendete a defender la universidad pública!».
En paralelo, el movimiento estudiantil lanzará una campaña de recolección de firmas para respaldar la ley de financiamiento y visibilizar la crisis del sistema. «Queremos demostrar que la universidad pública no se toca. No es un privilegio, es un derecho», aseguró Antonela Fernández, presidenta de la Federación Universitaria de Buenos Aires (Fuba).
Mientras que desde la Federación Universitaria Argentina (FUA), que nuclea a los centros de estudiantes de todo el país, también expresaron su apoyo a la medida y advirtieron sobre el impacto del ajuste en el acceso y permanencia de los estudiantes en la educación superior. «Cada semana hay más compañeras y compañeros que dejan la cursada porque no pueden afrontar el transporte, los materiales o el alquiler. Defender la universidad pública también es defender el derecho a estudiar», sostuvo Juan Pablo Villanueva, presidente de la FUA.
Según datos recopilados por la federación, en lo que va de 2025 se registró una baja del 17% en la matrícula activa en primer año en varias universidades del conurbano bonaerense, el NOA y el NEA.
El Frente Sindical ratificó la medida
El Frente Sindical de Universidades Nacionales, que agrupa a las federaciones docentes (Conadu, Conadu Histórica, Fedun, UDA, Ctera, Fagdut) y no docentes (Fatun), ratificó el paro tras una serie de reuniones sin resultados con funcionarios del Ministerio de Capital Humano.
«El Gobierno mantiene cerrada la paritaria nacional y no hay voluntad de discutir salarios ni presupuesto», remarcaron en un documento conjunto.
A pesar de la falta de respuestas, el sector universitario redobla su apuesta y lanza una nueva advertencia: si no hay diálogo, las medidas se profundizarán. «La universidad pública no es un gasto, es una inversión social. Y no vamos a permitir que se desmantele», expresó Claudia Baigorria, de Conadu Histórica.
El jueves 26 y viernes 27, las universidades públicas volverán a ser escenario de lucha y organización. Con clases suspendidas y calles llenas, la comunidad universitaria busca dejar un mensaje claro: sin presupuesto, no hay futuro.
Plan de lucha
Estas medidas forman parte de un plan de lucha definido el pasado jueves 5 en el Plenario de Secretarias y Secretarios Generales en el que se evaluó la situación salarial y presupuestaria de las universidades públicas y se definieron las acciones a seguir.
«Dado que los salarios se siguen deteriorando severamente, mientras el Gobierno no solo mantiene cerrada la paritaria nacional universitaria, sino que ha anunciado que el sector público nacional no recibirá ningún aumento, se planteó la necesidad de profundizar el plan de lucha frente al brutal ajuste que lleva adelante el gobierno nacional.
Asimismo, se entendió la importancia de continuar reclamando al Congreso de la Nación que tome cartas en el asunto sancionando una ley que repare la pérdida salarial y presupuestaria, asegurando además la convocatoria a paritarias y la ampliación progresiva del financiamiento necesario para el sostenimiento y desarrollo del sistema universitario, en los términos planteados en el proyecto elaborado por la representación sindical docente y no docente, el movimiento estudiantil y el Consejo Interuniversitario Nacional», anticiparon desde la Conadu Histórica.
Por unanimidad, se resolvió la realización de 48 horas de paro en la semana del 23 al 27. Además de llevar adelante una marcha nacional universitaria con movilizaciones simultáneas en todo el país.
El plenario, además, se solidarizó con la Asociación de Docentes de la Universidad Nacional de Formosa (Adufor) y acompañó la denuncia que el sindicato está realizando, con el apoyo de la Federación, frente a la acción persecutoria de las autoridades de esa casa de estudios.
«Como ha sido públicamente denunciado por Adufor y Conadu, la promoción del juicio académico que recae en estos días sobre más de 40 personas afiliadas al sindicato, constituye una forma de persecución ideológica que lesiona los derechos laborales y las garantías sindicales de la docencia de la Universidad Nacional de Formosa, y que agravia la autonomía y el cogobierno universitario», resaltaron.