La fiscal de Coordinación Graciela Griffith Barreto presentó el requerimiento de elevación a juicio en la causa que investiga presuntas irregularidades en el Instituto de Agricultura Familiar y Economía Popular (IAFEP), organismo creado durante la gestión anterior para promover políticas sociales a través de cooperativas y fundaciones.
El expediente involucra a los exfuncionarios Mauro Andión y María Laura Moreno, quienes se encuentran detenidos con prisión preventiva y están imputados por los delitos de administración fraudulenta y malversación de fondos públicos.
La investigación, iniciada tras la denuncia de la interventora del organismo, Clelia Ávila, permitió identificar un presunto esquema de desvío de fondos estatales hacia cooperativas sin actividad comprobable. La fiscalía reunió documentación, testimonios y evidencia electrónica que darían sustento a la acusación.
En paralelo, una causa de competencia federal investiga el posible lavado de activos vinculados a la operatoria. Según el fiscal federal Patricio Sabadini, se habrían desviado más de $815 millones a entidades como Abriendo Puertas, Brilla Mujer y Solidaridad es una Elección de Vida, entre otras. La maniobra habría consistido en simular contrataciones mediante facturación apócrifa para justificar el egreso de fondos.
El abogado defensor de Mauro Andión, Marco Molero, informó que no apelará el pedido de la fiscalía con el objetivo de avanzar hacia el juicio. No obstante, cuestionó la solidez de la prueba reunida y consideró que se trata de irregularidades administrativas sin relevancia penal. “Las obras que dicen que no existen, sí se hicieron. No hubo enriquecimiento ilícito ni desaparición de fondos, sino fallas en los mecanismos de control interno”, sostuvo.
Desde la intervención del organismo, también se hallaron dispositivos electrónicos con información que podría vincular a otros actores con las maniobras investigadas. “Hay nombres, fechas y montos que coincidirían con causas abiertas y personas detenidas”, explicó el asesor jurídico del IAFEP, Godofredo Pérez Dudiuk.
Ahora, la continuidad del proceso dependerá de si los abogados de los demás imputados presentan recursos. En caso de no hacerlo, el expediente quedará habilitado para iniciar la etapa de juicio oral y público en los próximos meses.