El Tribunal Oral Federal N°2 (TOF 2) decidió postergó para el próximo lunes la lectura de la sentyencia en el juicio por la causa «Mi Pueblo», en la que está acusada la exfuncionaria Aída Ayala por presuntas irregularidades cometidas durante su paso por la Secretaría de Asuntos Municipales de la Nación en 2016.
Junto a Ayala también están imputados sus exasesores Matías Balmaceda y Miguel Ángel Vilte, quienes participaron de forma virtual en la última audiencia. La fiscalía solicitó para los tres una condena de cinco años de prisión, además de la inhabilitación perpetua para ejercer cargos públicos. La causa se originó a partir de la declaración del exintendente de Quitilipi, Sergio Casalboni, quien reconoció su responsabilidad en una serie de contrataciones con sobreprecios, lo que le permitió acceder a un juicio abreviado.
El proceso judicial, que examina el supuesto direccionamiento de fondos estatales durante la administración de Mauricio Macri, se encuentra en su etapa final. La principal acusación contra Ayala sostiene que favoreció contratos con empresas en Quitilipi. En un primer momento, la audiencia de sentencia estaba pautada para el lunes 30 de junio, pero problemas logísticos con uno de los magistrados obligaron a reprogramarla para el 7 de julio.
También se encuentra imputado el empresario Claudio Toledo, quien obtuvo una suspensión del juicio a prueba (probation) al comprometerse a pagar una reparación económica de seis millones de pesos, cumplir normas de conducta durante dos años y abstenerse de volver a contratar con el Estado en Quitilipi.
En la audiencia de la semana que viene, los imputados podrán expresar sus últimas palabras antes de la lectura del fallo final. La causa volvió a poner en discusión el manejo de recursos nacionales en municipios del interior chaqueño y la presunta utilización política de esos fondos.