En un escenario global cada vez más digitalizado, los ciberataques han alcanzado niveles alarmantes. Según el Foro Económico Mundial, nueve de cada diez organizaciones sufrieron al menos un incidente de ciberseguridad en el último año.
Este fenómeno afecta tanto a grandes corporaciones como a pequeñas empresas, gobiernos y ciudadanos comunes.
El impacto económico global de estos delitos digitales es significativo. Se estima que para 2025 los costos derivados de la ciberdelincuencia superarán los USD10.5 billones anuales. Esta cifra incluye daños por ransomware, interrupciones operativas, robos de datos, sanciones regulatorias y perjuicios reputacionales.
La creciente sofisticación de las amenazas digitales exige respuestas más eficaces. La mayoría de los ataques ya no son masivos ni aleatorios, sino dirigidos y planificados, adaptados al perfil de la víctima y diseñados para maximizar el daño económico y operativo.
Entre los delitos más comunes se encuentran el ransomware, el phishing, el fraude financiero y el robo de datos. Cada uno de ellos genera distintos niveles de impacto, pero todos comparten un objetivo: vulnerar sistemas y beneficiarse ilegalmente de esa intromisión.
El informe del Banco Mundial titulado «Economía de la ciberseguridad para los mercados emergentes» expone que América latina y el Caribe se han convertido en una de las regiones más afectadas.
En la última década, los incidentes crecieron allí un 25% anual, superando el promedio mundial del 21%.
LATINOAMÉRICA
EN ALERTA
Este crecimiento en los ciberataques se da en un contexto de transformación digital acelerada. El comercio electrónico se expandió un 280% en diez años, el uso de dispositivos IoT aumentó un 145% y los servicios digitales del Estado se multiplicaron durante la pandemia.
Sin embargo, la inversión en ciberseguridad no acompañó este proceso. En la mayoría de los países de la región, el gasto público y privado en protección digital se mantiene por debajo del nivel requerido para enfrentar estas amenazas.
Los sectores más vulnerables en los países latinoamericanos son los gobiernos. El 30% de los incidentes en la región tiene como blanco instituciones estatales, mientras que en países desarrollados el sector salud aparece como el más atacado, especialmente por ransomware.
El informe destaca que en América latina, solo el 41% de los ataques tiene motivaciones financieras, frente al 73,9% global. Esto indica una mayor presencia de ciberataques con fines ideológicos, políticos o de sabotaje.
Un caso emblemático fue el ataque al gobierno de Costa Rica en 2022 por parte del grupo Conti. El incidente paralizó servicios esenciales y tuvo un costo económico equivalente al 2,4% del PBI nacional.
Según el Banco Mundial, si un país logra reducir sus incidentes anuales de 50 a solo 7, podría experimentar un crecimiento de 1,5 puntos porcentuales en su PBI. Este dato ilustra el impacto directo de la ciberseguridad sobre la economía.
La ARGENTINA,
UNA DE LAS MÁS AFECTADAS
En este contexto, Argentina se ubica entre los países más afectados por la ola de ciberataques. En el primer trimestre de 2025, se registraron más de 262 millones de intentos de intrusión, un 108% más que en el mismo período del año anterior.
En el Foro Tecnológico 2025, realizado en Uruguay, se debatió el uso de inteligencia artificial tanto para perpetrar como para prevenir ataques. Más de 130 expertos analizaron la situación crítica que atraviesa la región, con foco en la vulnerabilidad argentina.
Uno de los casos más resonantes en el país ocurrió en mayo de 2023, cuando el Pami fue víctima de un ataque de ransomware. El episodio afectó la atención médica de millones de afiliados, obligó a suspender servicios online y comprometió datos personales y clínicos.
En abril de 2025, se produjo la mayor filtración de datos sanitarios de la historia argentina. Un grupo delictivo accedió al software «Informe médico» y vendió resultados de estudios médicos de más de 665.000 pacientes en la dark web.
También en diciembre de 2024, tres centros de salud del interior del país fueron atacados con el troyano Fog. Los sistemas quedaron bloqueados, se exigió un rescate y parte de la información continua inaccesible.
Fraude, extorsión y grooming en aumento
Además del ransomware, la Argentina enfrenta una ola creciente de fraudes digitales. Entre ellos, los ataques de phishing y vishing se han vuelto habituales. A través de llamadas falsas o correos electrónicos apócrifos, los delincuentes obtienen datos bancarios y personales.
Otra modalidad en expansión es el fraude vinculado a préstamos falsos. Mediante sitios fraudulentos o mensajes engañosos, se capturan datos de personas que luego son extorsionadas o estafadas mediante deudas inexistentes.
En paralelo, aumentan los delitos sexuales en línea, como el grooming, el ciberacoso y la sextorsión. Estas prácticas afectan especialmente a niños y adolescentes, y suelen producirse a través de redes sociales o aplicaciones de mensajería.
Otras amenazas incluyen ataques DDoS, que colapsan servidores; malware bancario en teléfonos móviles; y campañas de ingeniería social que manipulan a las víctimas para obtener acceso a sistemas sensibles.
Los expertos señalan que la proliferación de datos en redes sociales y el uso masivo de aplicaciones sin medidas de seguridad adecuadas facilitan el accionar de los delincuentes digitales.
Según estadísticas oficiales y de firmas privadas como Kaspersky e IProUP, la ciberdelincuencia se ha convertido en una de las principales preocupaciones en materia de seguridad en el país.
Falta de profesionales y respuestas estructurales
Uno de los factores más críticos es la escasez de profesionales en ciberseguridad. Se estima que a nivel global existe un déficit de 4 millones de expertos, y la Argentina no escapa a esa realidad.
La falta de recursos humanos capacitados limita la capacidad de respuesta tanto del Estado como del sector privado. Muchas organizaciones carecen de equipos técnicos especializados para mitigar ataques o recuperar información comprometida.
A esto se suma una baja cultura digital en amplios sectores de la población. El desconocimiento facilita la propagación de estafas, suplantaciones de identidad y otras formas de fraude.
Frente a este panorama, algunas organizaciones comenzaron a reforzar sus medidas.
Se están implementando sistemas de monitoreo permanente, se promueve la capacitación de empleados y se demanda con urgencia la formación de nuevos perfiles profesionales.
Sin embargo, los expertos coinciden en que aún queda un largo camino por recorrer. La protección digital debe convertirse en una política pública prioritaria, con inversiones sostenidas y campañas de concienciación masiva.