El Órgano de Control Institucional (OCI), dedicado a las investigaciones internas de la Policía del Chaco, detectó presuntas irregularidades en la forma en que se aprobó el curso de entrenamiento en donde se descompensó el oficial, Agustín Duarte, quien posteriormente falleció. El comisario inspector, Miguel A., estuvo a cargo de la capacitación.
Se conoció la primera imputación formal en el marco de la investigación por la muerte del oficial Agustín Duarte, ocurrida el 9 de mayo pasado durante el desarrollo del Curso Básico Nacional e Internacional de Infantería 2025.
El comisario inspector Miguel Darío A., jefe del Departamento Infantería y encargado directo del curso, fue imputado por el OCI por supuestas faltas graves previstas en el Reglamento del Régimen Disciplinario Policial (RRDP), publicó el portal judicial Litigio.
Se le atribuye haber impulsado el proyecto de capacitación sin cumplir con los procedimientos administrativos obligatorios previos a su aprobación.
Según el informe del Órgano, Miguel omitió someter el proyecto a la evaluación técnica de la División Capacitación del Instituto de Educación Superior de Formación Policial, y tampoco canalizó la propuesta por las vías jerárquicas correspondientes, como exige la orden general 05/2022, según el informe.
Esta normativa regula de manera estricta la planificación, presentación y autorización de toda actividad formativa en la Policía del Chaco.
A pesar de que el curso recibió el aval de la Jefatura de Policía y se desarrolló entre el 5 de mayo y el 4 de junio en el Centro de Entrenamiento Policial de Colonia Benítez, el procedimiento habría ignorado todas las etapas reglamentarias que garantizan su viabilidad y seguridad.
FALTA DE
CONTROLES
De acuerdo a lo publicado por Litigio, el jefe de la capacitación tenía a su cargo la supervisión integral de la capacitación: desde la logística, materiales antidisturbios, raciones y personal médico, hasta la implementación del reglamento interno, que establecía exigencias físicas y psicológicas rigurosas para los cursantes.
Su función, señala el informe, no era simbólica, sino de intervención activa y permanente, lo que incrementa su responsabilidad institucional y funcional.
El parte también aclara que cualquier lesión sufrida durante el curso debía encuadrarse como «acto propio del servicio policial», lo que refuerza el deber de diligencia por parte de quienes diseñan y ejecutan estas actividades.
«A. omitió dar cumplimiento a dicho procedimiento reglado, eludiendo las etapas de evaluación técnica y viabilidad, lo que derivó en la aprobación de un curso sin la intervención previa y obligatoria de las áreas técnicas competentes», indica el informe del organismo que dirige Ricardo Urturi.
Y añade que tales conductas «resultan contrarias a los principios de legalidad, jerarquía, responsabilidad y obediencia que deben regir el accionar de todo miembro de la institución policial, máxime cuando se trata de funcionarios con jerarquía superior, como es el caso del comisario inspector A., quien tiene un deber reforzado de conocimiento y respeto por las normativas internas».
Por estos motivos, Miguel A. fue imputado por transgredir el artículo 99° del RRDP -Apartado A, inciso 1, y Apartado B, inciso c-, con las agravantes del artículo 81°, inciso f.
De ser declarado culpable, podría ser sancionado con arresto mayor de diez días o suspensión del empleo, afectando severamente su carrera dentro de la fuerza policial.
EL CASO DUARTE
El 5 de mayo pasado, dos agentes que participaban del curso se descompensaron durante una exigente jornada de entrenamiento.
El recorrido consistía en un trote desde las instalaciones del Instituto de Formación Policial en Resistencia hasta Colonia Benítez, con una pausa en el parque Caraguatá para desayuno e hidratación.
Uno de los afectados fue el oficial principal Agustín Duarte, quien debió ser internado de urgencia en el Hospital Perrando. Murió cuatro días después por una falla multiorgánica derivada de una grave condición renal conocida técnicamente como rabdomiólisis.
El otro agente, el sargento Guillermo Franco fue internado en una clínica privada y, tras recuperarse, recibió el alta.
Duarte, que prestaba servicios en la comisaría de San Martín, integraba el grupo de 47 uniformados que cursaban la capacitación organizada por Agued, con el aval del comisario general José Luis Roveda, director general de Abordaje Territorial.
Tras la muerte de Duarte, el jefe de Policía, Fernando Romero, dispuso la suspensión del curso y se inició una investigación interna para determinar responsabilidades administrativas.
En simultáneo, pese a la gravedad del hecho, la causa penal avanza lentamente. A más de un mes del fallecimiento, no se han tomado testimoniales y el caso continúa caratulado genéricamente como Duarte, Agustín s/muerte. El expediente está a cargo de la fiscal Ingrid Wenner (Fiscalía 1).