A un mes del recambio de autoridades en el Comité Provincial contra la Tortura, proceso que, por primera vez desde su conformación, se realizó mediante concurso público de antecedente y oposición, establecido por ley, conflictos internos empañan la nueva gestión y el funcionamiento del organismo. La no renovación de contratos a seis trabajadores del interior provocó acciones gremiales por parte de la Asociación de Trabajadores del Estado (ATE) Chaco. Si bien un llamado a conciliación obligatoria, generó un impase en las medidas de protesta, esta instancia cayó el martes, cuando ninguna de las autoridades se presentó a la mesa de negociación. «Esta ausencia quedó asentada por acta, como muestra clara del desinterés en llegar a un acuerdo», entendieron desde la entidad sindical.
«Es realmente lamentable la situación, porque el Comité, organismo emblema de derechos humanos, históricamente se caracterizó por su voluntad de diálogo. Es inaudita esta situación, porque ante cada conflicto -puertas adentro y puertas afuera- la prioridad era hallar una solución a través de la negociación», expresó el delegado de ATE Chaco de este organismo, José Farías.
«Además de despedir seis trabajadores y trabajadores, redujeron salarios y reestructuraron arbitrariamente el equipo de trabajo en medio de las reuniones de diálogo», explicó el delegado.
El Comité de Prevención de la Tortura, Otros Tratos y Penas Crueles, Inhumanos y/o Degradantes no cuenta con ley de estructura orgánica, por lo que su plantel de trabajadores está precarizado desde su creación, hace alrededor de nueve años. «Al no haber estructura, las decisiones quedan a discreción. A lo largo de los años se habían contemplado los derechos laborales de las y los trabajadores y consensuados derechos, como por ejemplo la antigüedad, el tener un título, pero todo eso ahora se terminó. Y con esta última decisión, de ni siquiera hacerse presentes, quedó claro que no hay voluntad de nada», agregó.
De las y los titulares del Comité, Kevin Nielsen, Silvina Canteros, Daría Gómez, Ariela Álvarez y Mónica Charole, ninguno se hizo responsable de comparecer ante la mesa de diálogo.
Ante esto «pedimos la reincorporación de las compañeras y los compañeros despedidos. Además, solicitamos el 18% de recomposición salarial, que es el porcentaje otorgado por el Estado provincial, y contratación anual en lugar de que sea por tres meses con el fin de brindar seguridad laboral y algo de estabilidad a las y los trabajadores. Queremos que se respete la experiencia y trayectoria de las y los compañeros», manifestó.
sin respuestas
El secretario general de ATE, Mario Bustamante, recordó que el sindicato realizó dos pedidos a las autoridades para que inicien un proceso de estabilidad laboral, con un contrato anual, y no trimestral como en ese momento; como así también ser alcanzados por la recomposición del empleado público de la provincia. El dirigente gremial aseguró que como respuestas recibieron las noticias de las bajas de los trabajadores del interior y la decisión de reducir a un mes la renovación de los contratos. «Han tomado la decisión de despedir a trabajadores, esto sin ningún motivo. Es de suma gravedad lo que están haciendo y también la de someter al resto de los trabajadores a una contratación mensual».
Los trabajadores entendieron que estas decisiones de la actual gestión tienden a «vaciar el organismo y desterritorializar la política de DDHH», atento que, en principio, el personal sin continuidad laboral pertenece al interior de la provincial por lo que habrá menos acceso para la población. «En el interior no van a tener la misma oportunidad de acceder que quien vive en Resistencia», apuntó.
También recordaron que dos autoridades actuales del Comité, Ariela Alejandra Álvarez y Darío Edgardo Gómez, cuando estaban al frente de la anterior gestión en 2019, fueron denunciados por el personal de la institución por persecución laboral, acoso laboral, violencia institucional y discriminación. Desde ATE Chaco se impugnó su postulación para una nueva designación, pero el reclamo fue desestimado.
La modificación de la ley que creó el Mecanismo Provincial de Prevención de la Tortura, de acuerdo a los criterios establecidos por el Protocolo Facultativo para Prevención de la Tortura de la Organización de Naciones Unidas (ONU) a fines de 2020, fue la base del concurso público de antecedentes y oposición para la selección de los miembros que concluyó este jueves con la asunción de las nuevas autoridades.
Esta fue la primera vez que el CPTCH estará conformado íntegramente por representantes de organizaciones de la sociedad civil, que fueron elegidos por un tribunal examinador externo en base a criterios que garanticen la independencia de sus integrantes, la paridad de género y la participación de los pueblos indígenas. Es decir, ya no habrá comisionados por los poderes Ejecutivo, Legislativo, ni Judicial.
El CPTCH, dentro del mecanismo provincial, tiene como finalidad «fortalecer la vigencia y el cumplimiento de los derechos y garantías de las personas que se encuentren privadas de su libertad velando por el mejoramiento de las condiciones de detención de éstas y, reforzar la protección de las mismas contra todo tipo de trato o penas prohibidas por nuestra legislación vigente y las normas internacionales, así como procurar la prevención y el logro de la erradicación de la tortura y otros tratos o penas crueles inhumanos o degradantes.