El reciente y violento episodio, que culminó con la renuncia de una docente de segundo grado tras ser agredida verbalmente por una madre, reaviva el reclamo de la comunidad educativa de la Escuela Normal por la aplicación efectiva de la Ley 3145-J y la urgencia de medidas que garanticen la seguridad de maestros y alumnos.
Padres y tutores de alumnos de la Escuela Normal «Sarmiento» de Resistencia han expresado su profunda preocupación y ponen en agenda la Ley Provincial Nro. 3145-J, recientemente sancionada, que establece sanciones por «ofensas» a trabajadores de la educación y la salud.
Una grave situación de violencia escolar sacude nuevamente a la Escuela de Educación Primaria N.º 1007 “Normal Sarmiento” de Resistencia. Este viernes, la comunidad educativa se vio conmocionada por la renuncia de una docente de segundo grado, quien decidió alejarse de su cargo tras ser agredida verbalmente por la madre de uno de sus alumnos. El incidente, motivado por un reclamo sobre la cantidad de tarea asignada, ha encendido las alarmas y reavivado el clamor de padres por mayor seguridad y la aplicación efectiva de la Ley Provincial Nro. 3145-J.
Según testigos y el relato de otros padres, la agresión verbal fue el detonante para que la maestra, «muy querida por la comunidad escolar», presentara su renuncia inmediata. «No es la primera vez que pasa. Es la tercera vez que nuestros hijos se quedan sin maestra por esta misma mamá», denunció Ana Silvia Portillo, una de las madres voceras del grupo de padres que este lunes se acercó a la institución para exigir medidas concretas.
La preocupación de las familias no es nueva. Según relataron, vienen alertando a las autoridades desde el año pasado por episodios reiterados de hostigamiento y amenazas por parte de la misma mujer. «Nos sentimos en peligro, nuestros hijos, los docentes, todos. Queremos que esta señora no vuelva a entrar libremente a la escuela», expresó Portillo, visiblemente afectada.
En diálogo con la prensa, varios padres afirmaron que la docente agredida se sintió expuesta y desprotegida, lo que la llevó a tomar la difícil decisión de alejarse del cargo. «Hablamos con ella y estaba angustiada. Se fue para proteger su integridad física y su carrera profesional. Hoy nuestros chicos no tienen suplente y siguen perdiendo días de clase», sostuvieron, evidenciando el impacto directo en el aprendizaje de los alumnos.
La comunidad escolar reclama que el Ministerio de Educación intervenga con urgencia y garantice un entorno seguro tanto para los docentes como para los alumnos. Asimismo, la situación pone el foco en la necesidad de que se investigue la conducta violenta de la madre denunciada, y que se apliquen las sanciones correspondientes que contempla la reciente Ley 3145-J, que justamente busca proteger al personal educativo de este tipo de agresiones.
«Este no es un problema con el niño. El problema es la actitud violenta de la madre, que incluso ha tenido comportamientos agresivos con su propio hijo. No podemos naturalizar esto», subrayaron los padres, haciendo hincapié en la importancia de establecer límites claros y actuar con firmeza ante la violencia.
Mientras tanto, las clases del segundo grado continúan interrumpidas, y el aprendizaje de los niños, seriamente afectado. «Ya cambiaron tres veces de maestra este año. Están muy atrasados», lamentaron.
Desde la institución aún no emitieron un comunicado oficial. En tanto, los padres aseguran que seguirán acompañando a la docente agredida y exigiendo que regrese «con todas las garantías de seguridad». El caso pone en evidencia la necesidad urgente de revisar los protocolos escolares ante situaciones de violencia y reabre el debate sobre la aplicación efectiva de la normativa vigente para proteger a quienes día a día construyen la educación.
Qué dice la ley
La Ley Provincial N° 3145-J del Chaco, sancionada el 4 de junio de 2020, es una modificación a la Ley 850-J (anteriormente Ley 4209), que es el Código de Faltas de la Provincia. Su objetivo principal es establecer sanciones por ofensas a trabajadores de la Educación y de la Salud en cumplimiento de sus funciones.
Los artículos clave que incorpora esta ley, y que son los que generan más debate, son:
Artículo 44 Bis: Ofensa personal a trabajadores de la Educación dentro del Establecimiento Educativo.
Establece que si el padre, tutor, curador o persona con parentesco de un alumno «hostigue, maltrate, menosprecie, insulte, perturbe emocional e intelectualmente o de cualquier otro modo ofendan a un trabajador de la educación dentro del establecimiento educativo, sea público o privado», será sancionado con multa de hasta 2 salarios mínimos, vital y móvil o arresto de hasta 10 días.
Las sanciones se elevan al doble en su mínimo y máximo cuando las contravenciones se cometan «frente o en presencia de los alumnos».
También introduce la «Responsabilidad indirecta de los padres, tutores y curadores»: Cuando un alumno menor de edad agreda en forma personal y directa (con insultos, mofas o señas) a personal directivo, docente y no docente de los establecimientos educativos (públicos o privados), y siempre que el hecho no constituya un delito, sus padres, tutores y curadores serán sancionados con multa desde uno hasta dos salarios mínimos vital y móvil.
Artículo 44 Ter: Ofensa a personal médico, enfermero, personal de ambulancia o agentes sanitarios.
Prevé sanciones para quienes «ofendan o agredan físicamente –sin causar lesiones– y/o verbalmente con gritos e insultos a médicos, enfermeros, personal de ambulancias o agentes sanitarios» en el ejercicio de sus funciones.
En resumen, la Ley 3145-J busca brindar un marco legal para proteger a los trabajadores de la educación y la salud de agresiones verbales o de otro tipo, estableciendo multas económicas e incluso penas de arresto para quienes infrinjan estas disposiciones, extendiendo la responsabilidad a los padres en el caso de acciones de sus hijos menores.
Fotos: Osvaldo Salvador Ramírez.