El fiscal de Investigación N.º 1 de Presidencia Roque Sáenz Peña, César Collado, brindó detalles sobre el avance de la causa que investiga la captación, extorsión y amenazas sufridas por un niño de 12 años a través de redes sociales.
En diálogo con radio La Red de Sáenz Peña, explicó que la causa sigue abierta y con nuevas diligencias previstas para los próximos días.
“Es una investigación incipiente y estamos trabajando lógicamente en relación a eso. En función de ello no puedo brindar grandes detalles”, aclaró el fiscal, aunque confirmó que “estan trabajando para determinar si hay alguna ramificación de las personas que podrían integrar parte de una banda”.
La causa se inició el 10 de mayo, tras la denuncia de una madre que notó cambios en el comportamiento de su hijo. Según el relato del fiscal, “la mamá dio cuenta ante la Dirección de Investigaciones de que lo había notado raro a su hijo y que pudo acceder al teléfono de él. El chico, menor de 12 años, le contó que, a través de una cuenta de Instagram y otras redes sociales, tomó contacto con una persona que se hacía pasar primero por una mujer, por una menor. Luego, mediante engaños, lo fueron coaccionando para que enviara material íntimo».
A partir de ese testimonio, se inició una investigación con participación del Departamento de Metodología de la Investigación de la Policía del Chaco, el área de Cibercrimen y colaboración técnica de la Policía de la Ciudad de Buenos Aires. Además, se dio aviso a organismos internacionales especializados en la protección de los derechos de niños, niñas y adolescentes.
“Se hizo un barrido de redes sociales, Instagram, TikTok, se cruzaron datos de líneas telefónicas, IP, domicilios, emails y se establecieron las identidades y ubicaciones de los presuntos autores”, explicó Collado. Con esos elementos, el equipo fiscal solicitó órdenes de allanamiento que fueron ejecutadas el lunes 7 de julio.
En los procedimientos, se secuestraron “varios objetos que son de suma importancia para la causa, elementos probatorios”, y se concretaron las detenciones de un hombre y una mujer. Ambos son residentes del barrio Monseñor de Carlo. “La señora está detenida en la Comisaría de la Mujer y el masculino está en la Comisaría Tercera”, precisó.
Collado adelantó que “el jueves van a estar a disposición de este equipo fiscal, se les va a designar abogado defensor y el viernes estarían en condiciones de recibir declaración en carácter de imputados, de indagatoria”.
El fiscal también anticipó las posibles figuras penales en juego. “La calificación legal podría fluctuar entre corrupción de menores (artículo 125), distribución de material (artículo 128) y acoso virtual (artículo 131 del Código Penal)”. A esto se suma un agravante: “En un momento el menor deja de mandar material y, a través de su línea, una voz masculina lo amenaza de muerte diciéndole que sabe en dónde vive, que conoce su familia. Ahí es que este chico entra en pánico. Eso es un componente agravante, la amenaza, la coacción”.
La investigación también cuenta con una prueba clave entregada por la madre de la víctima. “Preservando el derecho a la intimidad y la vida privada, hizo entrega voluntaria del celular del niño ante Investigaciones, bajo acta, bajo testigo, con toda la formalidad y el protocolo”, detalló Collado. Ese dispositivo fue analizado por el equipo de Cibercrimen. Además, “uno de los familiares que estuvo presente en el allanamiento, que no está involucrado, hizo entrega voluntaria de un teléfono que uno de los sospechosos descartó al momento de la irrupción policial”.
Como mensaje final, Collado dirigió una advertencia a las familias: “Pedirle a los papás, a las mamás, a los tutores que controlen a los chicos con el tema de las redes sociales, que vean los cambios de actitud, que hablen, porque la perversidad está en todos lados y hay gente que lucra con esto en detrimento de la integridad sexual de los menores”.
La investigación continúa y no se descarta que en los próximos días surjan nuevas medidas judiciales. Según indicó el fiscal, si se consolidan los elementos que apuntan a la coacción y la amenaza, “estaríamos en condiciones de dictar prisión preventiva”.