Tras casi diez días detenido, D.R.V. pudo regresar a su casa. El jubilado chaqueño, acusado de amenazar en redes sociales al presidente Javier Milei, al primer ministro israelí Benjamín Netanyahu y a periodistas oficialistas, ya se encuentra en su domicilio de Resistencia junto a su familia.
La decisión fue adoptada el viernes por el titular del Juzgado Criminal y Correccional Federal 4, Ariel Lijo, en cumplimiento de lo dispuesto por la Sala 1 de la Cámara Nacional de Apelaciones en lo Criminal y Correccional Federal de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.
En su resolución -que publicó el portal judicial Litigio-, los jueces Bruglia y Bertuzzi denegaron la excarcelación solicitada por la defensa de D.R.V. -representado por Ignacio Funes Peralta, abogado vinculado al dirigente Juan Grabois-, pero accedieron a morigerar las condiciones de detención.
Los camaristas impusieron una serie de restricciones adicionales para garantizar los fines del proceso: prohibieron su salida del país, ordenaron la retención del pasaporte y dispusieron la instalación de un sistema de rastreo para controlar su ubicación de forma continua.
Ese mismo viernes, D.R.V. fue trasladado a su casa, escoltado por dos policías. Según pudo saber Litigio, las condiciones del arresto domiciliario no fueron del todo claras, ya que no se le habría entregado copia de la resolución judicial. Incluso, su familia manifestó dudas respecto a si podía o no salir del domicilio.
EL ARRESTO
D.R.V. fue detenido el 2 pasado por personal de la Sección de Relevamiento en Investigaciones Complejas, dependiente de la División de Delitos Tecnológicos Complejos de la Policía de la Ciudad de Buenos Aires, tras tareas de ciberprevención.
En una de esas investigaciones detectaron las publicaciones del usuario Elpidio Sánchez, desde donde se habrían difundido los presuntos amedrentamientos.
Durante el procedimiento, se incautaron una carabina calibre 22 y cuatro armas de aire comprimido.
Tras su detención, fue alojado en una oficina de la comisaría Tercera de Resistencia, sin cama, colchón, elementos básicos ni acceso a sanitarios.
No contaba con defensa legal, desconocía los cargos en su contra y lo único que recibió por parte de los agentes fue la advertencia de ser trasladado a Buenos Aires, lejos de su familia.
Ante esta situación, el Comité para la Prevención de la Tortura del Chaco presentó un hábeas corpus correctivo ante la jueza Zunilda Niremperger.
El organismo solicitó el cese del agravamiento en sus condiciones de detención y que el imputado comparezca con urgencia ante el juez de la causa para conocer la imputación en su contra.
MEDIDAS
La magistrada hizo lugar al pedido y ordenó una serie de medidas: instruyó a la Policía del Chaco a garantizar condiciones básicas de habitabilidad (cama, colchón, baño e higiene), brindar atención médica inmediata por su hipertensión crónica, permitir el contacto irrestricto con su defensa y evitar toda exposición mediática indebida que pudiera vulnerar su dignidad e integridad.
Luego de esta resolución, D.R.V. fue trasladado a la sede que la Policía Federal posee en el centro de Resistencia.
Allí su situación mejoró: recibió atención médica, accedió a su medicación, pudo dormir en una cama y recibir visitas familiares.