La senadora nacional María Inés Pilatti Vergara presentó una serie de iniciativas legislativas en el Congreso para restituir las garantías territoriales de los pueblos originarios, luego de la derogación de la Ley 26.160 mediante el Decreto de Necesidad y Urgencia 1083/2024.
«La decisión del Gobierno de eliminar por decreto las garantías territoriales que protegían a las comunidades indígenas no solo es inconstitucional, sino que representa un retroceso histórico, político y moral», manifestó Pilatti Vergara.
Por una deuda histórica que se proyecta al presente, la legisladora chaqueña presentó una serie de proyectos para frenar los desalojos y restablecer la vigencia plena de las protecciones legales que amparan a más de 1.600 comunidades en todo el país.
«Sin territorio no hay derechos, y sin derechos no hay justicia. Estamos ante un retroceso que pone en riesgo siglos de identidad y resistencia», declaró Pilatti Vergara.
Los proyectos
Un proyecto de declaración que manifiesta preocupación institucional ante el levantamiento de la emergencia territorial indígena y reafirma el compromiso con el artículo 75, inciso 17 de la Constitución nacional y los tratados internacionales de derechos humanos.
Un proyecto de comunicación que solicita al Poder Ejecutivo garantizar la continuidad del relevamiento territorial previsto por la Ley 26.160 y suspender los desalojos de manera inmediata.
Un proyecto de ley que propone la derogación del DNU 1083/2024 y la restitución de la Ley 26.160, prorrogándola hasta noviembre de 2029.
Esta norma debe ser complementada con una ley que restituya expresamente la vigencia de las garantías territoriales, ya que sin ello las comunidades indígenas quedan desprotegidas legalmente.
Además, «derogar el DNU no alcanza. La doctrina jurídica es clara: una ley derogada no revive por sí sola. El Congreso debe votar una nueva norma que reinstaure o reemplace a la 26.160, o estaremos dejando un vacío legal que se llena con desalojos y violencia», explicó Pilatti Vergara.
Un decreto que viola derechos
El DNU 1083/2024 fue dictado a fines de 2024 sin consulta previa ni debate legislativo. Suprime la prórroga de la emergencia territorial indígena y anula el relevamiento técnico, jurídico y catastral que protegía a las comunidades. Esta eliminación provocó decisiones judiciales que reactivaron órdenes de desalojo, como el reciente caso de la comunidad qom Añi Alba en el Chaco.
«El Gobierno utilizó un decreto para vaciar una ley aprobada por amplia mayoría, vigente desde hace casi dos décadas. Lo hizo sin debate parlamentario, sin consulta a los pueblos originarios, violando la Constitución y compromisos internacionales», declaró la legisladora y agregó que «la emergencia territorial no solo no cesó, sino que se agravó. Este DNU legaliza el despojo».
Ataque a derechos constitucionales
«Esto no es un tecnicismo ni una mera discusión legislativa: es un ataque directo al derecho de los pueblos indígenas a vivir en sus territorios, reconocidos desde hace siglos y ratificados por el Estado argentino», denunció la senadora.
Asimismo, la legisladora recordó que el artículo 75, inciso 17 de la Constitución nacional reconoce la preexistencia étnica y cultural de los pueblos indígenas y garantiza su derecho a la posesión y propiedad comunitaria de las tierras tradicionalmente ocupadas. Ningún decreto puede anular este mandato constitucional.
«Derogar por decreto una ley como la 26.160 no es solo inconstitucional, es también inmoral», enfatizó Pilatti Vergara y añadió que «hablan de institucionalidad y se saltan al Congreso. Hablan de libertad y están desalojando comunidades con siglos de historia. Están rompiendo el pacto democrático para entregar la tierra a intereses privados».
El relevamiento territorial
El relevamiento territorial previsto por la Ley 26.160 no es un trámite administrativo: es el único escudo legal para que una comunidad indígena no sea desalojada. De hecho, la senadora denunció que el relevamiento -la única herramienta institucional para resolver los conflictos de tierras- fue paralizado arbitrariamente.
«No era un gesto simbólico: era la garantía para que las comunidades no sean criminalizadas ni desplazadas por la fuerza», explicó.
Una deuda histórica
Para Pilatti Vergara, está en juego mucho más que un marco normativo: es el modelo de país que queremos construir.
«No vamos a permitir que se imponga la lógica del despojo disfrazada de tecnocracia. La historia, la justicia y la Constitución están de nuestro lado. Esta deuda con los pueblos originarios no puede seguir postergándose», concluyó.