La asesora legal de Salud Mental de la provincia del Chaco, Verónica Cañete, advirtió sobre el impacto de las redes sociales, el consumo problemático y el aumento de las autolesiones en adolescentes, y reclamó acompañamiento adulto y abordajes individualizados.
La adolescencia es una etapa clave en la construcción de la identidad, pero también una de las más vulnerables frente al entorno digital, los desafíos del consumo y las problemáticas de salud mental. Así lo expresó la Dra. Verónica Cañete, asesora legal del área de Salud Mental del Ministerio de Salud Pública del Chaco, quien remarcó la preocupación que generan los cuadros que involucran a jóvenes.
«Hoy el consumo atraviesa todos los sectores, pero especialmente nos preocupa en los adolescentes. A pesar del trabajo preventivo que hacemos en las escuelas, los casos se incrementan», señaló la funcionaria. «Quizás también porque estamos haciendo más visible el tema, estamos llegando más lejos y eso permite detectar más casos», añadió.
En declaraciones a Radio Natagalá, Cañete hizo hincapié en que muchas familias se enfrentan a limitaciones legales cuando buscan ayuda urgente. «La Ley de Salud Mental prohíbe las internaciones compulsivas. Por eso, aunque una madre o un amigo pida que internemos a alguien, no se puede hacer automáticamente. Requiere una evaluación profesional y un abordaje integral», explicó. «Solo en casos extremos, con una clara descompensación y la intervención del equipo tratante, se puede llevar adelante una internación involuntaria, que después pasa por un control de legalidad».
En cuanto a los tratamientos disponibles, recordó que «dentro del sistema público no hay instituciones cerradas. Por ejemplo, la UIG, es una comunidad terapéutica de puertas abiertas. Si la persona no sostiene el tratamiento, se puede ir. Por eso es tan importante que el acompañamiento sea voluntario y constante».
Adolescencia y autolesiones:
una alarma creciente
Uno de los puntos más sensibles que abordó Cañete fue el fenómeno de las autolesiones en adolescentes, una conducta que, según afirmó, está en aumento. «Lo venimos tratando en la Mesa Intersectorial de Prevención del Suicidio. El acceso sin límite a las pantallas y redes sociales, sin supervisión adulta, es un factor de riesgo importante», advirtió. «Es ahí donde aparecen situaciones de bullying, de ciberacoso, y de desafíos virales que a veces terminan en conductas autodestructivas».
Consultada sobre el impacto psicológico que tiene la exposición constante a modelos de vida idealizados, Cañete fue contundente: «Los adolescentes hoy viven en una realidad paralela creada por las redes sociales. Ven la mejor zapatilla, el mejor auto, la mejor playa, el cuerpo perfecto, y sienten que todo eso es inalcanzable. Eso genera una enorme frustración».
Sin embargo, aclaró que no todos los casos son iguales y que no se puede generalizar: «Podríamos decir que existe una frustración generalizada, pero cada adolescente es un mundo. Desde la dirección trabajamos caso por caso, porque cada uno tiene un entorno distinto, una historia distinta, y necesita un abordaje diferente».
Para Cañete, el rol de los adultos es clave. «El acompañamiento es fundamental. No se trata solo de controlar, sino de estar presentes, de generar un vínculo, de dar herramientas. La salud mental de nuestros adolescentes no puede abordarse solo desde el sistema sanitario; tiene que ser una responsabilidad compartida entre la familia, la escuela y toda la sociedad», explicó.
«Si bien trabajamos principalmente con adultos, lo que más estamos viendo es una gran demanda en adolescentes. Por eso es fundamental la prevención, ir a las escuelas, a los barrios, y estar presentes», afirmó Cañete.
En ese marco, destacó la labor de la guardia remota, un servicio que funciona las 24 horas para brindar asesoramiento y contención: «No es necesario que llame la persona afectada. Puede hacerlo un familiar, un amigo o un vecino. El equipo que atiende esa guardia me comentó que la mayor cantidad de consultas actuales tiene que ver con casos de autolesiones en adolescentes».
Cañete: «La salud mental debe
tener un enfoque integral»
Verónica Cañete subrayó la importancia de una mirada integral y comunitaria en la implementación de políticas públicas en esta área. Explicó: «La ley establece que la salud mental es una protección de derechos de las personas con padecimientos mentales. Tanto la legislación nacional como la provincial promueven un enfoque integral, comunitario. Nuestro trabajo es proteger a los usuarios de todos los dispositivos de salud mental, en todos los hospitales donde se atienden».
Al ser consultada sobre el presupuesto destinado al área, señaló que «la provincia tiene un presupuesto asignado, aunque no sabría decir el porcentaje exacto. Contamos con 14 dispositivos desde la Dirección de Salud Mental, que incluyen servicios ambulatorios y habitacionales. Cada uno tiene recursos para garantizar medicamentos, laboratorios comunitarios, talleres y articulaciones con los ministerios de Salud, Educación y Cultura, así como con fondos fiscales».
Formación y especialización
de los equipos
Respecto a la capacitación de los equipos que trabajan en el área, Cañete remarcó que se trata de profesionales con formación específica: «Los equipos de salud mental tienen especializaciones: enfermeros, psicólogos y otros profesionales se forman en temáticas como consumo problemático, violencia de género o atención infanto-juvenil. Por ejemplo, el centro Juan Bautista Alberdi está destinado al abordaje de niños, niñas y adolescentes, con personal capacitado en esas franjas etarias».
Abordaje legal y
consumo problemático
Desde el área legal, explicó que también hay una alta demanda: «No trabajamos sólo con los dispositivos, sino también desde una mirada integral con las familias. Un ejemplo es el programa Fortaleza, que interviene en casos de consumo problemático de sustancias. Allí se abordan tanto la asistencia psicoterapéutica como la vulnerabilidad social que estas situaciones conllevan».
En ese sentido, aclaró que «según la Ley Nacional de Salud Mental, las internaciones involuntarias están prohibidas. Por eso, debemos trabajar previamente para que las personas ingresen voluntariamente. Se hace un abordaje comunitario, junto a las familias, vecinos y redes de apoyo, para lograr una intervención con consentimiento».
Cañete indicó que estos casos se atienden especialmente en dispositivos como el CITA (Centro Integral de Tratamiento de Adicciones) y la Unidad de Intervención en Grupos (UIG), donde «hay equipos preparados para acompañar a los usuarios en situaciones críticas».