El presidente de La Libertad Avanza en el Chaco, Alfredo Capi Rodríguez, se manifestó en defensa de los balcones gastronómicos instalados por bares y restaurantes de Resistencia, y criticó la decisión del municipio de exigir su remoción. «Las pymes siempre pagan los platos rotos de la burocracia y la intervención excesiva del Estado», aseguró.
Rodríguez apuntó contra «el capricho regulador» que atenta contra quienes invirtieron en momentos difíciles. «Estos balcones fueron habilitados en pandemia, cuando nadie sabía si un bar iba a sobrevivir al mes siguiente. Muchos empresarios apostaron con recursos propios.
Hoy, sin haber amortizado esa inversión, se pretende arrancarles de un plumazo una herramienta clave para sostener sus ingresos y sus empleados», dijo.
El dirigente además cuestionó la falta de diálogo. «No se puede gobernar desde un escritorio con miedo a la calle. Primero hay que hablar con el que produce, con el que invierte, con el que arriesga. Después vemos qué ajustar. Lo que no se puede hacer es cambiar las reglas de juego con la excusa del tránsito, cuando todos sabemos que esto no afecta ni el 0,1% del espacio de circulación de Resistencia», aseveró.
También respaldó los reclamos de los empresarios gastronómicos que alertaron que la medida pondría en riesgo entre 80 y 90 puestos de trabajo. «¿Cuál es la prioridad del municipio? ¿Ordenar un par de cuadras o proteger el empleo? Hay que pensar en grande, dejar de castigar al privado por hacer las cosas bien y empezar a alentar el crecimiento con libertad».
Desde su espacio político, Rodríguez ratificó que La Libertad Avanza, «de la mano de nuestro presidente Javier Milei, cree en el libre comercio, en la oferta y la demanda, y en una sociedad que regula por sí misma lo que funciona o no». Y remarcó: «Si los balcones sirven, si dan trabajo, si embellecen la ciudad y la gente los elige, ¿por qué deberían prohibirse? El Estado tiene que acompañar, no entorpecer».
Por último, Rodríguez lanzó un mensaje claro: «El comerciante que puso su plata para levantar una estructura que cumple una función social y económica no puede ser perseguido. Esto no es solo una pelea por unas mesas.
Es una pelea por el sentido común, por el respeto a quien apuesta por su ciudad. Resistencia no puede seguir castigando a quienes invierten y generan trabajo».
