El fiscal federal, Patricio Sabadini, solicitó este lunes la ampliación del requerimiento de instrucción y la citación a declaración indagatoria de Alfredo “Capi” Rodríguez, actual director de ANSES Chaco y presidente de La Libertad Avanza en la provincia. El pedido se basa en una extensa investigación que expone una presunta estructura de extorsión y falsedad documental con fines político-partidarios.
Según la Fiscalía, Rodríguez habría conminado a empleados de ANSES y PAMI a realizar aportes económicos al partido, bajo la amenaza de perder su empleo o no acceder a cargos vacantes. Además, se lo acusa de falsificar fichas de afiliación partidaria para alcanzar el número de adherentes necesarios para obtener la personería jurídica del espacio.
“Nos encontramos en condiciones de afirmar que de las 45 personas que han sido citadas a declarar como testigos, un número elevado de ellas, el cual asciende a 39, han manifestado no haberse afiliado al partido”, advirtió el fiscal. En su mayoría, los testigos son personas de edad avanzada, con baja escolaridad o con condiciones médicas que les impedían firmar por sus propios medios, como cuadros de demencia senil o enfermedades motrices.
El pedido de indagatoria sostiene que Rodríguez abusó de su condición de funcionario público, utilizando su acceso a bases de datos sensibles del ANSES para obtener copias de DNI y así rellenar fichas de afiliación sin consentimiento. Para la investigación, Rodríguez no solo dirigía el armado partidario, también lo hacía desde su rol de funcionario con acceso privilegiado a datos personales, lo que agrava la maniobra.
Entre las pruebas reunidas se encuentran declaraciones testimoniales de exmilitantes, empleados y autoridades del propio partido, quienes relataron una trama de afiliaciones truchas, exigencias de dinero y designaciones en cargos públicos a cambio de lealtad partidaria. Incluso, según relató una testigo, los fondos eran girados a la Fundación Ideas de Libertad, supuesta pantalla financiera de la organización.
Además del delito de falsedad ideológica de instrumento público (art. 293 del Código Penal), el fiscal acusa a Rodríguez por abuso de autoridad y violación de los deberes de funcionario público (art. 248), y solicitó que se avance en la responsabilidad de otros involucrados.
La causa comenzó con una denuncia periodística, pero fue tomando cuerpo a partir de numerosas declaraciones espontáneas y pedidos de informes a ANSES, PAMI y la Justicia Electoral Federal.