La secretaria general de Codiunne, Marisu Liwsky, destacó la importancia de la sesión que tuvo lugar en la Cámara de Senadores, donde se volvió a aprobar un proyecto de financiamiento universitario.
Según afirmó, la iniciativa marca «un hito en la defensa de la universidad pública», aunque anticipó que la comunidad educativa se prepara para resistir un eventual veto presidencial.
«La sesión fue maratónica. Pensábamos que recién se iba a tratar la semana que viene, y nos tomó por sorpresa, una buena sorpresa.
Ahora lo que estamos haciendo es organizarnos para lo que viene después. Si hay veto, va a haber marcha, esa es la realidad», señaló.
Plan de lucha y movilizaciones
La dirigente universitaria remarcó que las dos federaciones que nuclean a los sindicatos de la Unne decidieron sostener y profundizar el plan de lucha.
«Seguimos atravesando los mismos problemas en las universidades. El Gobierno ya anunció que va a vetar la ley, y eso nos lleva a una nueva marcha en defensa de la universidad pública. Será la tercera gran movilización, y marchas que al Gobierno no le gustan porque muestran en las calles que la educación no se negocia», enfatizó.
Liwsky aseguró que, pese a los intentos oficiales de frenar la participación de los rectores en el conflicto, la convocatoria a movilizarse será inevitable.
«Durante el primer semestre el Gobierno trató de obturar la posibilidad de adhesión de los rectores del Consejo Interuniversitario Nacional (CIN). Pero ahora ya es inevitable.
La semana que viene, el 28 y 29, se reunirán en Rosario para renovar autoridades, y allí se definirán las fechas de la marcha, que convocaremos los sindicatos», explicó.
El debate por el financiamiento
En relación con el contenido del proyecto aprobado en el Senado, Liwsky explicó que la iniciativa garantiza presupuesto genuino para el funcionamiento de las universidades, en reemplazo de partidas prorrogadas desde 2022.
«Lo que garantiza es que las universidades tengan un presupuesto real y no ese presupuesto amañado y discrecional que está mandando el Gobierno, prorrogado de la ley de 2022 para funcionar en 2023. Además, obliga al Gobierno a sentarse en paritarias con docentes y no docentes, algo que este Gobierno dinamitó.
Hoy los aumentos se fijan de manera unilateral, cuando quieren y como quieren. Esta ley obliga a recomponer de manera digna el salario», sostuvo.
También desmintió los cuestionamientos sobre supuestas irregularidades en el manejo de fondos universitarios.
«Las universidades son de las instituciones más auditadas del país. Estamos controlados por la Auditoría General de la Nación, la Sigen, auditores internos y evaluaciones periódicas de carrera docente. Ese intento de desprestigio no caló, porque la universidad pública tiene una enorme credibilidad en la sociedad argentina», subrayó.
Movilización federal y plan de lucha
La secretaria general de Codiunne confirmó que continuarán los paros rotativos y que se prepara una marcha federal para replicar el apoyo conseguido en movilizaciones anteriores.
«Esta semana y la próxima seguimos con paros rotativos: el martes 26 y miércoles 27, y luego el 1 y 2 de septiembre. La idea es organizarnos para una convocatoria federal, marchar en cada lugar donde haya una universidad. Queremos ampliar el apoyo porque este Gobierno no escucha.
No se lo votó para que ataque a las universidades, a los jubilados, a los discapacitados ni al Garrahan», expresó.
Finalmente, Liwsky reconoció el cansancio de la comunidad universitaria tras más de un año de conflicto, pero aseguró que no bajarán los brazos: «Hace un año y medio que estamos en este conflicto. Hay desgaste, pero vamos a sacar fuerzas de donde se pueda. La universidad pública se defiende, y vamos a estar donde tengamos que estar».