El Ministerio de Educación del Chaco confirmó ayer sobre la detección de graves irregularidades en el sistema de liquidación de haberes docentes.
La ministra Sofía Naidenoff, acompañada por todo su gabinete, brindó una conferencia de prensa en la Casa de Gobierno, donde calificó la situación como un ejemplo de «desidia en el sistema» y en el manejo de los fondos durante gestiones anteriores.
Según lo expuesto, la investigación interna reveló que existen docentes fallecidos que continuaban cobrando sueldos, incluso en casos posteriores a varios años de su muerte. También se identificaron situaciones en las que docentes que residen en el extranjero -con destinos como Australia, España, Colombia o Dubai- mantenían activos sus haberes provinciales.
Asimismo, Naidenoff explicó que el origen de la auditoría responde al mandato del gobernador Leandro Zdero de ordenar las áreas administrativas. Sin embargo, el trabajo se amplió cuando comenzaron a recibirse denuncias de docentes en ejercicio, quienes manifestaron que existían colegas que percibían salarios sin prestar servicios en la provincia.
De acuerdo con la información oficial, se realizaron presentaciones judiciales para dar curso a las irregularidades detectadas.
En paralelo, el Ministerio avanza en la elaboración de un cuadro detallado sobre la situación de licencias en todo el sistema, con el objetivo de distinguir entre el uso legítimo de derechos laborales y el abuso de privilegios que carecen de respaldo administrativo.
Por otro lado, indicó que estas liquidaciones indebidas representaban «más de $400 millones mensuales», un monto que, de haberse aplicado correctamente, podría haberse destinado a mejorar la inversión educativa en la provincia.
LICENCIAS Y ABUSOS DETECTADOS
La ministra subrayó que el sistema de licencias también es objeto de revisión, con el fin de asegurar que los beneficios sean utilizados por quienes realmente lo necesitan. «El docente que se enferma, que tiene derecho, es el primero que tiene que tener uso y goce de la licencia, pero no abuso», manifestó.
En este contexto, explicó que existen casos de licencias gremiales que se remontan a 1994, sin resolución formal del Ministerio, con suplencias que se mantuvieron de manera irregular durante décadas. Estas situaciones distorsionaron la administración de recursos y generaron un esquema de suplencias perpetuas sin control adecuado.
En otro punto, expresó que el problema central no es solo financiero, sino moral y profesional. «Esto le debemos a la docencia, se trata de recuperar la dignidad, porque no puede ser que haya docentes que van a trabajar y cumplen, mientras que otros docentes están en Dubai o en España», sostuvo.
De igual modo, advirtió que no puede naturalizarse que personas fallecidas continúen cobrando haberes. «No puede darse que una persona muerta esté cobrando, que en una escuela aparezca gente que nunca trabajó, no debe ocurrir eso, y le agradezco a los docentes que se animan a denunciar, porque están defendiendo su dignidad», afirmó Naidenoff.
Reordenamiento
y titularización
Las autoridades remarcaron que el proceso de auditoría no solo implica la detección de irregularidades, sino también un reordenamiento estructural del sistema educativo.
Fassano aseguró que la decisión política del gobernador Leandro Zdero fue encarar un proceso «ineludible», pese a las dificultades que genera revisar prácticas que se habían naturalizado en perjuicio del Estatuto del Docente.
En ese marco, se reactivaron concursos docentes de ingreso, traslado y ascenso en los niveles inicial, primario y bibliotecas. Estos procesos, que habían estado suspendidos, fueron regularizados y permitieron que los docentes tomaran posesión de sus cargos de manera formal.
Se eliminó, además, la figura de «escuelas creadas como proyectos especiales», que, según el Ministerio, fomentaban la precarización laboral y permitían designaciones discrecionales al margen de la normativa vigente. Estas iniciativas estaban en manos de gremios no docentes, organizaciones sociales y estructuras políticas que utilizaban el mecanismo para designaciones sin respetar el orden de mérito.
En reemplazo de esas estructuras, el gobierno provincial dispuso la creación de nuevas instituciones respetando el Estatuto del Docente. Entre ellas se incluyen centros de Educación Física, jardines de infantes y escuelas para Jóvenes y Adultos en diferentes localidades de la provincia.
Asimismo, Fassano destacó la implementación de la Ley de Estabilidad y Garantía Laboral, que permitirá la titularización de más de 25 mil docentes. Este avance constituye, según la subsecretaria, una reparación histórica que devuelve derechos a miles de trabajadores de la educación.
Una política de transparencia y control
La subsecretaria Fassano informó que ya se titularizaron 1.050 maestros especiales de escuelas primarias, 7.250 profesores de institutos superiores, alrededor de 3.500 docentes de escuelas para adultos y centros de educación física, además de personal de escuelas de familia agrícola y de formación profesional. Actualmente, se encuentran en proceso alrededor de 16 mil titularizaciones en escuelas secundarias y técnicas.
Este procedimiento se realizó en conjunto con las juntas de clasificación y mediante mesas técnicas con representación sindical, lo que permitió, según el Ministerio, dar legitimidad a las decisiones adoptadas.
El Ministerio insistió en que los funcionarios tienen la obligación de llevar los casos irregulares a la Justicia. «Como funcionarios públicos nuestra obligación es denunciar, poner en la Justicia las cuestiones que consideramos que pueden ser conductas reprochables y ocuparnos de atender y ver de que se subsane estas irregularidades que afectan y resienten en lo económico al Estado provincial», manifestó Fassano.
El proceso de auditoría continuará en los próximos meses y las autoridades aseguran que las medidas permitirán reorientar los recursos hacia la inversión genuina en educación. La recuperación de fondos mal destinados es presentada como una política indispensable para fortalecer el sistema.
La ministra Naidenoff concluyó la conferencia reafirmando que el objetivo es restituir confianza y dignidad al cuerpo docente. «Esto le debemos a la docencia», insistió, señalando que los recursos del Estado deben servir para quienes efectivamente sostienen la tarea pedagógica en las aulas chaqueñas.
El rol de la Subsecretaría
de Descentralización
La subsecretaria de Descentralización Educativa, Marta Fassano, precisó que el proceso de ordenamiento reveló múltiples irregularidades vinculadas con la liquidación de sueldos. Entre ellas, se detectaron pagos a personal administrativo sin título docente, cargos creados en 2006 que no fueron dados de baja a pesar de jubilaciones o fallecimientos, y suplencias sin definición que permanecían activas.
Según Fassano, «se pagaban sueldos sin motivos precisos y suplencias no definidas, que están en proceso de baja todos los cargos y horas cátedra; y se inhabilitaron códigos de liquidación para que caigan todos los sueldos que no corresponden», dijo.
La funcionaria añadió que también existieron pagos a personas que nunca trabajaron en el sistema educativo. Algunos casos correspondían a administrativos sin relación laboral con la docencia y otros a individuos ajenos a la estructura escolar que, sin embargo, percibían haberes como si fueran docentes.
Fassano remarcó que las denuncias de los propios trabajadores de la educación son claves para avanzar en este saneamiento. «Nos hicieron saber también de docentes y administrativos ubicados en escuelas que cobraban mensualmente sus sueldos y que no cumplen funciones o están de licencia y se encuentran viviendo fuera de la provincia o del país», indicó.
Asimismo, se constató que existen docentes activos que, pese a haber ingresado al sistema con certificados de aptitud psicofísica, perciben pensiones por invalidez de la Anses desde 2017. Estas situaciones fueron corroboradas mediante el entrecruzamiento de datos con el organismo previsional.