El Ministerio de Salud dispuso mantener la auditoría sobre las pensiones por discapacidad en todo el país y pausar temporalmente las bajas de beneficiarios mientras se desarrolla la investigación interna en la Agencia Nacional de Discapacidad (ANDIS), intervenida tras las denuncias que involucraron a su exdirector Diego Spagnuolo.
Hasta el momento, la ANDIS había dado de baja 128.667 prestaciones. De ese total, 110.522 correspondían a beneficios mal otorgados, 8.107 a personas fallecidas y 10.038 a ciudadanos que renunciaron al cobro. Con la intervención, esas bajas serán revisadas dentro del proceso auditor, al tiempo que el dictado de nuevas bajas queda suspendido hasta que concluya la auditoría.
La decisión fue adoptada por el ministro Mario Lugones, quien reporta semanalmente en Casa Rosada sobre el reordenamiento del organismo. “Las bajas están pausadas hasta que concluya la auditoría, que se concentra en tres ejes: pensiones, compras y estructura interna”, indicaron fuentes oficiales, subrayando que la auditoría continúa.
El anuncio se conoció en paralelo a la votación en el Senado que revirtió el veto presidencial y restableció la ley de emergencia en discapacidad, vigente hasta diciembre de 2026. La norma actualiza aranceles, compensaciones y reformula las pensiones no contributivas. Con 63 votos a favor y 7 en contra, la oposición logró por primera vez en dos décadas imponer su posición sobre un veto. Desde el Ejecutivo, el presidente Javier Milei advirtió que la medida compromete el equilibrio fiscal y evalúa judicializar para evitar aplicar los aumentos previstos.