El Superior Tribunal de Justicia (STJ) del Chaco solicitó al Consejo de la Magistratura y Jurado de Enjuiciamiento que instrumentara el concurso para cubrir el cargo de defensor o defensora de la Defensoría de Víctimas de la Primera Circunscripción Judicial, y reiteró al Poder Ejecutivo que creara los cargos administrativos necesarios previstos por la Ley 3413-J .
La creación de estas defensorías con dedicación exclusiva formó parte del compromiso asumido por el Estado provincial como solución amistosa ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos en el caso Amanda Graciela Encaje y familia.
La efectiva implementación de las defensorías, largamente postergada, continúa siendo un pendiente fundamental para consolidar la garantía de los derechos de las víctimas en la provincia.
Marco legal
La Ley 3413-J, sancionada el 7 de julio de 2021, es la normativa provincial que reconoce y garantiza derechos de las personas víctimas de delitos. En su artículo 14, creó seis cargos de defensor público de Víctimas, designados por el Consejo de la Magistratura, y el artículo 15 definió sus funciones: brindar asistencia técnica y patrocinio jurídico en procesos penales a víctimas en situación de vulnerabilidad económica o social.
Además, la Ley contempló un cronograma de implementación progresiva: en 2022 se crearían las dos primeras defensorías (Resistencia y Sáenz Peña), en 2023 otras dos, y en 2024, las dos restantes.
Compromiso asumido
El acuerdo de solución amistosa en el caso Amanda Graciela Encaje y familia incluyó el compromiso del Estado chaqueño de crear la Defensoría de Víctimas. El cronograma previsto fue informado a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, pero los cargos aún no habían sido efectivamente creados ni implementados.
La Secretaría de Derechos Humanos provincial informó que se avanzó en la sanción de la Ley 3413-J, en la creación simbólica del cargo, y en otros protocolos y medidas (escultura memorial, protocolos de preservación de escena del crimen, Banco Genético Provincial), pero reconoció la demora en la efectivización de las defensorías.
Estado actual del incumplimiento
A pesar de la sanción de la ley hace casi cuatro años, las defensorías siguen sin funcionar plenamente. En mayo de 2025, la defensora general del Poder Judicial, Alicia Alcalá, urgió nuevamente al gobernador Leandro Zdero a activar los mecanismos administrativos y presupuestarios necesarios para poner en funcionamiento las defensorías.
La Comisión Interamericana ha calificado el nivel de cumplimiento de este punto como «parcial sustancial».
Implicaciones institucionales
La puesta en funcionamiento real de la defensoría garantizaría acompañamiento jurídico gratuito y especializado, particularmente para personas en situación de vulnerabilidad, evitando revictimización.
Para el Estado: representa una obligación institucional y un compromiso internacional cumplido, fortaleciendo la confianza en el sistema de justicia.
Para la sociedad chaqueña, implica avances en políticas de protección de derechos y de reparación simbólica y efectiva. La demora acusada despertó críticas y reclamos sostenidos desde distintos sectores.
El caso en cuestión
El caso Amanda Graciela Encaje y familia permaneció impune por más de tres décadas hasta que el Estado provincial admitió su responsabilidad y suscribió un acuerdo de solución amistosa con la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (Cidh), que contempló la creación de defensorías de víctimas, normas procesales y reparaciones simbólicas.
A pesar de ese avance, la implementación concreta de las medidas acordadas aún no se había concretado plenamente.
Hechos centrales: ¿qué sucedió?
El 8 de abril de 1992, Amanda Graciela Encaje, secretaria de la empresa Supercemento SA en Resistencia (Chaco), fue asesinada junto a su director, Néstor Blas Vivo. Ambos presentaron señales de tortura, en el caso de Encaje además se constató violación.
Cerca de ellos se encontró dinero que, según las denuncias, no se relacionaba con un robo sino con un mensaje mafioso: habrían sido asesinados para «enviar una amenaza o ultimátum a los demás directivos» por la supuesta falta de pago de coimas en un consorcio vial (Vicovsa), vinculado a contratos públicos.
Las irregularidades judiciales denunciadas incluyeron: inhibición injustificada del primer juez; falta de custodia de la escena del crimen; reacondicionamiento del lugar días después; extravío de pruebas como muestras vaginales; filtración de información clave antes de tratarse en sede judicial; y hasta el asesinato de un comisario a cargo de la causa.
Los familiares denunciaron que el caso nunca se investigó con la debida diligencia, que era «un crimen con connotaciones netamente mafiosas», y que la causa se cerró por prescripción tras años sin avances judiciales.
Acción internacional
En marzo de 2008, los familiares presentaron la denuncia ante la Cidh por la falta de justicia en la provincia. En mayo de 2018, la Comisión declaró admisible la petición, señalando violaciones a derechos como la vida, integridad personal, garantías judiciales y protección judicial, entre otros, en acuerdo con la Convención Americana y la Convención de Belém do Pará.
El 12 de julio de 2021, el Estado argentino y las peticionarias firmaron el acuerdo de solución amistosa, que fue homologado por decreto provincial 940/2021.
El acuerdo habilitó la reapertura de la causa penal, la creación de defensorías de víctimas en Resistencia y Sáenz Peña, la implementación de protocolos para preservación de escenas del crimen, cadena de custodia y mecanismos de no repetición, junto a reparaciones simbólicas como memoriales.
Primeras acciones: pasos concretos
En abril de 2022, se inauguró un espacio memorial en Resistencia -Ubicado en Av. Paraguay y Vélez Sársfield-, con la participación de familiares, funcionarios provinciales y judiciales, como símbolo de reparación y memoria.
El Ministerio Público de la Defensa presentó oficios con proyecciones presupuestarias, solicitó la creación de defensorías para 2023, y sostuvo audiencias con familiares y autoridades judiciales. Sin embargo, indicaron que aún no recibieron una respuesta satisfactoria del Ejecutivo tras esos requerimientos.
Familiares en el centro: Las peticionarias, con acompañamiento de la Usina de Justicia, encabezaron la lucha por más de 30 años sin pretender indemnización, solo justicia real.
El caso Encaje retrató una historia de violencia, impunidad y negligencia institucional que se prolongó durante más de tres décadas. Solo en 2021, con el acuerdo ante la Cidh, el Estado admitió su responsabilidad y acordó medidas de reparación, defensa, y memoria. Desde entonces, se avanzó simbólicamente -con el memorial- y formalmente -con proyectadas defensorías y protocolos-, pero la implementación efectiva aún está pendiente.
La reciente acción del STJ solicitando el llamado a concurso para la Defensoría de Víctimas representa un avance necesario, aunque la comunidad chaqueña aún aguarda que el compromiso se concrete en acceso real a justicia para las víctimas.