El análisis del proyecto de presupuesto 2026 generó diversas interpretaciones entre los especialistas, y uno de los diagnósticos más relevantes provino de Alejandro Pegoraro, director de la consultora Politikon Chaco.
Según explicó, el plan financiero presentado por el Gobierno refleja, en términos generales, una fuerte dosis de optimismo en sus principales proyecciones macroeconómicas, aunque también contiene elementos que despiertan inquietud.
A su entender, la previsión de una inflación del 10% para el próximo año y la continuidad de políticas de equilibrio fiscal constituyen señales positivas, pero no exentas de riesgos en su ejecución práctica.
Pegoraro sostuvo que ciertas estimaciones oficiales resultan inconsistentes, particularmente en materia cambiaria. Señaló que el tipo de cambio actual supera el valor proyectado por el Ejecutivo para fines de 2026, lo que podría derivar en distorsiones o ajustes imprevistos.
«Hay cuestiones vinculadas al tipo de cambio que son un poco inconsistentes. Esta semana habrá repercusión en el mercado sobre cómo se toma este optimismo severo», advirtió el analista, remarcando que el exceso de confianza en los pronósticos podría impactar en las expectativas privadas y en la dinámica financiera.
En el terreno del gasto público, Pegoraro destacó que el presupuesto contempla aumentos en áreas sensibles como jubilaciones, pensiones y salud, aunque expresó su preocupación por la asignación prevista para el sistema universitario.
Según detalló, el monto proyectado de $4.8 billones representa una caída en términos reales respecto de las necesidades estimadas, que rondaban los $8 billones. Este desajuste, subrayó, podría comprometer la capacidad operativa y académica de las instituciones de educación superior durante el próximo ejercicio.
El especialista también analizó el impacto político y territorial del proyecto, y señaló que no se observan señales concretas de apoyo hacia las provincias más afectadas por la crisis nacional. Indicó que las transferencias discrecionales previstas muestran aumentos nominales que no compensan la caída real de ingresos ni la debilidad de la recaudación local.
«Todavía no hay gestos estructurales hacia las provincias que están sufriendo la caída de ingresos y una recaudación tributaria que no repunta. Esto se refleja en una situación financiera complicada», explicó, alertando sobre posibles tensiones fiscales en los distritos más vulnerables.
El proyecto enviado al Congreso
El proyecto de presupuesto 2026 fue presentado oficialmente por el gobierno nacional ante el Congreso, con el objetivo de lograr su aprobación durante el actual período legislativo. El texto propone un resultado financiero superavitario de $2.734.029.655.055, lo que representa un avance significativo en comparación con ejercicios anteriores y consolida el eje oficialista en torno al equilibrio de las cuentas públicas.
El total de los gastos corrientes y de capital previstos asciende a $148.069.293.526.549, lo que da cuenta de una expansión moderada del gasto en comparación con las metas de consolidación fiscal. La administración central busca, a partir de estas cifras, reforzar la idea de que el país atraviesa una etapa de normalización económica y que es posible sostener políticas públicas sin recurrir a déficits persistentes.
El Poder Ejecutivo sostuvo en la iniciativa que «este proyecto de ley pretende contribuir al sostenimiento de la estabilización macroeconómica iniciada a finales de 2023, a partir de la cual se puedan mantener un conjunto de políticas públicas a nivel nacional que procuran mejorar la calidad de vida de toda la población».
De esta manera, el Gobierno enmarca la propuesta como parte de un proceso gradual de ordenamiento económico y de consolidación institucional.
El texto enviado al Parlamento incluye, además, una serie de metas macroeconómicas para el próximo año que constituyen la base de su planificación. Entre ellas, se prevé un tipo de cambio oficial mayorista de $1.423 hacia diciembre de 2026, una variación del Índice de Precios al Consumidor del 10,1% y un incremento real del Producto Bruto Interno del 5%.
Incremento de partidas sociales
Entre los aspectos más destacados del proyecto se encuentra el anuncio de aumentos en diversas partidas sociales. El presidente Javier Milei presentó en cadena nacional los principales puntos del presupuesto, donde remarcó un incremento del 5% en jubilaciones, un 17% en gasto en salud, un 8% en educación y un 5% en pensiones por discapacidad.
La partida destinada a las universidades nacionales se amplía en $4.8 billones, aunque, como advirtió Pegoraro, este monto resultaría insuficiente frente a las necesidades del sistema.
El Gobierno considera que estas asignaciones permitirán recomponer parcialmente los ingresos de los sectores más sensibles, luego de años de ajustes y restricciones presupuestarias.
La intención oficial es mostrar que el equilibrio fiscal no implica necesariamente un recorte en áreas clave, sino que puede coexistir con una expansión moderada de las erogaciones sociales si se logra una administración eficiente de los recursos.
No obstante, varios analistas advierten que el aumento en las partidas sociales podría verse erosionado por el efecto de la inflación y por eventuales cambios en las condiciones macroeconómicas. En ese contexto, el financiamiento de estos compromisos dependerá en gran medida de que el Ejecutivo logre sostener la senda de crecimiento proyectada y mantener la estabilidad de precios prevista en el texto.
La discusión sobre el financiamiento adquiere especial relevancia en el caso del sistema universitario, donde el presupuesto proyectado no alcanza a cubrir los costos operativos estimados por las propias instituciones. Este punto genera preocupación en el ámbito académico, que reclama una mayor previsibilidad en la asignación de recursos para garantizar el funcionamiento de las casas de estudio y evitar un deterioro de la calidad educativa.
El Ejecutivo, por su parte, sostiene que las universidades podrán optimizar su funcionamiento mediante una administración más eficiente y un mayor control del gasto, aunque hasta el momento no ha detallado un plan específico para compensar el faltante señalado por los expertos. Esta indefinición alimenta la incertidumbre en el sector educativo y plantea un foco de tensión para el debate legislativo.
Restricciones y disciplina fiscal
Uno de los ejes centrales del proyecto es la restricción del financiamiento del Tesoro a través del Banco Central, con el objetivo de evitar la emisión monetaria.
El texto establece que, en caso de que los ingresos caigan o los gastos superen lo previsto, se deberán ajustar partidas de manera inmediata para mantener el equilibrio fiscal. Esta regla de estabilidad apunta a consolidar un marco de disciplina presupuestaria y a prevenir episodios inflacionarios como los registrados en años anteriores.
El Presidente destacó que «este presupuesto sostiene, al igual que el enviado el año pasado, el equilibrio fiscal. El futuro de la Argentina depende de una sola cosa: que el pueblo y la política se comprometan con el orden fiscal».
Sin embargo, algunos especialistas advierten que esta rigidez podría dificultar la capacidad de reacción del Estado ante shocks externos o crisis internas.
La ausencia de financiamiento de emergencia podría obligar a aplicar recortes inmediatos en áreas sensibles, lo que generaría tensiones sociales y políticas. Este punto será uno de los más debatidos durante el tratamiento legislativo del proyecto.