El reciente proyecto de presupuesto nacional presentado por el presidente Javier Milei generó una fuerte reacción en distintos sectores políticos y sociales, particularmente entre referentes opositores que cuestionaron con severidad los lineamientos económicos que plantea para el próximo año. Entre ellos, el exgobernador del Chaco y actual candidato a senador por el Frente Fuerza Patria, Jorge Capitanich, expresó su preocupación por lo que calificó un enfoque desacoplado de la realidad social y productiva del país.
El ex mandatario describió el proyecto oficial como “un ajuste brutal con consecuencias reales”, subrayando que detrás de los cuadros macroeconómicos y las metas fiscales se esconden decisiones que profundizarán el deterioro de la economía real, afectando de forma directa a la producción, la industria, el empleo y el capital privado. El dirigente sostuvo que el país atraviesa una fase de caída sostenida del producto interno bruto, destrucción de ingresos reales y desplome del consumo, fenómenos que no se condicen con el optimismo exhibido por el Poder Ejecutivo.
El dirigente peronista remarcó que el mensaje presidencial que sostiene que “lo peor ya pasó” se ha convertido, a su entender, en “una negación sistemática de la crisis”. Al respecto, cuestionó que el proyecto de presupuesto “no refleja la realidad económica” y denunció que se apoya en proyecciones sin sustento técnico ni correlato con lo que muestran los indicadores actuales. En especial, fustigó las estimaciones de inflación y devaluación contenidas en el documento, considerándolas arbitrarias e irrealistas.
Según el exgobernador, el escenario económico argentino se caracteriza hoy por la ausencia de anclajes, la existencia de desequilibrios crecientes, un deterioro social acelerado y salarios pulverizados, condiciones que, a su juicio, resultan incompatibles con cualquier previsión de estabilización a corto plazo. Frente a ese contexto, advirtió que insistir en un programa de ajuste fiscal sin contemplar los efectos sociales solo conducirá a agravar la conflictividad y la exclusión.
El candidato anunció que presentará un diseño alternativo de presupuesto que incluirá ocho iniciativas legislativas, entre ellas una reforma tributaria integral y un régimen previsional extendido para trabajadores no registrados.
CRÍTICAS AL IMPACTO SOCIAL DEL AJUSTE
Las observaciones de Capitanich encontraron eco en otros dirigentes que cuestionaron el rumbo económico planteado en el proyecto de presupuesto. Entre ellos se destacó Lucho Moser, diputado provincial electo por el peronismo, quien centró su análisis en el impacto social del ajuste previsto por el gobierno nacional y en las inconsistencias macroeconómicas de las proyecciones presentadas.
Moser advirtió que “se sigue profundizando el ajuste en Educación, Ciencia, Tecnología, las universidades, las provincias y en discapacidad”, señalando que ninguna de las previsiones oficiales mejora en términos reales los niveles de financiamiento alcanzados en 2023. Esta tendencia, aseguró, amenaza con agravar las desigualdades y debilitar áreas estratégicas para el desarrollo del país.
El legislador sostuvo que “lo más grave es la regla fiscal del equilibrio o superávit como innegociable, siempre por el lado del ajuste del gasto público, nunca por mejorar los ingresos”. Para Moser, esa visión sesgada reduce el margen de acción del Estado y limita su capacidad de sostener políticas públicas en áreas sensibles, trasladando el costo de la consolidación fiscal a los sectores más desprotegidos de la sociedad.
El diputado electo precisó que, según el proyecto, habrá recortes significativos en áreas como Salud y Desarrollo Social, que dispondrán de un 27% menos de recursos que en 2023. También advirtió que la Educación “padecerá la motosierra”, ya que las asignaciones caerán hasta un 53% en términos reales, comprometiendo el funcionamiento de escuelas, universidades y programas de becas estudiantiles.
Moser subrayó que el ajuste golpeará especialmente a las universidades públicas, que recibirán un 33% menos de recursos que hace tres años, y a la educación básica, que sufrirá una merma del 48%. Las becas para estudiantes, agregó, se reducirán en un 76% respecto de 2023, lo que pondrá en riesgo el acceso y la permanencia de miles de jóvenes en el sistema educativo. “A la motosierra libertaria la seguirá pagando el pueblo argentino”, cuestionó.
INCONSISTENCIAS MACROECONÓMICAS
Además de sus objeciones al sesgo social del presupuesto, Moser puso el foco en lo que calificó como graves inconsistencias macroeconómicas. Señaló que las proyecciones oficiales de inflación y tipo de cambio no guardan relación con las estimaciones de consultoras privadas, del mercado ni de los propios organismos del Estado. “Ninguna consultora, el mercado y ni siquiera los economistas más ortodoxos que apoyan al plan del gobierno concuerdan con los números que prevé el presupuesto 2026 del Presidente”, afirmó.
El legislador explicó que el Ejecutivo prevé una inflación del 24,5% para 2025, lo que implicaría que los últimos meses del año en curso tendrían que cerrar con una inflación mensual del 1%, algo que consideró completamente alejado de la realidad actual. A su vez, mencionó que para 2026 el gobierno proyecta un índice de precios del 10,1%, mientras que el relevamiento de expectativas de mercado elaborado por el propio Banco Central prevé un piso del 20%, es decir, el doble.
Propuesta alternativa
Frente a este escenario, Capitanich anunció su intención de presentar en el Congreso un paquete de ocho iniciativas legislativas como parte de un diseño alternativo de presupuesto. Entre esas medidas mencionó una reforma tributaria integral orientada a dotar al sistema fiscal de mayor progresividad y eficiencia, y un régimen previsional extendido que reconozca los aportes de trabajadores no registrados, sectores que hoy quedan fuera del sistema formal.
El exmandatario planteó que su propuesta buscará sentar las bases de un modelo económico que combine disciplina fiscal con políticas de estímulo a la producción y el empleo, en contraposición al enfoque de ajuste que, según él, domina el proyecto oficial. Su iniciativa pretende canalizar el debate presupuestario hacia soluciones que fortalezcan la economía real y protejan a los sectores más afectados por la crisis, especialmente los trabajadores, los jubilados y las pequeñas y medianas empresas.
Capitanich consideró que el Congreso debe ejercer un rol activo y propositivo, y no limitarse a refrendar los lineamientos del Ejecutivo. En ese sentido, llamó a construir consensos que permitan introducir correcciones sustanciales al proyecto oficial, argumentando que el país necesita un presupuesto que actúe como herramienta de desarrollo y no como mero instrumento de ajuste contable.
El dirigente advirtió que, de mantenerse el actual esquema, la Argentina enfrentará un proceso de desindustrialización y pérdida de capacidades productivas que podría tardar años en revertirse. Sostuvo que los costos sociales de ese camino serían demasiado elevados y que sus consecuencias no se limitan a lo económico, sino que afectarían también la cohesión social y la estabilidad democrática.
Moser, por su parte, coincidió en que el debate presupuestario debe incorporar propuestas superadoras. Señaló que es posible alcanzar metas fiscales sin sacrificar la inversión en áreas estratégicas si se implementan medidas que mejoren la recaudación y combatan la evasión. También destacó la necesidad de diseñar políticas activas que impulsen el crecimiento y generen empleo, condiciones que considera indispensables para una consolidación fiscal sostenible en el tiempo.
Debate político
El enfrentamiento discursivo entre el oficialismo y la oposición en torno al presupuesto refleja diferencias profundas sobre el rumbo que debe adoptar la economía argentina en un contexto de crisis prolongada. Mientras el gobierno apuesta a una consolidación fiscal acelerada basada en el ajuste del gasto, sectores opositores reclaman un enfoque que combine orden macroeconómico con políticas de estímulo y protección social.
En este marco, el Congreso se perfila como el escenario central donde se dirimirá el rumbo económico del país para los próximos años. El resultado de este debate será determinante no solo para el futuro de las cuentas públicas, sino también para el tejido social y productivo, ya que definirá los recursos disponibles para áreas clave como educación, salud, desarrollo social e infraestructura.
La controversia sobre las proyecciones de inflación y tipo de cambio también anticipa un debate técnico complejo, en el que estarán en juego las expectativas de los actores económicos. La credibilidad de las estimaciones oficiales será un factor clave para definir el clima de confianza o desconfianza que rodee al plan económico, y por ende su viabilidad política y social.
Tanto Capitanich como Moser plantearon que el presupuesto no puede concebirse como un mero instrumento contable, sino como una herramienta estratégica de desarrollo nacional. Su objetivo, coincidieron, debe ser reactivar la economía, generar empleo y reducir las desigualdades, en lugar de profundizarlas mediante un ajuste indiscriminado.
Los próximos meses estarán marcados por un intenso trabajo legislativo y político para intentar alcanzar acuerdos que permitan aprobar un presupuesto que cuente con la legitimidad suficiente para ser implementado. En ese proceso, la sociedad civil, las organizaciones del sector productivo y los sindicatos también buscarán incidir en el debate, conscientes de que sus resultados tendrán efectos directos sobre la vida cotidiana de millones de personas.