La Cámara Segunda en lo Criminal de Resistencia dispuso la libertad de Carlos Mauricio Andión, expresidente del Instituto de Agricultura Familiar y Economía Popular (IAFEP) durante la gestión de Jorge Capitanich, imputado por presuntas maniobras de corrupción durante su gestión.
La jueza Dolly Fernández firmó la resolución que ordena el cese de la prisión preventiva y la inmediata excarcelación del exfuncionario, bajo un régimen de caución personal por $100 millones. La garantía fue asumida por sus defensores, Marco Molero y Gastón Chapo, quienes se comprometieron solidariamente a responder con su patrimonio en caso de incumplimiento de las condiciones impuestas.
En sus fundamentos, la magistrada tomó como base un precedente del Superior Tribunal de Justicia, que semanas atrás había concedido la libertad a la coimputada en la misma causa, la arquitecta María Laura Moreno. En ese sentido, Fernández sostuvo que mantener detenido a Andión mientras Moreno permanecía libre vulneraría el principio de igualdad ante la ley.
Si bien esta situación no fue mencionada por la magistrada en los fundamentos de la excarcelación, al presentar el recurso, el abogado defensor, Gastón Chapo, hizo hincapié en el declive del estado de salud mental de Andión.
Tanto el fiscal de Cámara Juan Martín Bogado como el querellante particular Godofredo Pérez Dudiuk se opusieron al beneficio, argumentando que persistían los riesgos procesales y que el imputado contaba con recursos económicos suficientes para fugarse.
Entre las pautas de conducta establecidas por la jueza, Andión deberá fijar domicilio y permanecer en el radio del tribunal; comparecer a todas las citaciones judiciales; abstenerse de realizar actos que obstaculicen el proceso, entregar su pasaporte y no salir del país.
LA CAUSA
La causa que mantuvo en prisión hasta ayer a Andión investiga presuntas irregularidades millonarias en el extinto IAFEP durante los años 2022 y 2023. La fiscal Graciela Griffith Barreto (recientemente jubilada) solicitó en junio la elevación a juicio. Además de Andión, los imputados son María Laura Moreno (excoordinadora de Gestión Habitacional) y Julio Daniel Santana (presidente de una fundación y una cooperativa).
Según el requerimiento fiscal, los imputados habrían autorizado pagos multimillonarios a organizaciones sociales por obras de viviendas y galpones que no se ejecutaron o presentaban avances mínimos (entre 10% y 17%), en el marco del programa “Plan Incentivar Trabajo”.
Andión, como presidente del IAFEP, habría firmado certificados de obra y resoluciones de pago sin cumplir con las normativas provinciales, avalando transferencias a cooperativas y fundaciones sin verificar la ejecución real de los proyectos.