Una denuncia penal ingresó a la fiscalía del fiscal federal Guillermo Marijuan y fue enviada a sorteo para determinar su radicación. El expediente señala a un grupo de funcionarios de la Administración Nacional de la Seguridad Social (ANSES) que, según la presentación, habrían montado un entramado de corrupción y maniobras incompatibles con la función pública.
Los acusados son Fernando Omar Bearzi, Paula Amor, Gastón Palacios, Diego Palma Beltrán, Luis María Abba, Javier López, Hernán Rubén Camino, Cecilia Paula Rosconi, Santiago Adrián Campo, Duilio Giri, Nora Alicia Valido, Gustavo Gioia, Christian Mikkelsen Loth y Gerardo Corti. Todos ellos ocupan cargos jerárquicos dentro del organismo previsional.
De confirmarse los hechos, podrían encuadrarse en los delitos de asociación ilícita (artículo 210), incumplimiento de deberes de funcionario público (artículo 248), cohecho y corrupción (artículos 256 y 258) del Código Penal de la Nación, entre otros.
La denuncia sostiene que varios de los funcionarios habrían direccionado contrataciones y licitaciones hacia empresas amigas, con el objetivo de obtener beneficios económicos personales mediante sobreprecios o retornos. Las maniobras habrían sido coordinadas desde la Secretaría General, encabezada por Paula Amor, junto a un círculo cercano de colaboradores que incluye a Santiago Adrián Campo, Christian Mikkelsen Loth, Javier López y su chofer y persona de confianza, Gastón Palacios.
Según el documento, Amor habría impulsado contrataciones irregulares con empresas tecnológicas. Entre ellas, figura América Virtual S.A., que le estaría facturando al organismo montos “exorbitantes” en comparación con la gestión anterior. El costo de una de las contrataciones alcanzaría los u$s 9.000.000, cifra que según la denuncia “se multiplicó groseramente” en los últimos meses.
Otro de los contratos cuestionados es el de la empresa SAP, que incluye licencias, consultoría y soporte por un total de u$s 19.000.000, con un adelanto de casi un millón de dólares. También se menciona el sistema Mainframe de IBM, contratado por u$s 44.600.000, con un primer pago de u$s 7.756.000 y el resto en cuotas. En este caso, el proveedor señalado es GyL, que habría actuado como intermediario para el alquiler de servidores.
El escrito también advierte que Amor estaría buscando controlar la Dirección de Sentencias Judiciales, desde donde se manejan los pagos millonarios por retroactivos a jubilados. Según la denuncia, lo haría en conjunto con Palacios, Campo, Mikkelsen Loth y Javier López, con el objetivo de instalar a un funcionario propio que garantice el manejo discrecional de esa “caja millonaria”.
Además, la presentación judicial detalla que Amor intentó designar a su exmarido, Julio De Ferrari, como director dentro del organismo, en lo que se describe como un intento de “acomodar personas de confianza” para mantener el control de las áreas estratégicas. La maniobra se frustró tras el escándalo interno que se generó cuando trascendió la propuesta.
El grupo señalado en la denuncia (Campo, Mikkelsen Loth, López y Palacios) es considerado el núcleo operativo de las maniobras que habrían permitido direccionar licitaciones y evadir los controles internos. “Todo se hace en connivencia con quienes deberían auditar las irregularidades, lo que agrava el cuadro de situación”, sostiene el texto presentado ante la fiscalía.
El expediente ahora quedó en manos de la Justicia Federal, que deberá definir qué juzgado asumirá la investigación. Si las pruebas se confirman, podría destaparse uno de los mayores casos de corrupción administrativa dentro del organismo previsional en los últimos años.