La controversia sobre la presentación y difusión de los resultados provisorios de las elecciones del domingo próximo quedó expuesta a raíz de un reclamo formal que será presentado mañana por los apoderados de los partidos que integran Fuerza Patria ante la Cámara Nacional Electoral.
Los representantes exigirán que la Dirección Nacional Electoral (DINE) se limite a informar los cómputos de los escrutinios de votos por distrito electoral, argumentando que cualquier intento de consolidar o agrupar los resultados a nivel nacional carece de fundamento jurídico y puede inducir a interpretaciones erróneas sobre el proceso.
Se trata del primer paso de la ofensiva que hará la principal fuerza opositora, y que también contempla la presentación de amparos ante la Justicia Federal con competencia electoral en las 12 provincias donde el peronismo irá con otros nombres. Entre el menú de opciones también está la presentación de una denuncia penal contra la titular de la DINE, Luz Landívar.
La disputa judicial se inició porque Fuerza Patria no logró unificar un solo sello partidario para competir en las 23 provincias y la Ciudad de Buenos Aires, a diferencia de La Libertad Avanza que sí va con un mismo nombre en todo el país. Es una discusión que tiene un peso político de enorme importancia: en el peronismo no quieren que la noche del domingo aparezca un resultado de La Libertad Avanza muy por encima del peronismo.
Según el escrito al que accedió Infobae, los representantes del Partido Justicialista, el Frente Renovador y del Frente Grande cuestionaron con dureza que durante el simulacro general de transmisión y recuento provisorio de votos ayer y organizado por la DINE, el área de Difusión de Resultados presentó una consolidación nacional de votos para el cargo de diputados nacionales. Esta suma, según advirtieron los apoderados, utilizó criterios no explicitados y generó inquietud por agrupar alianzas de acuerdo con el nombre, pasando por alto que la configuración política de las alianzas varía distrito por distrito en función de los acuerdos específicos alcanzados. “La metodología propuesta excede las responsabilidades de la Dirección Nacional Electoral, cuya función debe limitarse a contar y hacer público los resultados oficiales de la elección», manifestaron los representantes en la presentación que harán ante la Cámara Nacional Electoral.
En el escrito los apoderados argumentaron que la elección próxima no reviste carácter de distrito único, lo que impide la sumatoria de votos a nivel nacional; y subrayaron que tanto los resultados como la proyección de asignación de bancas deben responder exclusivamente al conteo en cada provincia. “Incluso, se realizó un cálculo de asignación de bancas sobre los votos consolidados agrupados a nivel nacional, procedimiento que no resulta aplicable, ni compatible con la lógica, ni con la normativa vigente”, enfatizaron en el escrito.
Al fundamentar su postura, los representantes citaron definiciones del “Diccionario Electoral” del Instituto Americano de Derechos Humanos y recordaron que, por su origen etimológico, el escrutinio refiere estrictamente al examen y consolidación de resultados específicos. “Puede afirmarse, sin hesitación alguna, que se trata de realizar, y divulgar, un escrutinio de la nada misma”, aseveraron basándose en el significado del término y en los marcos normativos existentes.
Los apoderados respaldaron su petición en la Acordada N° 3 del año 2017 de la propia Cámara Nacional Electoral, donde se subraya la necesidad de garantizar la neutralidad en el procesamiento y difusión de los conteos provisorios. “En el caso de nuestro país […], la legislación no contempla, en los términos indicados —y aún muy tangencialmente— la forma de realización, verificación y publicación del denominado escrutinio provisorio”, se cita en el escrito de acuerdo a los antecedentes del tribunal.
El documento de reclamo reitera que las funciones de la Dirección Nacional Electoral deben limitarse “a la recolección, ordenamiento y generación de información atinente a los procesos electorales […], en un marco de neutralidad y con comportamientos que la alejen en su función organizativa, que debe ser neutra en relación a los partidos o agrupaciones políticas, asegurando la transparencia y equidad”.
En el tramo final de la presentación, los apoderados apelan a los principios de ética electoral y a la necesidad de preservar la integridad del proceso democrático. Para fortalecer su argumento, recurrieron a una declaración del politólogo Ignacio Zuleta en Clarín: “son (las próximas elecciones) 24 elecciones locales, en las que se enfrentan coaliciones transgénicas que confunden más a la hora de decidir los resultados. El verdadero escrutinio de 2025 va a conocerse con la constitución de los bloques legislativos, recién después del 10 de diciembre”, sostuvo Zuleta en diálogo con ese medio.
El pedido específico de los representantes de Fuerza Patria es que se instruya a la DINE a abstenerse de realizar y difundir cualquier suma nacional de resultados, a fin de evitar confusiones en la opinión pública y mantener la transparencia durante todo el proceso.
Fuente: Infobae