El Tribunal Oral Federal N°7 dictó condenas y dispuso el decomiso de bienes en el marco de una investigación por lavado de activos vinculada a la organización criminal brasileña Comando Vermelho y a un grupo que realizaba transferencias informales de divisas en la región. La resolución judicial alcanzó a ocho personas con penas de prisión en suspenso, multas millonarias y la confiscación de fondos y vehículos de lujo, tras acuerdos de juicio abreviado. Otros cinco imputados irán a juicio oral, mientras los presuntos líderes continúan prófugos.
El fiscal general Diego Velasco, titular de la Procuraduría de Criminalidad Económica y Lavado de Activos (PROCELAC), intervino en la etapa de juicio conforme a la Resolución MP 23/25. En el proceso, se contó con la asistencia técnica de la Secretaría para la Investigación Financiera y el Recupero de Activos Ilícitos (SIFRAI), dirigida por María Fernanda Bergalli, cuya labor fue clave para la trazabilidad de los activos y la determinación de los montos sujetos a confiscación.
La estructura criminal investigada canalizaba recursos ilícitos mediante el uso de criptoactivos, empresas fachada y la compra de bienes registrables, entre ellos automóviles e inmuebles. Según el expediente, los fondos provenían de actividades delictivas desarrolladas por el Comando Vermelho y de redes regionales dedicadas a la transferencia irregular de divisas.
CONDENAS, MULTAS
Y DECOMISOS
De los trece acusados que llegaron a juicio, ocho aceptaron acuerdos de juicio abreviado que fueron homologados por el Tribunal Oral Federal N°7. Entre los condenados se encuentran Felipe Gabriel Correia Goncalves, Eliamar Das Dores De Melo, Wilson Alexandre Cardoso De Oliveira, Thiago Cardoso De Oliveira, Selma De Lima Muñiz Barbosa, Ma Hai, Katherine Yola Chasqui Inta y Juan David Babilonia Mora. Cada uno recibió una pena de tres años de prisión en suspenso, con multas y decomisos proporcionales a su grado de participación.
Las sanciones económicas impuestas alcanzaron en conjunto los 2.460 millones de pesos, con montos individuales que oscilaron entre los 40 y los 720 millones. Además, el tribunal ordenó el decomiso de 18 millones de pesos, 271 mil dólares, 28 mil reales y 4.500 euros, junto a una flota de cinco vehículos valuada en más de 130 millones de pesos. Entre ellos se encuentran un BMW Serie 330i, una Ford Ranger, un Volkswagen Vento, un Ford Focus y un Renault Fluence.
Las operaciones financieras involucraban montos elevados en activos virtuales y la creación de empresas simuladas utilizadas para dar apariencia de legalidad a las ganancias. La adquisición de bienes registrables formaba parte de un esquema destinado a integrar al sistema financiero recursos de origen ilícito, configurando una maniobra compleja de blanqueo.
El Ministerio Público Fiscal destacó que las penas, las multas y los decomisos representan una respuesta penal ejemplar frente a una organización de alcance transnacional. El proceso judicial logró, además, recuperar fondos congelados en billeteras virtuales y cuentas bancarias, fortaleciendo el compromiso institucional con la persecución de la criminalidad económica.
Los principales acusados de la organización, Marcelo Clayton Alves de Sousa y Hang Wang, permanecen prófugos. Por su parte, otros cinco imputados —Raimunda Divina De Sousa, Naly Pires Diniz, Juan José Isola, Antonella María Garbagnati y Luana Belén Isola— serán juzgados en debate oral y público, al haberse considerado su participación de mayor relevancia en los hechos.
Medidas de recupero activas
La fiscalía solicitó medidas adicionales de decomiso anticipado sobre bienes asociados a los líderes prófugos. El fiscal federal Gerardo Pollicita, a cargo de la Fiscalía en lo Criminal y Correccional Federal N°11, analiza actualmente la posibilidad de aplicar esas medidas sobre tres inmuebles, tres vehículos de alta gama y sumas millonarias en criptoactivos vinculadas a Alves de Sousa y Wang.
Estas acciones buscan impedir la pérdida o disgregación de los bienes mientras se desarrolla el proceso penal. Los investigadores sostienen que los activos fueron adquiridos como parte del circuito de blanqueo y que su incautación es clave para garantizar la reparación patrimonial del Estado.
El procedimiento de decomiso anticipado, explicaron las autoridades judiciales, permite intervenir sobre bienes de procedencia sospechosa incluso antes de la sentencia definitiva, en cumplimiento de las normas nacionales e internacionales en materia de recupero de activos.
La PROCELAC subrayó que el caso sigue abierto y que se mantienen activas las órdenes de captura internacional contra los prófugos. En paralelo, continúan los intercambios de información con agencias extranjeras de investigación financiera para ubicar eventuales ramificaciones del grupo en otros países.
MARCO INTERNACIONAL Y RELEVANCIA INSTITUCIONAL
El caso se desarrolla en consonancia con las Recomendaciones N°4 y N°30 del Grupo de Acción Financiera Internacional (GAFI), que promueven el decomiso de bienes provenientes del delito y la acción eficaz de las autoridades encargadas de la investigación penal. El cumplimiento de estos estándares fortalece la posición del país en materia de cooperación internacional contra el lavado de activos.
El Ministerio Público Fiscal destacó que los resultados obtenidos reflejan “un avance significativo en el fortalecimiento del sistema penal económico y financiero”. Las condenas, las multas y los decomisos, según el organismo, confirman la capacidad institucional para investigar delitos complejos con impacto transnacional.
Las medidas adoptadas también refuerzan el principio de que la persecución penal debe ir acompañada de la recuperación efectiva de los activos ilícitos. En este sentido, la PROCELAC sostuvo que la política criminal del Estado se orienta no solo a sancionar a los responsables, sino también a desarticular las estructuras económicas que sostienen las actividades delictivas.
» La investigación
La causa se originó en 2022 a partir de una denuncia de la PROCELAC, que detectó operaciones sospechosas de lavado de activos a través de empresas y movimientos financieros internacionales. El expediente fue dividido en distintos tramos para su investigación debido a la complejidad del entramado económico y la multiplicidad de imputados.
El primer tramo se concentró en la estructura dirigida por Alves de Sousa y Wang, señalados como responsables de canalizar fondos del Comando Vermelho mediante criptoactivos, bienes registrables y firmas fachada. Esta red, de acuerdo con las pruebas reunidas, operaba de forma coordinada entre Argentina, Brasil y otros países de la región.
El segundo tramo se focalizó en maniobras independientes realizadas entre 2022 y 2023, vinculadas con transferencias informales de divisas. Estas operaciones eran llevadas a cabo por Ma Hai, Katherine Yola Chasqui Inta y Juan David Babilonia Mora, quienes actualmente cumplen condenas tras los acuerdos abreviados.
El esquema de lavado de activos funcionaba bajo una estructura descentralizada que combinaba recursos tecnológicos con operadores financieros y comerciales de distintas nacionalidades. Su finalidad era disimular el origen ilícito del dinero y reintegrarlo al circuito económico formal mediante mecanismos de conversión y transferencia.
Inicialmente, la causa fue instruida por el Juzgado Federal en lo Criminal y Correccional N°1 de San Isidro, con la intervención de la Fiscalía Federal N°2, a cargo de Fernando Domínguez. Posteriormente, la competencia fue derivada al Tribunal Oral Federal N°7 de la Ciudad de Buenos Aires, donde se dictaron las sentencias y resoluciones actuales.