La Cooperativa de Motomandados del Chaco volvió a cuestionar con preocupación la falta de regulación y control sobre los servicios de transporte y delivery que operan mediante aplicaciones móviles en el Resistencia, tras el caso de una joven de 19 años que denunció haber sido abusada sexualmente por un conductor contratado a través de una aplicación tipo “moto-uber”. Según el relato de la víctima, el hecho ocurrió cuando solicitó un traslado hacia el domicilio de su madre. En el trayecto, el conductor desvió la ruta, detuvo el vehículo y cometió el abuso. La joven aportó capturas de pantalla de la aplicación donde figuran los datos del conductor y la motocicleta, pruebas que ya se encuentran en poder de la Justicia.
En distintas provincias, municipios y países, los gobiernos locales han comenzado a dictar normas específicas para ordenar la actividad y proteger tanto a trabajadores como a usuarios.Sin embargo, en Resistencia, la falta de una ordenanza vigente mantiene la actividad en un limbo legal. Mientras tanto, la expansión de las aplicaciones continúa a ritmo acelerado, alentada por la demanda y la falta de alternativas seguras.
El referente de la organización Fabio Zerpa resaltó que “no se trata de prohibir las apps, sino de poner reglas claras que prioricen la vida y la seguridad de las personas”. Y añadió: “Cada día que pasa sin regulación, aumenta el riesgo de que una nueva tragedia vuelva a poner a Resistencia bajo la lupa”.
Un vacío normativo
La organización sostuvo que no existe una supervisión municipal efectiva sobre las aplicaciones de transporte que operan en la ciudad. “El municipio no controla la habilitación, los antecedentes de los conductores, las condiciones de los vehículos ni la vigencia de los seguros”, remarcaron desde la cooperativa. Esa falta de control, afirmaron, deja un vacío legal que permite que actores informales ingresen al mercado sin cumplir con normas básicas de seguridad y responsabilidad.
Zerpa, señaló que “la ausencia de protocolos de seguridad y monitoreo permanente facilita que conductores sin capacitación o con antecedentes puedan prestar servicio en condiciones de riesgo”. En ese sentido, advirtió que la falta de sanciones y de mecanismos de exigencia clara al municipio “reproduce un escenario de impunidad y dejación que atenta contra derechos constitucionales al transporte seguro, a la dignidad humana y a la integridad personal”.
“La violencia sexual y los abusos que sufren usuarias de estos servicios se vuelven plausibles”, expresaron. Además, advirtieron que las llamadas “zonas grises” en la prestación del servicio dificultan determinar responsabilidades, ya que en muchos casos ni el municipio, ni la plataforma ni el conductor asumen la reparación del daño.
“La víctima queda en una situación de desamparo total, sin una vía institucional eficaz para reclamar justicia o indemnización”, lamentaron. La entidad subrayó que esta falta de control erosiona la confianza ciudadana en el sistema de transporte urbano, incrementa la sensación de inseguridad y limita la participación de las mujeres en la vida pública de la ciudad.“Cuando las mujeres dejan de usar un servicio por miedo, se afecta su derecho a circular, trabajar o estudiar libremente”, sostuvo Zerpa, quien consideró que la movilidad segura debe ser “una prioridad de cualquier gestión municipal que se precie de democrática y moderna”.
Riesgos multiplicados
En su presentación pública, la Cooperativa de Motomandados enumeró una serie de riesgos derivados de la informalidad en la que operan las aplicaciones de transporte y delivery. Entre ellos, mencionó la falta de cobertura de seguros en caso de accidentes, la ausencia de verificación técnica vehicular y la inexistencia de un registro municipal que permita identificar a los prestadores habilitados.“Hoy cualquier persona con una moto puede descargar una aplicación, registrarse con datos mínimos y empezar a trabajar sin pasar por ningún control”, explicaron desde la entidad. En ese contexto, los motomandados formalmente registrados y habilitados “compiten de manera desigual” con un sector informal que no tributa ni cumple con las normas de seguridad, generando además un deterioro de las condiciones laborales.
Zerpa afirmó que “el municipio debe asumir que regular no es perseguir, sino garantizar condiciones seguras tanto para quienes trabajan como para quienes usan el servicio” A su entender, la omisión de las autoridades municipales “no solo pone en riesgo a las personas, sino que también perjudica a quienes están en regla y sostienen con esfuerzo un servicio esencial para la comunidad”.
Reclamos
al Municipio
La cooperativa presentó un petitorio formal al municipio de Resistencia, en el que solicita una serie de medidas urgentes para ordenar y controlar la actividad. Entre los reclamos figuran:
La promulgación de una normativa clara que regule las aplicaciones de transporte y delivery, con exigencias de registro obligatorio de conductores, verificación de antecedentes penales y de tránsito, control técnico de los vehículos y seguro vigente.
La creación de un registro público de las aplicaciones y unidades habilitadas, de modo que los usuarios puedan saber a quién contratan.
La conformación de un órgano municipal de fiscalización con facultades para inspeccionar, sancionar y clausurar servicios informales.
Campañas de prevención y concientización, especialmente orientadas a mujeres, adolescentes y colectivos vulnerables, que informen sobre los riesgos y los mecanismos de reclamo ante situaciones de abuso o violencia.
Un sistema de reparación y acompañamiento institucional para víctimas de delitos cometidos en el marco de estos servicios, con patrocinio jurídico gratuito y seguimiento de los casos.
Zerpa subrayó que el objetivo de estas medidas no es restringir la tecnología, sino “garantizar que la innovación no se convierta en una excusa para el descontrol”.
“El Estado municipal tiene la obligación de proteger la vida y la seguridad de las personas, no puede mirar para otro lado”, afirmó.
Falta de estadísticas
La cooperativa también cuestionó la ausencia de estadísticas oficiales sobre los servicios de transporte mediante apps en la capital chaqueña. Según la organización, el municipio no dispone de datos sobre cuántos conductores operan, cuántos vehículos circulan o qué empresas intermedian en la oferta del servicio.“La carencia de datos impide identificar patrones de riesgo y adoptar medidas preventivas”, señaló Zerpa, quien insistió en que “sin información pública no hay políticas públicas posibles”.
En la misma línea, pidió que se transparenten las relaciones entre las plataformas privadas y las autoridades locales, y que se establezca un mecanismo de rendición de cuentas sobre la habilitación de servicios que hoy operan sin control.
Un problema estructural
El comunicado difundido por la cooperativa vinculó el problema de la falta de regulación con una crisis más amplia en la movilidad urbana y el empleo informal. “Las plataformas digitales se aprovechan del vacío normativo para precarizar el trabajo y eludir las responsabilidades laborales, tributarias y de seguridad”, advirtieron.
Según la entidad, la expansión descontrolada de estas aplicaciones está generando competencia desleal, evasión fiscal y degradación de las condiciones laborales en un sector que históricamente se caracterizó por su organización cooperativa y su cercanía con la comunidad. “Mientras los motomandados cooperativizados cumplen con las normas, pagan seguros, aportes y controles, otros operan sin registro ni fiscalización”, afirmaron.
Zerpa consideró que “el municipio debería ser el primero en defender el trabajo local y regulado, en lugar de permitir que plataformas externas se enriquezcan sin aportar nada a la economía de la ciudad”. Para la cooperativa, la desprotección actual no solo pone en riesgo a los usuarios, sino que erosiona la estructura productiva de Resistencia y agrava la exclusión social.
Llamado urgente
a la acción
En su declaración final, la Cooperativa de Motomandados sostuvo que la protección del derecho a una movilidad segura no puede depender “del azar ni del buen criterio individual de cada conductor o aplicación”. Subrayó que el Estado municipal tiene la obligación indelegable de garantizar que todo servicio de transporte opere bajo estándares mínimos de seguridad, transparencia y control.“La omisión de esa obligación no es una cuestión técnica, sino un factor que expone a la ciudadanía a riesgos de violencia sexual, explotación y vulneraciones graves de derechos humanos”, señalaron.