Desde este sábado 1° de noviembre, el Gobierno pone en marcha la “normalización” del mercado eléctrico, un proceso comprometido con el FMI que combina recortes de subsidios y cambios estructurales en la forma en que se genera, distribuye y se cobra la energía en el país.
La medida implica que los hogares residenciales pasarán a cubrir en promedio el 67% del costo mayorista de la electricidad, frente al 44% que abonaban en 2024. Los hogares de ingresos altos pagarán la tarifa plena, los de ingresos medios el 67% y los de ingresos bajos el 43%, mientras que la mayoría de los subsidios serán eliminados, salvo los destinados a las llamadas “zonas frías”. Según el Gobierno, el objetivo es reducir el costo fiscal del esquema energético y avanzar hacia precios más reales y competencia privada.
La resolución 400/2025 formaliza la desregulación del Mercado Eléctrico Mayorista (MEM), incorporando un esquema de precios marginales que busca eliminar distorsiones generadas por la intervención estatal. Además, se creará un mercado a término para energía y potencia, donde generadores, distribuidoras y grandes usuarios podrán negociar contratos de manera directa. Cada generador térmico deberá abastecerse por su cuenta, mientras Cammesa mantendrá su rol de despacho y proveedor de última instancia.
El plan incluye también al gas: se respetarán los contratos vigentes hasta 2028, pero se avanzará hacia un mercado competitivo y autosuficiente, con mayor participación privada y libertad de elección para grandes usuarios y distribuidoras. La secretaria de Energía, María Tettamanti, afirmó que la transformación dependerá de la estabilidad macroeconómica, y advirtió que sin disciplina fiscal y cambiaria “no hay política pública que funcione”.
El sector privado coincide en que la competencia puede traducirse en mejores precios a mediano plazo, aunque advierte que habrá un período de transición con costos más altos. También se proyecta una licitación de 1.100 millones de dólares para ampliar la red de transmisión eléctrica, inicialmente enfocada en el AMBA, con financiamiento privado y recuperación vía tarifas futuras.
Funcionarios y empresas alertan que el próximo verano podría ser complejo en términos de oferta y demanda. Para mitigar riesgos, el Gobierno contempla pagar a grandes usuarios para que reduzcan consumo en picos o aporten energía con generadores propios, buscando garantizar el suministro mientras se consolida el nuevo esquema.