La Unión Tranviarios Automotor (UTA) seccional Chaco rechazó la decisión de la empresa ERSA de aplicar una reducción de personal que afectaría a más de cincuenta trabajadores del sistema de transporte urbano de Resistencia. La medida fue comunicada formalmente el pasado 28 de octubre, y según detalló el secretario general del gremio, Raúl Abraham, “la empresa notificó que a partir del 3 de noviembre comenzaría con un proceso de suspensión de choferes y personal operativo bajo el marco del procedimiento preventivo de crisis”.
En diálogo con radio Libertad, Abraham explicó que ERSA presentó una nota informando su decisión de reducir entre un 20 y un 25 por ciento de su plantilla laboral, compuesta por alrededor de 260 empleados. “Nosotros recibimos el día 28 un escrito donde la empresa comunicó que posiblemente a partir del día 3 iba a realizar reducción de personal, siguiendo los pasos del procedimiento preventivo de crisis que permite suspensiones con el 50% del salario”, relató el dirigente sindical.
Ajuste sobre los trabajadores
El secretario general de la UTA Chaco sostuvo que el gremio respondió de inmediato a la notificación empresarial, dejando en claro su rechazo a cualquier medida que implique recorte de personal o de haberes. “Le contestamos a la empresa diciendo que no vamos a aceptar. No siempre la variante tiene que ser el ajuste sobre el trabajador, más aún con la situación económica que se vive hoy. El salario no alcanza ni para el día 15 o 20; imagínese cobrando el 50 por ciento, no le sirve absolutamente para nada a la economía del hogar”, remarcó Abraham.
El dirigente indicó que los choferes se encuentran en estado de alerta y asamblea permanente. “Los muchachos ya están decididos a jugarse la vida en este tema, porque no quieren perder todo lo que construyeron durante años. Lógicamente esto causa un dolor tremendo, no solo para el trabajador sino principalmente para la familia”, afirmó.
Abraham aclaró que la UTA no permitirá despidos ni suspensiones sin el pago del salario completo, y que agotará todas las instancias legales para defender los derechos del personal. “Vamos a pelear y a luchar hasta el último, todo dentro del marco legal. Vamos a hacer todo lo que la ley permita, esperando ver qué resuelve la empresa y tratando de revertir esta situación”.
Faintervención estatal
El gremialista también cuestionó la pasividad de los organismos oficiales ante la crisis del transporte público. “Hasta ahora no hay intervención del Ministerio de Trabajo de la Nación ni de la Dirección Provincial del Trabajo, ni del propio gobierno. Podrían haber intervenido para encontrar un equilibrio entre las partes, ver cómo se puede solucionar, porque el problema afecta a todos”, consiideró .
Abraham vinculó la situación actual con la eliminación del Fondo Compensador del Transporte, un subsidio nacional que, según explicó, fue retirado a partir de 2024 y que servía para sostener los costos operativos de las empresas.
“Todo comienza cuando se produce la quita del Fondo Compensador, que era un subsidio del Gobierno Nacional. Después la provincia tampoco hace los aportes como antes, cambian la modalidad de entrega y dejan de hacerlo por trabajador para hacerlo por uso”, explicó.
El sindicalista argumentó que este cambio perjudicó gravemente al sistema: “Cuando el pasaje estaba a 750 pesos, luego pasó a 1150 y hoy a 1300, la gente dejó de viajar porque no tiene trabajo. Sabemos la desocupación que existe y que los salarios están en la línea de pobreza. Esto castiga no solo a los trabajadores del transporte sino a toda la comunidad usuaria”.
Un sistema en crisis
ERSA, una de las principales concesionarias del transporte urbano de Resistencia, ya había advertido al gobierno provincial que podría retirarse del servicio en diciembre si no se modificaba el esquema de subsidios. “La empresa le comunicó directamente al gobernador exponiendo su situación por el tema de los subsidios. Dijeron que con los fondos que les deben podrían sostener el sistema, pero no tuvieron ninguna respuesta”, recordó Abraham.
Para el dirigente, la empresa actúa dentro de una lógica empresarial: “Yo creo que van a hacer lo que cualquier empresario hace. El que invierte lo hace para ganar, no para perder. Y si no tiene rentabilidad, levanta todo y se va. El problema es que el que paga las consecuencias es el trabajador, que termina engrosando la triste lista de desocupados”.
El conflicto se produce en un contexto de tensión acumulada en el sector del transporte urbano, que en los últimos meses enfrentó demoras en los pagos salariales, falta de insumos y una fuerte caída en la demanda de pasajeros.
“Esto es una bomba de tiempo, en cualquier momento puede explotar y no sabemos lo que va a pasar”, advirtió el sindicalista.
Salarios e incertidumbre
Al ser consultado sobre el pago de haberes correspondientes a octubre, Abraham reconoció que no había certezas sobre la fecha de cobro. “Tampoco tenemos respuesta Nosotros siempre esperamos que se cumpla el cuarto día hábil, como marca la ley. Y de lo contrario, si no hacen frente a los salarios, al otro día estamos como siempre haciendo la medida de acción sindical que consideremos más conveniente”, dijo.
El dirigente señaló que la UTA no descarta medidas de fuerza si la empresa no abona los sueldos en término o si avanza con suspensiones sin acuerdo. “Nosotros apostamos al diálogo, pero no podemos quedarnos quietos si se vulneran los derechos laborales”, aseguró.
El trasfondo económico
Fuentes del sector explican que el retiro del Fondo Compensador generó un fuerte desfinanciamiento en las empresas de transporte del interior del país, que pasaron a depender casi exclusivamente de los aportes provinciales y del precio del boleto. En el caso de Chaco, el subsidio nacional representaba más del 40% de los ingresos operativos de las líneas urbanas, lo que hacía posible sostener las tarifas sin trasladar la totalidad de los costos a los usuarios.
Con la quita de esos recursos, las empresas comenzaron a acumular deudas, a retrasar pagos de cargas sociales y a reclamar aumentos tarifarios. En ese marco, ERSA presentó un procedimiento preventivo de crisis que le permite suspender trabajadores con el 50% del salario, aunque esta posibilidad depende de la homologación del Ministerio de Trabajo.
Abraham reiteró que el gremio “no avalará ninguna suspensión con rebaja de sueldo”, y apuntó contra las autoridades nacionales y provinciales por no garantizar el sostenimiento del transporte público. “Si no se pone la mirada sobre el sistema, esto va a terminar colapsando. Y no solo se van a quedar sin trabajo los choferes, también la gente se va a quedar sin colectivos”, advirtió.
Un conflicto con
impacto social
La situación preocupa también por sus implicancias sociales. En Resistencia, el transporte urbano es el principal medio de movilidad para miles de trabajadores, estudiantes y jubilados. Cualquier interrupción del servicio afecta de forma directa la economía familiar y la conectividad de los barrios periféricos.“Acá el problema no es solo de los trabajadores de ERSA , sino de toda la población que necesita trasladarse. Si la empresa levanta el servicio, ¿quién se hace cargo? El Estado tiene que garantizar el transporte como un servicio público esencial”, remarcó Abraham.
El sindicalista pidió “madurez y compromiso” a las autoridades para evitar un colapso del sistema. “Esto no se arregla con parches. Hace falta una política seria de transporte que contemple subsidios, control y tarifas razonables. Hoy el boleto es caro y el servicio está cada vez peor”, sostuvo.
“Vamos a resistir
hasta el final”
Pese al clima de incertidumbre, Abraham transmitió un mensaje de firmeza a los trabajadores: “Nosotros decimos que no vamos a permitir. Vamos a pelear, a luchar hasta lo último, todo dentro del marco legal. Vamos a resistir hasta el final porque lo que está en juego no es solo el salario, sino la dignidad de cada compañero”.
El secretario general de la UTA Chaco reiteró que el gremio mantiene un canal abierto de diálogo con ERSA, pero insistió en que “no hay margen para aceptar despidos o rebajas salariales”. También anticipó que en los próximos días convocará a una reunión ampliada con delegados de base para definir los pasos a seguir.