El fiscal federal Federico Carniel solicitó duras penas para los ocho acusados en el juicio por lavado de activos y defraudación al Estado Nacional que involucra al ex mano derecha de Lorenzo Heffner en Villa Río Bermejito, José Héctor Hipperdinger, junto a su familia y allegados.
Según el alegato presentado ante el Tribunal Oral Federal de Resistencia, el fiscal sostuvo que los imputados integraron una organización ilícita estable y permanente dedicada a apropiarse de fondos nacionales destinados a la construcción de viviendas y obras públicas en distintas localidades chaqueñas, principalmente en Villa Río Bermejito.
De acuerdo con la acusación, entre los años 2011 y 2016 los integrantes del grupo habrían implementado un circuito irregular de adjudicación, ejecución y pago de los Programas Federales de Integración Socio Comunitaria y de Viviendas y Mejoramiento del Hábitat de Pueblos Originarios y Rurales, con el objetivo de desviar fondos públicos.
“El dinero que debía destinarse a las comunidades más necesitadas fue incorporado al patrimonio personal y empresarial de los acusados mediante maniobras de lavado”, expresó Carniel durante su alegato final.
Las penas solicitadas
El fiscal pidió 15 años de prisión para José Héctor Hipperdinger, en calidad de organizador de la asociación ilícita, por los delitos de negociaciones incompatibles con la función pública, enriquecimiento ilícito, malversación de caudales públicos, incumplimiento de deberes de funcionario público, defraudación a la administración pública y lavado de activos agravado.
También solicitó:
- 13 años de prisión para su hijo Adrián Héctor Hipperdinger y su esposa Rosana Giménez.
- 8 años de prisión para su primo Rolando Hipperdinger y David Ricardo Lezcano, sobrino político.
- 3 años de prisión en suspenso para Silvia Natalia y Adriana Alejandra Hipperdinger (hijas del exintendente) y Nancy Beatriz Giménez, cuñada del principal acusado.
Carniel consideró que no corresponden atenuantes y destacó como agravantes “la magnitud de los fondos involucrados, el método empleado y el desprecio por los recursos públicos en una provincia con profundas necesidades sociales”.
Decomiso de bienes
Además, el fiscal solicitó el decomiso de los bienes utilizados para el lavado de activos, recordando que por resolución de la Cámara Federal de Apelaciones de Resistencia, ratificada por Casación, el 50% del dinero recuperado deberá destinarse a fines sociales.
