Los diputados Nancy Sand, Juan Manuel Pedrini, Eduardo Toniolli, Blanca Osuna, Carlos Castagneto, Daniel Gollán, Jorge Antonio Romero, Hilda Aguirre, Ricardo Herrera, Victoria Tolosa Paz, Jorge Neri Araujo Hernández, José Gómez, Carolina Yutrovic, Carolina Gaillard y Gustavo Carlos Miguel González presentaron un proyecto para declarar ilegítima la Audiencia Pública realizada el 3 de noviembre pasado sobre la Vía Navegable Troncal.
La iniciativa busca que la Cámara de Diputados se pronuncie respecto del proceso impulsado por la Agencia Nacional de Puertos y Navegación en el marco del nuevo llamado a licitación para obras de dragado, mantenimiento y señalización del corredor fluvial.
El planteo legislativo sostiene que la Audiencia Pública convocada por la Agencia Nacional de Puertos y Navegación mediante la Resolución 48/2025 careció de los requisitos esenciales establecidos por la Ley General del Ambiente y el Acuerdo de Escazú. Los diputados afirman que la instancia participativa no contó con un Estudio de Impacto Ambiental, pieza fundamental para evaluar las implicancias de las obras proyectadas sobre el sistema fluvial. Por este motivo, reclaman que la audiencia sea declarada ilegítima y carente de validez para respaldar cualquier avance en el proceso licitatorio.
CUESTIONAMIENTOS
Los legisladores remarcan que la documentación publicada por el organismo convocante no constituía un estudio ambiental específico, sino informes de gestión sin carácter técnico suficiente. A su entender, esto vulneró el derecho ciudadano de acceder a información adecuada y completa antes de participar en un proceso de consulta pública. Aseguran que la ausencia de estudios detallados impidió evaluar potenciales impactos sobre el ambiente, las comunidades ribereñas y las actividades económicas vinculadas a la Vía Navegable Troncal.
MARCO LEGAL
Y OBLIGACIONES
INCUMPLIDAS
El proyecto destaca que la Ley General del Ambiente establece la obligatoriedad de someter toda obra susceptible de modificar el ambiente a una evaluación técnica previa. También recuerda que el Acuerdo de Escazú garantiza el acceso a la información ambiental y la participación social en decisiones que afecten ecosistemas naturales. Según los diputados, la audiencia no cumplió con ninguno de estos principios, lo que compromete la legitimidad del procedimiento y contraviene mandatos constitucionales y legales.
La iniciativa solicita que, antes de avanzar con cualquier proceso licitatorio, la autoridad portuaria nacional presente los estudios de impacto ambiental correspondientes, los someta a la revisión de las autoridades competentes y convoque una nueva audiencia conforme a los estándares legales. Los firmantes argumentan que las decisiones relacionadas con dragado, señalización y mantenimiento del sistema fluvial deben basarse en análisis rigurosos que consideren efectos ecológicos, hidrológicos y socioeconómicos.
Antecedentes
El planteo recuerda que la licitación anterior para la concesión de la Vía Navegable Troncal fue anulada por el Gobierno nacional debido a irregularidades detectadas y a la presentación de un único oferente. En ese contexto, la Agencia Nacional de Puertos y Navegación inició un nuevo proceso para renovar la infraestructura y el mantenimiento fluvial. Los diputados subrayan que, pese a esa reanudación, aún no existe un proyecto de obras definido, lo que impide elaborar un Estudio de Impacto Ambiental válido.
La ausencia de un proyecto ejecutivo detallado es uno de los puntos críticos señalados en el texto. Los legisladores sostienen que, sin información precisa sobre dragados, profundidades, zonas de trabajo y características técnicas, resulta inviable cualquier análisis ambiental serio. Esta omisión, según indican, invalida cualquier instancia participativa y genera un vacío de control sobre intervenciones de alto impacto en un corredor estratégico para el país.
Participación ciudadana
Los diputados remarcan que participantes de la audiencia denunciaron públicamente la falta de información y solicitaron su nulidad. Según el proyecto, la ciudadanía expresó «una sola voz» de rechazo al proceso por considerar que no garantizó un marco adecuado de participación ambiental. Los reclamos, agregan, se centraron en la inexistencia de estudios específicos y en la imposibilidad de conocer con precisión las obras previstas, lo que dejó sin sustento la finalidad misma de la audiencia.