La entrada en vigencia del sistema acusatorio en el Chaco, Formosa y Corrientes marcó un avance significativo en el proceso de modernización judicial impulsado a nivel federal. Desde ayer, el nuevo modelo procesal comenzó a regir en ambas circunscripciones, consolidando un esquema de investigación penal más ágil, transparente y centrado en la actuación del Ministerio Público Fiscal (MPF).
La puesta en marcha se realizó de manera simultánea en los distritos de Resistencia y Corrientes, donde autoridades nacionales, provinciales y judiciales participaron de actividades institucionales destinadas a presentar oficialmente el funcionamiento del Código Procesal Penal Federal.
El procurador general de la Nación interino, Eduardo Casal, encabezó las actividades oficiales en Resistencia, luego de haber dispuesto la semana pasada la creación de las Fiscalías de Distrito que administrarán la actuación del Ministerio Público Fiscal en las tres provincias involucradas.
Las nuevas estructuras institucionales abarcan una extensa región que comprende el Chaco, Formosa y Corrientes, fortaleciendo la presencia federal en un territorio con dinámicas complejas y diversos desafíos operativos.
Durante la presentación, Casal subrayó la importancia de coordinar esfuerzos entre las dependencias nacionales y locales para garantizar una implementación eficiente desde el primer día de funcionamiento.
La decisión administrativa que habilitó este proceso fue formalizada mediante las resoluciones PGN 60/2025 y PGN 61/2025, complementadas por la resolución 143/2025 del Ministerio de Justicia de la Nación, que determinó la aplicación del nuevo modelo desde el 1° de diciembre.
La medida forma parte de un despliegue gradual del sistema acusatorio en distintos puntos del país y responde a un plan federal de reorganización institucional que busca mejorar la respuesta penal en casos complejos y dinamizar las investigaciones. La implementación simultánea en dos distritos fue destacada por las autoridades como un hecho inédito dentro de la reorganización de la justicia federal.
ESTRUCTURA DEL MINISTERIO PÚBLICO FISCAL
Las nuevas fiscalías de Distrito fueron diseñadas para ejercer la representación del MPF en cada territorio con una estructura que combina unidades centralizadas y sedes descentralizadas. En el caso de Resistencia, la fiscalía tendrá a su cargo del Chaco y Formosa a través de dos unidades fiscales radicadas en las capitales provinciales y una Sede Fiscal Descentralizada ubicada en Sáenz Peña.
Con esta distribución, se busca optimizar la cobertura territorial, facilitar el acceso a la justicia y mejorar los tiempos de intervención en los casos federales.
En Corrientes, la Fiscalía de Distrito se conformará mediante una unidad fiscal radicada en la ciudad capital y dos sedes fiscales descentralizadas situadas en Goya y Paso de los Libres.
Este esquema procura reforzar la presencia federal en puntos estratégicos del territorio correntino, especialmente en zonas donde convergen actividades económicas relevantes y dinámicas transfronterizas.
La integración de estas sedes permitirá que los fiscales dispongan de mayor proximidad respecto de los hechos investigados y puedan intervenir con mayor celeridad ante situaciones que requieran acciones inmediatas.
Con la incorporación de Resistencia y Corrientes, el sistema acusatorio ya se encuentra operativo en nueve jurisdicciones federales, lo que incluye un total de quince provincias y una amplia zona del territorio bonaerense.
Las restantes fiscalías de Distrito habilitadas en los últimos años son Salta, Rosario, Mendoza, General Roca, Comodoro Rivadavia, Mar del Plata y Bahía Blanca.
Este despliegue progresivo evidencia el objetivo de conformar un esquema federal unificado, capaz de responder con mayor eficiencia en una diversidad de contextos territoriales.
Coordinación
Previo al acto principal, el procurador Casal realizó una recorrida por las dependencias del Ministerio Público Fiscal (MPF) que integran la nueva estructura de distrito en Resistencia.
Durante la visita, mantuvo reuniones de trabajo con los fiscales generales designados para coordinar las jurisdicciones, Federico Martín Carniel en Resistencia y Carlos Schaefer en Corrientes. También participaron fiscales, funcionarios y equipos técnicos que tendrán a su cargo la implementación cotidiana del nuevo modelo procesal.
El objetivo central fue verificar en terreno las capacidades operativas y fortalecer los mecanismos de coordinación institucional entre las oficinas.
El procurador estuvo acompañado por los secretarios de Coordinación Institucional y de Disciplinaria y Técnica, Juan Manuel Olima Espel y Juan Manuel Casanovas, quienes además cumplen funciones como cotitulares de la Unidad Especial Estratégica para la Implementación del Sistema Procesal Penal Acusatorio.
A ellos se sumó la subdirectora de la Secretaría de Coordinación Institucional, Teresa Bertotto. Estas autoridades desempeñan un rol clave en el proceso de transición, asegurando que cada fiscalía cuente con las herramientas necesarias para operar según las exigencias del nuevo código.
Además, diversos funcionarios de la Unidad Especial Estratégica se trasladaron especialmente a las provincias para asistir a los fiscales durante los primeros días de funcionamiento del sistema. La coordinadora, Mercedes Moguilansky, se instaló en Resistencia, mientras que María Sol Citate y Gustavo Plat acompañaron a las jurisdicciones de Corrientes y Formosa, respectivamente.
También viajó el titular de la Dirección General de Desempeño Institucional, Nicolás Fondevila Sancet, con el propósito de monitorear la capacidad operativa y evaluar el desempeño inicial de las unidades fiscales en el nuevo esquema.
Acto oficial
Por la tarde tuvo lugar el acto central en la Casa de las Culturas de Resistencia, encabezado por el procurador Eduardo Casal; el ministro de Justicia de la Nación, Mariano Cúneo Libarona; y el presidente de la Cámara Federal de Casación Penal, el juez Daniel Petrone.
El evento fue organizado por el Consejo Asesor Interinstitucional para la Reforma Procesal Penal, creado por la Ley 27.150, y reunió a representantes de las áreas clave del sistema judicial federal.
La convocatoria buscó poner en común las líneas de trabajo que acompañarán la implementación del modelo acusatorio y destacar la articulación entre los distintos niveles del sistema.
Entre los oradores se encontraron la presidenta de la Cámara Federal de Apelaciones de Resistencia, Rocío Alcalá; el presidente de la Cámara Federal de Corrientes, Ramón Luis González; el consejero de la Magistratura de la Nación y juez de la Cámara Federal de Casación Penal, Diego Barroetaveña; el presidente de la Asociación de Magistrados y Funcionarios de la Justicia Nacional, Andrés Basso; y el director nacional de Prevención del Delito y las Violencias del Ministerio de Seguridad, Germán Pugnaloni.
La presencia de estas autoridades reflejó el compromiso interinstitucional con el proceso de reforma.
Durante su exposición, el procurador Casal destacó que el Código Procesal Penal Federal ya se encuentra operativo en nueve de los dieciséis distritos del país y subrayó la importancia de que en esta oportunidad el sistema se implemente de manera simultánea en dos jurisdicciones.
El funcionario enfatizó que «las bondades del sistema acusatorio son claras e involucran para el Ministerio Público Fiscal importantes desafíos que tenemos que superar para alcanzar las condiciones mínimas que garanticen su eficacia», marcando las responsabilidades institucionales de la nueva etapa.