La versión final de la reforma laboral incorporó a la recolección de residuos como servicio esencial, lo que obligará a garantizar un 75% de actividad durante las huelgas. El cambio limita la capacidad de presión del gremio de Moyano y se suma a nuevas sanciones por bloqueos sindicales.
El Gobierno nacional introdujo un agregado clave en la versión final de la reforma laboral que podría modificar el escenario de los conflictos gremiales en uno de los sectores más sensibles del Sindicato de Camioneros. La iniciativa incorpora a la recolección de residuos dentro del listado de servicios esenciales, lo que obligará a garantizar un 75% de prestación mínima durante las huelgas.
Si el proyecto se aprueba sin modificaciones, esta incorporación limitará fuertemente la capacidad de presión del gremio que conducen Hugo y Pablo Moyano, ya que la recolección de basura suele ser uno de los ejes estratégicos de sus medidas de fuerza y uno de los que tiene mayor impacto urbano y sanitario.
El texto final también recupera disposiciones del DNU 70 y del decreto 340 —ambos frenados por la Justicia— que reglamentaban el derecho de huelga en servicios clave como transporte, educación y salud. Ese capítulo es uno de los más cuestionados por la CGT, pero el Gobierno avanzó igual con una redacción que endurece las obligaciones durante los paros.
La reforma plantea que los servicios esenciales deberán garantizar un 75% de su funcionamiento y las actividades “de importancia trascendental”, un 50%. Con esta modificación, el listado de servicios esenciales queda conformado por: salud, transporte de medicamentos, distribución de agua, gas y energía, telecomunicaciones, servicios portuarios y aeronáuticos, aduanas y migraciones, educación inicial y escolar, transporte marítimo y fluvial, y ahora también la recolección de residuos.
Hasta ahora, pese a su relevancia diaria, la actividad no estaba contemplada entre los servicios esenciales ni entre los trascendentales, lo que daba a Camioneros un margen de acción mucho más amplio. La incorporación busca evitar situaciones recurrentes: montañas de basura acumulada en las calles cuando el gremio se suma a protestas nacionales o realiza medidas propias.
Penalizaciones más duras para bloqueos sindicales
El cambio no es el único punto que tensiona la relación con Moyano. La reforma laboral también incorpora sanciones más severas a los bloqueos y tomas de establecimientos, una práctica que históricamente ha generado fuertes disputas entre empresas y el sindicato.
El proyecto considera una infracción “muy grave” provocar, instar u organizar un bloqueo, lo que habilita sanciones directas a las conducciones sindicales y no sólo a quienes ejecutan la acción. Se trata de un cambio sustancial respecto de la normativa actual, que solo refiere a “provocar”, y que se suma a lo ya aprobado en la Ley Bases, donde los bloqueos fueron calificados como “injuria grave”, justificando despidos.
Con estas modificaciones, el Gobierno endurece el marco regulatorio sobre los gremios y, en particular, sobre Camioneros, un actor clave del sistema sindical argentino. Mientras la CGT analiza los próximos pasos, el oficialismo apuesta a consolidar un esquema laboral con menos margen para los paros totales y más herramientas legales para acotar protestas que interrumpan la actividad económica.