Las cámaras empresarias del sector mercantil y la Federación Argentina de Empleados de Comercio y Servicios (FAECyS) firmaron un nuevo acuerdo paritario que estableció sumas fijas no remunerativas y garantizó una instancia de revisión salarial en marzo de 2026.
El convenio tendrá vigencia desde el 1 de julio de 2025 hasta el 30 de abril de 2026 y alcanza a más de 1,2 millones de trabajadores, por lo que es considerado el más grande del país.
El acuerdo dispone una suma fija no remunerativa de $60.000 en carácter de recomposición, a pagarse mensualmente entre diciembre y marzo. Cada una se extingue con su pago, salvo la correspondiente a marzo de 2026, que se incorporará a los salarios básicos en abril. Además, las partes prorrogaron hasta marzo de 2026 la suma fija no remunerativa de $40.000, vigente desde junio de 2025.
El entendimiento fue suscripto por la Cámara Argentina de Comercio y Servicios (CAC), la Confederación Argentina de la Mediana Empresa (CAME), la Unión de Entidades Comerciales Argentinas (UDECA) y FAECyS. También aclaró que los incrementos no serán obligatorios para los convenios salariales específicos del ámbito de Río Grande, Tierra del Fuego, aunque constituirán el piso convencional tras la homologación.
Críticas de los mayoristas
La firma del acuerdo reavivó tensiones con el sector mayorista, representado por CADAM, que volvió a cuestionar los aportes obligatorios que acompañan cada incremento salarial. Para la entidad, estas cargas generan un “encarecimiento artificial” del costo laboral y reducen la competitividad de un sector que atraviesa un contexto económico complejo.“No nos sentimos representados, nos pasan la cuenta de una mesa de la que no formamos parte”, respondieron desde CADAM, al tiempo que insistieron en que la estructura de aportes “penaliza” especialmente a pymes y comercios con altos niveles de informalidad inducida por la presión de costos.“El aporte más cuestionado es el que corresponde al Instituto Argentino de Capacitación Profesional (INACAP), equivalente al 0,5% del salario de la categoría Maestranza A por cada trabajador. Según denunciaron los mayoristas, este aporte se redistribuye en su mayor parte entre la CAC y CAME bajo la figura de programas de capacitación y fortalecimiento institucional. “Basta de esconderse detrás de un recibo de sueldo o un ticket de venta”, expresaron desde la entidad, y propusieron que esos fondos se integren directamente al salario del trabajador.
El impacto del DNU
El debate tomó mayor relieve tras la entrada en vigencia del Decreto 149/2025, impulsado por el ministro de Desregulación y Transformación del Estado, Federico Sturzenegger. La norma prohíbe que los convenios colectivos impongan aportes obligatorios a cámaras o asociaciones empresarias cuando los empleadores no sean afiliados, salvo aceptación voluntaria, la cual puede ser revocada en cualquier momento mediante una simple notificación. Sin embargo, INACAP obtuvo una medida cautelar que lo exceptuó de esta prohibición, argumentando que se trata de un instituto independiente no alcanzado por la medida. En ese marco judicial, INACAP declaró que recauda más de $30.000 millones anuales, lo que reactivó los cuestionamientos empresariales sobre la legitimidad y el destino de esos recursos.
Para CADAM, la cautelar representa un retroceso. Aseguran que la continuidad del aporte “distorsiona” el objetivo del decreto y mantiene un esquema de financiamiento que califican como “forzado”. Además, insistieron en la necesidad de participar de la mesa paritaria. “No entendemos por qué el secretario de Trabajo no nos deja sentar en la negociación”, señalaron.
Otros aportes
bajo la lupa
El sector mayorista también cuestionó otros aportes asociados al convenio mercantil. Uno de ellos es el correspondiente al seguro complementario de retiro La Estrella, que desde junio de 2025 representa el 1,6% del salario del trabajador. Este seguro, obligatorio en la actividad, aumenta automáticamente con cada suba salarial, generando un impacto adicional en los costos empresariales.
Asimismo, persiste la Contribución Solidaria COVID-19 destinada a la obra social OSECAC, vigente desde abril de 2021. Aunque la emergencia sanitaria finalizó y muchos trabajadores optaron por otras obras sociales, la contribución continúa activa. Para CADAM, su mantenimiento “carece de sentido sanitario y financiero”.
La entidad sostiene que la sumatoria de estos aportes incrementa de manera sostenida los costos laborales y que muchos de ellos no se traducen en beneficios directos para los trabajadores. Según su posición, el peso de estas contribuciones promueve la informalidad y reduce la competitividad del comercio formal.
instancia
de revisión
Si bien las cámaras que firmaron el convenio no respondieron públicamente a las críticas, en ocasiones anteriores sostuvieron que la estructura del convenio mercantil contempla un equilibrio entre recomposición salarial, sostenibilidad del empleo y financiamiento de sistemas de capacitación y previsión complementaria.
El acuerdo incluyó una cláusula de revisión en marzo de 2026, en la que las partes evaluarán la evolución económica y podrán ajustar las sumas fijadas si la inflación o el deterioro del consumo lo exigen. Para el sector sindical, esta cláusula es clave para sostener el poder adquisitivo. Para los empleadores críticos, sin embargo, representa la posibilidad de nuevos incrementos que también elevarían los aportes obligatorios.
La actividad comercial atraviesa un escenario de incertidumbre, marcado por fluctuaciones en el consumo, inflación persistente y un fuerte debate nacional sobre reformas laborales. En este contexto, las sumas fijas acordadas operan como una herramienta de alivio temporal, aunque su naturaleza no remunerativa limita su incidencia en conceptos como aguinaldo, antigüedad y aportes jubilatorios.