Ricardo Ariel Osuna, detenido en el marco de una investigación por supuesto abigeato, inició ayer una huelga de hambre mientras se encuentra alojado en la comisaría Cuarta Metropolitana de Resistencia.
La situación fue informada oficialmente por la Fiscalía de Investigación Rural y Ambiental, que indicó que el interno manifestó su decisión de no ingerir alimentos ni su medicación habitual hasta que se resuelva su situación procesal.
El abogado detenido por abigeato presentó un escrito donde responsabilizó a la fiscal por su estado de salud. La fiscala Noelia Miño aseguró que el interno se encuentra en buen estado y que recibe la medicación indicada.
Según el parte policial, Osuna se encuentra bajo tratamiento por presión arterial y colesterol, aunque se negó a consumir los fármacos de manera voluntaria.
A través de un escrito presentado ante las autoridades, el propio Osuna explicó los motivos de su medida y afirmó: «Desde el día de la fecha inicio una huelga de hambre hasta que se resuelva mi libertad en autos». En el mismo texto sostuvo que las diligencias pendientes ya se realizaron y que los allanamientos efectuados en parajes rurales tuvieron resultado negativo.
«Estoy detenido injustamente», expresó también en la carta, en la que responsabilizó a la fiscal interviniente por cualquier consecuencia que pudiera derivarse de su estado de salud.
La defensa del abogado también cuestionó la continuidad de la detención. Su abogada, Gabriela Tomljenovic, sostuvo que la situación carece de fundamentos y afirmó: «Habría que preguntarle a la fiscal hasta cuándo quiere seguir con esta payasada».
Además, Osuna mencionó en su presentación cuestiones familiares y personales para reforzar el pedido de libertad, señalando que su permanencia detenido le impediría acompañar a sus hijas en actos académicos importantes.
Por su parte, la fiscala rural y ambiental Noelia Miño respondió a las acusaciones y negó que el detenido no reciba la medicación correspondiente. «Acá él está bien, no se quejan las condiciones de detención, evidentemente son cuestiones personales», manifestó.
También aseguró que consultó con el comisario a cargo de la dependencia y remarcó: «En horas tempranas hablé con el comisario y no, no es así».
Finalmente, explicó que la fiscalía cuenta con un plazo legal de diez días hábiles para definir la situación procesal del imputado, mientras la causa continúa con la recepción de testimoniales pendientes.
